Biometrópolis, en la congeladora

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Biometropolis

Un litigio por la propiedad de Los Encinos mantiene en la congeladora al proyecto más ambicioso del gobierno del Distrito Federal: Ciudad del Conocimiento, campus Biometrópolis. Pese a que Miguel Ángel Mancera pretende concretar el megaproyecto iniciado por Marcelo Ebrard Casaubón, un juicio de más de 30 años lo impide. Las secretarías capitalinas se deslindan del conflicto entre inmobiliarias, pequeños propietarios y comuneros.

Los Encinos, terreno de 71 hectáreas donde el gobierno de la Ciudad de México pretende construir la Ciudad del Conocimiento, campus Biometrópolis, está bajo litigio. Pequeños propietarios y comuneros llevan más de 30 años en querellas judiciales contra la empresa Grupo Frisa, de los hermanos Alberto, Gaspar y Alejandro Rivera Torres Prado.

Sin resolución legal, uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno del Distrito Federal, cuyo costo asciende a los 23 mil 256 millones de pesos, se encuentra en la congeladora y al borde de ser desechado.

A decir de los demandantes, la batalla jurídica de al menos 3 decenios se agudizó cuando, en 2001, se transmitió el dominio del terreno a la Inmobiliaria El Encino, SA de CV –también de los hermanos Rivera Torres– y se extinguió el fideicomiso que controlaba el predio, como consta en el instrumento notarial 111,364 con el que se inscribió el terreno en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad.

Debido a su ubicación, colindancias y vialidades, Los Encinos posee un alto valor comercial y se encuentra en permanente asedio por empresarios y autoridades que buscan insistentemente y por la vía jurídica su urbanización.

Al predio, ubicado en la delegación Tlalpan, se puede acceder por Periférico Sur o la carretera Picacho-Ajusco. Es contiguo a Televisión Azteca, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Pedagógica Nacional, la editorial Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la unidad habitacional Emilio Portes Gil, comúnmente conocida como Pemex.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Inmobiliaria El Encino, SA de CV, y BBVA Bancomer Servicios, SA de CV, a la Secretaría del Medio Ambiente capitalina para la construcción de Biometrópolis, el predio se encuentra fraccionado y pertenece a las empresas Vistas del Pedregal, SA de CV; Inmobiliaria El Encino, SA; Desarrollos Modernos del Sur, SA; Hermanos Rivera Torres, e Inmobiliaria y Constructora Géminis, SA de CV.

Las empresas, a través del Convenio de Concertación para la Creación del Campus Biometrópolis –pactado entre el Gobierno del Distrito Federal y los supuestos propietarios del predio–, reconocen que el terreno Los Encinos ha sido objeto de procedimientos judiciales y administrativos relativos a su titularidad y aseguran contar con los documentos y certificados que acreditan su “legítima y plena propiedad de los predios”.

No obstante que en la cuarta cláusula del Convenio de Concertación, “Permisos y vialidades; incentivos fiscales”, el Gobierno del Distrito Federal se compromete, a manera de incentivo para el desarrollo del campus Biometrópolis, a coadyuvar con la obtención expedita de permisos, licencias y autorizaciones que se requieran, una resolución judicial se lo impide.

La orden judicial bajo el número de expediente TUA353/2010 obliga al jefe de gobierno del Distrito Federal a suspender cualquier tipo de autorización, licencia, permiso y/o cualquier otro acto que haya otorgado o pretenda otorgar a Frisa, Inmobiliaria Frisa, SA, o a cualquier causahabiente de ella, sea persona física o moral, para desarrollar Biometrópolis.

El documento también ordena a Grupo Frisa que se abstenga de construir en el predio en litigio hasta en tanto se resuelva lo que en derecho procede. De no cumplir con dicha suspensión, se le impondrá una multa de hasta 120 días de salario mínimo vigente en la ciudad.

La sentencia, ratificada el 6 de marzo de 2013, se deriva de un juicio de restitución de propiedad promovido por la Comunidad Agraria de Magdalena Contreras ante el Tribunal Unitario Agrario.

(La información completa aparece publicada en el número 122 de Fortuna)