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En octubre del año pasado, cinco agencias federales del gobierno estadounidense coordinadas por la DEA emprendieron el Proyecto Python, definido como la iniciativa de más impacto producida por autoridades de Estados Unidos en contra del CJNG, “la amenaza criminal más significativa” en el vecino país del norte, según la información publicada por el organismo antinarcóticos. El Agente Especial a cargo es Kevin W. Carter, de la division de Miami de la DEA.
Como resultado de la Operación Python, la División de Miami ha presentado 15 denuncias, ya se incautaron unos 350 mil dólares, toneladas de cocaína y hasta marzo pasado se produjeron más de 600 arrestos en la Unión Americana.
Sobre la trascendencia de la operación, la DEA explicó:
“El CJNG es una de las organizaciones criminales transnacionales de más rápido crecimiento en México que se encuentra entre los fabricantes de metanfetamina más prolíficos a nivel mundial, el cual trafica un importante porcentaje de la droga que entra a Estados Unidos, y es responsable en buena parte por los elevados niveles de violencia en México.
“Con el abuso de la metanfetamina y el aumento en los fallecimientos por sobredosis, el Proyecto Python tiene como blanco perturbar la capacidad del CJNG para distribuir la metanfetamina y otras drogas a través de Estados Unidos al atacar a la organización en todos sus niveles”, establece el diagnóstico de la DEA para emprender Phyton.
En México, la UIF informó sobre el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); 167 empresas y dos fideicomisos.
La UIF señaló que se analizaron 2 mil 571 operaciones “inusuales”, por un total de 2 mil 951 millones de pesos así como 38 mil 459 reportes de operaciones “relevantes” por un monto de 11 mil 478 millones de pesos en la Ciudad de México así como en los estados de Jalisco, Michoacán, estado de México, Guanajuato, Baja California,Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro, Colima y Nuevo León. Sin embargo, al revisarse el procedimiento jurídico y al interponerse amparos, la UIF tuvo que descongelar cuentas a municipios del estado de Jalisco así como a algunas empresas que interpusieron recursos de suspensión contra la medida. La UIF ha descalificado ahora la actuación de los jueces que han dictado esas medidas.
Las cuentas que se desbloquearon fueron las de los municipios de El Grullo y Autlán de Navarro del estado de Jalisco. En el caso del presidente municipal de Autlán, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, y su hermana Bertha Alicia Iñiguez Brambila, directora del DIF municipal, sus cuentas personales no han sido bloqueadas, como anunció la UIF, pero ellos tramitaron a título personal los amparos 599/2020 y 600/2020 para evitar les congelen sus cuentas personales.
También de Jalisco, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar ya presentó demanda de amparo por el congelamiento de sus cuentas el pasado 16 de junio por parte de la UIF dentro del llamado operativo “Agave Azul”. De acuerdo a El Occidental, información del Consejo de la Judicatura Federal indica que de acuerdo al expediente 568/2020, dicha solicitud fue presentada el pasado 2 de julio y admitida. Otros tres hermanos del edil también solicitaron Amparo por el mismo motivo.
De acuerdo con juristas consultados, la jurisprudencia de la Suprema Corte señala claramente los límites y alcances de la UIF, lo que sólo en el caso del operativo Agave Azul pondría a salvo a la unidad hacendaria de no violentar la Constitución, siempre y cuando se confirme que el gobierno de Estados Unidos solicitó expresamente el bloqueo de cuento. Desde 2018, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su jurisprudencia 2a./J. 46 /2018 (10a.), en la cual estableció que el ejercicio de las facultades para bloquear cuentas que la Ley de Instituciones de Crédito dota a la UIF, es contraria al orden constitucional y sólo podrá hacerlo a petición expresa de un gobierno extranjero, dentro de un marco de obligación internacional.
Así, la operación de la UIF se enfrenta al escrutinio de juristas. Sin embargo, no es la primera vez que esta unidad hacendaria desarrolla un papel controversial.
Durnte el gobierno de Felipe Calderón se buscó desaparecer la UIF. En el gobierno de Enrique Peña Nieto el sitio de Internet de la UIF simplemente desapareció y su actividad disminuyó al mínimo posible.
En septiembre de 2019 una iniciativa presentada por legisladores de Movimiento Ciudadano propuso convertir a la UIF en un Centro Nacional de Inteligencia Financiera, un organismo descentralizado, con recursos propios y con facultades de perseguir delitos de lavado o terrorismo.
Esa iniciativa fue presentada el 5 de septiembre de 2019 por los emecistas Adriana Gabriela Medina Ortiz, Juan Francisco Ramírez Salcido, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Juan Martín Espinoza Cárdenas y Juan Carlos Villarreal Salazar todos ellos representantes del electores del estado de Jalisco.
El objetivo, argumentaron, era fortalecer a la UIF ante la gran carga de trabajo y el desafío que enfrenta ante el combate del crimen organizado analizando sus circuitos finanicieros. Información de la UIF establece que anualmente analiza al año 9.8 millones de reportes del sistema financiero por actividades relevantes cada una por más de 7 mil 500 dólares. Recibe anualmente más de 590 mil reportes de operaciones inusuales , donde se aportan los perfiles transaccionales de clientes. La UIF recide, además 5 millones 200 mil avisos del sector no financiero. Incluso, desarrolla modelos de riesgo para prevenir el lavado de dinero y evitar el financiamiento al terrorismo.
Hasta ahora, sin embargo, las facultades de la UIF no se han modificado legalmente y, en nombre del combate a la corrupción y al crimen organizado, aumenta sus atribuciones en la práctica.
En el Senado de la República, en la Comisión de Hacienda, se aprobó una iniciativa en la que se ampliaban los alcances jurídicos de la UIF al recursos de
extinción de dominio y se le dotaba de mayores capacidades. Sin embargo, Santiago Nieto asegura que un grupo de diputadas de Morena vinculadas a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, impusieron una reserva que fue votada también por la oposición, por el PAN y por el PRI, básicamente.
Claudia Villegas
