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Con base en una supuesta resolución de la Suprema Corte, residentes y propietarios del ejido Rodolfo Campodónico fueron desalojados con violencia en junio pasado. Apoyados por policías estatales y municipales, los “nuevos” dueños –quienes aseguran haber “vendido el conflicto” a Ricardo Mazón y Ricardo Bours Castelo– se posesionaron de 493 hectáreas ubicadas frente a una de las zonas de playa más exclusivas de Sonora y del país, cuyo valor supera los 180 millones de dólares.
Caborca, Sonora. Tierra agreste, alejada del glamour que hoy rodea a Puerto Peñasco; enormes extensiones de desierto olvidados por décadas por sus supuestos propietarios toman relevancia por su elevada plusvalía tasada en dólares y el potencial turístico detonado en la zona durante la administración de Eduardo Bours Castelo, el también empresario inmobiliario.
Kilómetros de litoral, bañados con las azules aguas del Golfo de California y cubiertos con tersa arena blanca, son el punto de conflicto entre los residentes y posesionarios del lugar por décadas y los supuestos propietarios, quienes durante años habrían olvidado sus terrenos en la costa norte de Sonora, donde autoridades estatales y empresarios pretenden crear el “Dubai mexicano”.
El pasado 21 de junio, 200 familias, residentes y posesionarias legales del ejido Rodolfo Campodónico –resolución presidencial 1991–, fueron desalojadas con violencia por agentes policiacos estatales y municipales, para dar posesión a la familia Robles Mendoza, que se ostenta como propietaria legítima al apelar a una supuesta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el lugar, desde hace 40 años, viven pescadores humildes con sus familias, luego de que el gobierno federal los dotara de dichos terrenos nacionales para formar un nuevo centro poblacional. Las 3 mil 828 hectáreas que conforman el ejido cuentan con 13 kilómetros de playa, de los cuales la familia Robles Mendoza dicen ser dueña de cuatro.
La franja costera conocida como Bahía San Jorge, único cuerpo certificado en Sonora por su orografía, se ubica frente a la zona más exclusiva del estado, concebida para atraer a los turistas estadunidenses. Allí se localizan los hoteles más importantes del lugar: Mayan Palace y Luna Blanca, así como el aeropuerto internacional de Puerto Peñasco.
Armados con toletes y macanas, los policías destruyeron todo lo que encontraron a su paso; golpearon a ancianos, niños, mujeres y hombres por igual, para dar cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte, que nunca presentaron físicamente.
Desde 2000, los ejidatarios enfrentan un pleito legal con la familia Robles Mendoza, que se atribuye la propiedad de 493 hectáreas del ejido. Se trata de tierras colindantes con la bahía. Con la plusvalía que alcanzaron los terrenos de playa en el estado, se calcula que cada metro cuadrado tiene un valor de 20 dólares, es decir que esa franja valdría poco más de 180 millones de dólares.
En busca de un acuerdo, los representantes ejidales hablaron con los Robles Mendoza, quienes dijeron que ya no podían negociar con ellos, porque habían “vendido el conflicto” a una familia poderosa, económica y políticamente.
Rubén Astorga, presidente del Comisariado Ejidal, expone que Carlos Robles Mendoza, uno de los supuestos dueños, les dijo que las tierras ya las había vendido al hermano del gobernador, Ricardo Bours Castelo, y a las familias Mazón y Parada.
Al frente del gobierno estatal, Eduardo Bours detonó importantes desarrollos turísticos en toda la zona costera de Sonora, particularmente en Puerto Peñasco. A unos cuatro kilómetros de los terrenos en conflicto, pasará uno de los proyectos gubernamentales más significativos y costosos del sexenio: la carretera costera, que se construye de Empalme a Puerto Peñasco.
Tan sólo para el ejercicio fiscal de 2008, el gobierno estatal presupuestó 100 millones de pesos para dicho propósito.
El líder ejidal afirma que ellos se enteraron –por fuentes cercanas a los Robles Mendoza– que entre los proyectos que se buscan construir en el lugar está la Escalera Náutica, hoy Mar de Cortés, que promueve el Fondo Nacional de Fomento al Turismo desde el sexenio de Vicente Fox. La bahía, por su propia formación, es un refugio natural para las embarcaciones.
El origen
El 18 de julio de 1952, un grupo de 37 campesinos de Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, solicitaron al gobierno federal la creación de un nuevo centro de población agrícola. Al no tener tierras que repartir en el Valle del Yaqui, la respuesta de las autoridades fue la entrega de terrenos agrestes en el desierto de Caborca, colindantes con el Golfo de California.
Por resolución presidencial, el 7 de noviembre de 1969, los campesinos fueron dotados de 2 mil 528 hectáreas de territorio nacional; el documento está firmado por el entonces presidente Luis Echeverría. Así nació oficialmente el ejido Rodolfo Campodónico –cuyo nombre fue retomado del de un músico sonorense, famoso por la composición del Vals club verde– el 5 de febrero de 1971.
Como el Campodónico es un ejido ribereño, el 11 de noviembre de 1973 se constituyó la Cooperativa de Producción Pesquera Bahía de San Jorge. En 1975 surgió la inquietud de construir una estanquería de camarón, pero los lugares óptimos para crearla estaban fuera de los terrenos ejidales que serían los pegados al mar.
El 22 de febrero de 1985, los ejidatarios solicitaron una dotación complementaria de terreno. El gobierno federal de Miguel de la Madrid les otorgó 1 mil 300 hectáreas más, el 5 de agosto de 1987. Su publicación ocurrió el 1 de agosto de 1991 en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el cumplimiento a la resolución presidencial ocurrió el 27 de junio de 1999.
Tras la ampliación de territorio, los campesinos solicitaron una ampliación a la composición del ejido, admitiendo a 33 nuevos integrantes para sumar 70 miembros, todos dedicados a la pesca.
En la resolución presidencial se expone que en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Caborca no se encontró inscrita a persona alguna que se ostentara como propietaria de los terrenos, por lo tanto, éstos se consideran baldíos y nacionales, por lo que resultaban afectables en términos del artículo 204 de la entonces vigente Ley Federal de la Reforma Agraria.
El artículo citado dice: “Los terrenos baldíos, nacionales y, en general, los terrenos rústicos pertenecientes a la Federación se destinarán a constituir y ampliar ejidos o a establecer nuevos centros de población ejidal de conformidad con esta Ley. No podrán ser objeto de colonización, enajenación a título oneroso o gratuito ni adquisición por prescripción o información de dominio (…) Queda prohibida la colonización de propiedades privadas”.
No obstante, el 15 de febrero de 1993, en la ciudad de México la Secretaría de la Reforma Agraria expidió un título de propiedad a nombre de Octavio Pedro Pérez Nogales del predio San Francisquito, con una extensión de 1 mil 653 hectáreas de agostadero, firmado por los entonces secretario, Víctor Cervera Pacheco, y subsecretario, Armando López Nogales.
Hay un segundo título de propiedad con fecha del 25 de septiembre, presumiblemente de 2000 (el documento está tachado), del lote 271 del distrito de colonización Altar y Caborca, con una extensión de 1 mil 653 hectáreas, a nombre de Octavio Robles Mendoza, de 30 años de edad, originario de México, Distrito Federal, soltero, comerciante y con domicilio en la colonia Margaritas, en Hermosillo. El escrito está firmado por la delegada del Registro Agrario Nacional de Sonora, Edelmira Girón Domínguez.
Rubén Astorga explica que el primer título salió a nombre de un señor que tenía una salinera, Pedro Octavio Pérez Nogales, que comprendía unas 100 hectáreas fuera del ejido. Los Robles Mendoza argumentan que dichos terrenos fueron vendidos a su padre por Pérez Nogales. “Pero la supuesta dación en pago es de 897 hectáreas y ellos sacan un título de 1 mil 653”.
Astorga asegura que la supuesta dación en pago –a favor Jesús Robles Toyo, administrador de la salinera– se realizó siete años después de que Pérez Nogales muriera.
Atropello “legal”
El 11 de agosto de 2000, un mes antes de la fecha que ostenta el título de propiedad, Carlos, Octavio y Alberto Robles Mendoza y Laura Mendoza de Robles demandaron ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Sonora, con residencia en Nogales, el amparo y protección de la justicia federal, radicado en el expediente 146-2000.
Los denunciantes citan como acto reclamado la ejecución de la resolución presidencial con fecha de 1 de agosto de 1991, en virtud de que afecta terrenos de los cuales se dicen propietarios, así como la desposesión del terreno. El 10 de septiembre de 2002, el juez sobreseyó el juicio de amparo.
Los Robles Mendoza se inconformaron e interpusieron recurso de revisión del que tuvo conocimiento el Primero Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, quien lo registró con el número 393/2002. La resolución, dictada el 1 de diciembre de 2003, revoca la sentencia anterior y concede el amparo y protección para que se deje insubsistente la Resolución Presidencial, únicamente por lo que se refiere al terreno denominado San Francisquito.
El 21 de enero de 2004, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria emitió el oficio 10444, que dice: “En el acatamiento a la ejecutoria en cita, esa dirección ejecutiva a su cargo deberá proveer lo necesario para que se deje insubsistente la resolución presidencial, únicamente en cuanto que incluyen una parte de los terrenos propiedad de los quejosos, amparados con el título de propiedad número 0050422, de fecha 15 de febrero de 1993”.
El expediente se turnó al Tribunal Superior Agrario, que el 1 de abril de 2004 resolvió dejar parcialmente insubsistente de la resolución presidencial.
Despojo
Con tolete en mano y al grito de “llegaron los hijos de Bours, hijos de su chingada madre”, 200 agentes estatales irrumpieron en el ejido, que apenas dos días antes (el 19 de junio) habían tomado por sorpresa los abogados de la familia Robles Mendoza, a la que darían posesión, apoyados por una decena de elementos municipales.
Ante la resistencia de los ejidatarios de dejar sus terrenos en manos de la familia Robles Mendoza, alrededor de las tres de la tarde del 20 de junio llegaron 28 patrullas de la Policía Estatal Investigadora (PEI), “uno de ellos dijo que traían órdenes del gobernador de realizar el desalojo, pero sin mostrar ningún documento oficial”.
La madrugada del 21 de junio, arribaron más elementos a bordo de 20 patrullas –muchos de ellos vestidos de civil, aunque con tolete y escudo de la policía– y se enfrentaron contra los pescadores y sus familias, quienes se aferraban a no ser despojados de lo que por decreto presidencial les pertenece.
Rubén Astorga dice que ellos le pidieron al comandante de la PEI que mostrara el oficio de la Procuraduría de Justicia del Estado, donde se justificara su presencia en el ejido, así como el abuso de violencia que estaban empleando. Sólo recibieron la respuesta de “es orden del de arriba”.
Los policías se posesionaron de la puerta del ejido que está a seis kilómetros del terreno del conflicto, se quedaron junto a la planta donde se procesa almeja.
Astorga dice que, durante el conflicto con los agentes, algunos ejidatarios fueron a Caborca, a unos 30 minutos, en busca de que alguno de los cuatro notarios públicos que hay en el lugar acudiera a dar fe de la agresión que estaban sufriendo. Los funcionarios públicos se negaron.
Durante el mes que estuvieron presentes en el lugar, los elementos tuvieron tiempo de cercar el perímetro en conflicto. Víctor López dice: “Ellos metieron topos en las mismas patrullas y los mismos oficiales de la PEI hicieron los cercos; pero agarraron 86 hectáreas más de las 493 que dicen los Robles son suyas. Cuarenta de las hectáreas son parte del nuevo centro poblacional que nos pertenece desde 1969”.
Fortuna solicitó entrevista con las autoridades estatales sin que a la fecha del cierre se tuviera respuesta.
Pérdidas económicas
Los ejidatarios estuvieron dos semanas sin poder trabajar: pangas y arreos se quedaron en los terrenos de playa de los que fueron desalojados. Además, en el lugar se ubicaban los módulos de cultivo de almeja y venta de ostión.
Víctor Manuel López, secretario del Comisariado Ejidal, explica que la cooperativa tiene permiso de exportación de almeja. Cada semana salen dos embarques –de 80 mil libras– del molusco; su comprador es la empresa estadunidense Ocean Pacific Seattle.
La pesca es el único sustento de las más de 200 familias del Campodónico, además de los empleos indirectos que se generan por la venta del ostión en la playa y la exportación de la almeja.
Los vecinos del ejido constantemente visitan las playas, por lo que los pescadores iniciaron la venta de ostión en la playa de Bahía San Jorge. La casa, construida por los lugareños y donde se comercializa el molusco, fue destruida por los elementos de seguridad pública.
En el momento del desalojo había 5 mil ostiones en el punto de venta, los policías se comieron una parte y el resto lo regalaron entre los vecinos de otros ejidos cercanos. La pieza del molusco tiene un precio de 2 pesos, es decir, que sólo por esa acción, que los ejidatarios califican de “pillaje”, los pescadores tuvieron pérdidas por 10 mil pesos.
Además, en los días que los agentes tuvieron tomados los terrenos, se inició la temporada de jaiba y los ejidatarios no pudieron trabajar, porque no se les entregaron sus utensilios.
Después de un mes de ocurrido el desalojo, los pescadores tuvieron que hacer un nuevo acceso a la playa para poder trabajar. En ese lapso, la planta procesadora de almeja estuvo parada.
Resolución de la Corte
Astorga explica que los abogados de los Robles Mendoza argumentaron a los ejidatarios que tenían que complementar una resolución de la SCJN y poner en posesión a los supuestos legítimos propietarios, acto que tenía que ocurrir entre el 18 y 19 de junio; sin embargo, no presentaron ningún documento que avalara lo dicho.
De acuerdo con la página electrónica de la Suprema Corte, sólo existe un expediente del Campodónico identificado con el número 00280/2008-00, que el 22 de abril de 2008 se turnó al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
La resolución se expidió el 25 de junio de este mismo año y dice: “Devuélvanse los autos del juicio de amparo al juez de distrito del conocimiento, para los efectos precisados en la resolución, queda sin efectos el dictamen emitido el 3 de marzo de 2008, por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil del quinto circuito, dentro del incidente de inejecución de sentencia 2/2007, requiérase al juez de distrito del conocimiento para que informe a esta sala respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo”.
No politizar
Alma Santiago, regidora de Caborca, dice que ella se acercó a los líderes ejidales para conocer del conflicto y ofrecerles su apoyo; sin embargo, éstos le pidieron no intervenir para no politizar el problema.
Santiago afirma que, por gente cercana a los pescadores, sabe que los Robles Mendoza ofrecieron 6 millones de pesos a los 70 ejidatarios, para que éstos no pusieran resistencia en dejar los terrenos y siguieran en pie las inversiones ya pactadas para detonar la zona turística.
