Con recaudación histórica entre grandes contribuyentes, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, impulsará de nueva cuenta la fiscalización estricta. La apuesta es repetir la recuperación histórica de adeudos fiscales de los últimos cinco años.

El objetivo de Buenrostro será, una vez más, aplicar de manera eficiente el principio de pareto (80/20) para cobrar grandes adeudos en sectores como el del acero, farmacéutico, aviación, automotriz. También se ocupará del contrabando a través del sistema general de aduanas que también encabeza.

En el SAT, se espera una mayor recaudación de impuestos del ejercicio en curso y que el número de contribuyentes que declara en ceros comience a disminuir.  La fiscalización y eliminación de prácticas de “planeación fiscal” que las grandes empresas ponían en marcha ya comenzó a generar un efecto positivo entre los contribuyentes que prefieren mantener su situación fiscal al corriente y sin adeudos.

Con un crecimiento de al menos 3.5% para el Producto Interno Bruto y el efecto marginal que comenzará a registrar la vacuna contra el Covid-19, el SAT confía en que la recaudación podría superar el nivel de 2020. La reactivación del comercio exterior y la inercia del T-MEC serán claves así como la retención del ISR cuando se registre una mayor recuperación del empleo.

Buenrostro también buscará fortalecer la fiscalización y apoyo a los contribuyentes del comercio exterior. En Aduanas se ha incrementado la coordinación entre sus áreas operativas pero sobre todo en el combate contra la corrupción.

El único obstáculo que hasta ahora enfrentan en el SAT es lograr una mayor cooperación con la Fiscalía General de la República bajo la responsabilidad de Gertz Manero. Se necesita, para empezar, una integración más acelerada de carpetas de investigación y de expedientes para que se sigan los procesos judiciales que permitan el ejercicio adecuado y expedito de la justicia. De otra manera, los esfuerzos del SAT para ubicar prácticas de corrupción en aduanas y oficinas administrativas quedarán incompletos.

Pero bueno, mientras eso sucede, en el SAT registraron no sólo mayores pagos por parte de los grandes contribuyentes sino también de personas físicas que dejaron esa práctica de la declaración en ceros y comenzaron el pago de impuestos.

En 2020, el equipo de Buenrostro estableció comunicación con más de 720 grandes contribuyentes pero la lista de empresas que se encontrarían en el supuesto de haber incurrido en “planeaciones fiscales” para eludir el pago de impuestos suma más de 12,000 empresas. Así que en la oficina de Raquel Buenrostro consideran que aún hay mucha tela de donde cortar.

No habrá reforma fiscal pero sí recaudación. 

Como sucedió en 2020, éste año no se dará cabida a un proyecto de reforma fiscal. No sólo se descarta un mayor cobro de impuestos a través de reformas a las leyes tributarias porque se trata de una de las promesas de campaña del Presidente López Obrador. Una reforma fiscal no tiene cabida en los planes del gobierno federal mientras se mantenga la recuperación de adeudos.

La última reforma que se aprobó para los contribuyentes mexicanos tuvo lugar en 2014. Con esa reforma, lo único que se logró fue un incremento en la recaudación equivalente al 2.4% del PIB. En 2021, con las acciones de fiscalización y a pesar de la pandemia, el gobierno de la Cuarta Transformación logró el 2.3% del PIB.

En 2020, el SAT obtuvo, a través de sus labores de fiscalización, más de 492 mil millones de pesos entre empresas que al cumplir con el pago de sus impuestos no vieron en riesgo sus operaciones.

Las grandes empresas realizan reservas y mantienen contingencias en el caso de que deban pagar los impuestos. Por ello, la planeación fiscal era un buen negocio para despachos y para las empresas que cada cinco años – que en teoría terminaban los periodos de riesgo para el cumplimiento de sus impuestos – lograban enviar esos recursos a su rubo de utilidades.

Con las mismas estrategias en 2021, el SAT buscaría repetir la hazaña de cobrar al menos otros dos puntos porcentuales respecto del PIB a través de fiscalización entre grandes contribuyentes.

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