Con el objetivo de apoyar a la cruzada emprendida por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para erradicar la corrupción y fortalecer la democracia, el senador Germán Martínez Cázares presentará una serie de reformas legales así como la promulgación la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.

Esta nueva legislación tendría el fin de incluir a las empresas dentro de la consecución de una serie de objetivos en común para beneficiar a la población, al propio sector empresarial y al gobierno en su conjunto.

Una de ellas plantea reformar los artículos 26, 35 fracción VIII, 36 fracción III, 41 fracción V apartado B y fracción VII, así como el 73 fracción XXIX-Q y 89 fracción XX, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de referéndum y plebiscito.

De acuerdo con el promovente, el legislador Germán Martínez, ambas figuras resultan de gran importancia para el desarrollo de la vida pública y democrática, siendo potenciales generadores de consensos, legitimidad y gobernanza.

Cabe recordar que el referéndum es un mecanismo de votación y consulta ciudadana en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes; mientras que el plebiscito no gira alrededor de un acto legislativo, sino a una decisión política, es decir, es de naturaleza gubernamental.

El senador considera que, en el camino de México para fortalecerse y consolidarse como una de las democracias más importantes del continente, es menester incluir mecanismos de participación directa en la toma de decisiones del país.

Asimismo, Martínez Cázares propondrá la creación de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, la cual tendrá el fin de incluir a las empresas dentro de la consecución de una serie de objetivos en común para beneficiar a la población, al propio sector empresarial y al gobierno en su conjunto.

La Ley propuesta, detalla, busca determinar las reglas para normar la conducta responsable de las empresas con el objeto de evitar y mitigar los impactos negativos que podrían asociarse con sus actividades, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales.

Además, busca mejorar la condición de los trabajadores, garantizar el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, el combate a la corrupción, la protección de los derechos de los consumidores y la exigibilidad del gobierno corporativo y los programas de control y cumplimiento

Subraya que su iniciativa no tiene la intención de rivalizar con el sector privado, por el contrario, busca modernizar la gestión empresarial garantizando el respeto de los derechos humanos y delimitando la responsabilidad de esta.

Por otro lado, el propio senador Germán Martínez junto con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que solicitan a la Cámara de Senadores conformar una Comisión Especial para investigar los actos de impunidad, corrupción y captura privada del Estado mexicano.

La principal finalidad de esta Comisión será coadyuvar con la Fiscalía General de la República y proporcionar a esta, y cualquier otra autoridad competente, la información que tenga a su alcance para castigar a los que resulten responsables por los casos de corrupción.

Aseguran que quienes se están viendo afectados por estos escándalos de corrupción son las y los mexicanos, de ahí la importancia de la creación de este órgano para esclarecer todas aquellas dudas y posibles nexos que existan entre el Poder Legislativo y los actos de corrupción.

Detallan que, quienes integren esta Comisión, deberán actuar con rectitud y honorabilidad en el encargo, coadyuvar en las investigaciones y presentar informes sobre los avances que se tengan, constituyéndose como un verdadero garante de los derechos humanos.

Indican que, toda vez que los actos de corrupción laceran irremediablemente la dignidad del pueblo mexicano, acabar con la impunidad se impone como un mandato indispensable para la defensa, no sólo de la democracia, sino de los millones de mexicanos y mexicanas que optaron por un cambio de régimen que acabe con la impunidad en el país.

 

 

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