Empresarios locales arremetieron el martes contra las medidas de mitigación económicas incorporadas por el Gobierno Federal para sortear la crisis provocada por el Covid-19, pues, a su juicio, son insuficientes, al tiempo que las calificaron de “unilaterales”. En en un informe divulgado hoy, también citaron como ejemplo claro de esta inercia el Crédito Solidario a la Palabra, que con una bolsa de cerca de 2,500 millones de pesos, es uno de los programas estrella del gobierno que no tuvo eco entre el empresariado.

Sostuvieron que el momento exige que los negocios estén preparados, con “facilidades reales” que les permitan proteger los empleos que generan y con acceso a herramientas tecnológicas y de comunicación que les permita eficientar los tiempos de sus procesos productivos y comerciales, “orientados a adaptarse a una nueva realidad social y económica global”.

“La mayor parte de los empresarios en México no son millonarios, y lo más importante, arriesgan capital y patrimonio, dedicando su vida a una actividad lícita”, sostuvieron los empresarios aglutinados en torno a la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER), con vinculación a los consejos coordinadores empresariales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad Juárez, Celaya, Córdoba, Orizaba, La Paz, León, entre otras 19 regiones.

En su informe, solicita medidas para que las micro, pequeñas y mediana empresas (Micropymes)  puedan enfrentar la etapa de crisis sanitaria y recesión económica, con pérdidas de empleo que van de 1.5 hasta 1.8 millones puestos de trabajo ante las secuelas de la Pandemia, de acuerdo con académicos y bancos de inversión.

El Crédito Solidario a la Palabra impulsado por la Secretaría de Economía y dirigido a dar apoyos a la Micropymes debió reconvertirse en créditos para trabajadoras del hogar y trabajadores independientes, ante una respuesta que no superó el 20% de los 646 mil créditos ofrecidos.

Los empresarios locales dijeron tener una legítima presencia y participación en las economías regionales, por lo que sus propuestas, afirmaron, deben ser integradas a los planes y proyectos impulsados a nivel nacional, tanto por el sector público como privado, con una visión vinculada a las necesidades y oportunidades de cada región del país.

Las políticas públicas no deben establecerse por decreto ni por consulta popular. Cada región de nuestro territorio posee distintas necesidades y oportunidades que, atendidas, pueden contribuir de manera más ágil y firme al crecimiento nacional”, aseguraron.

También los empresarios pequeños y medianos dijeron que este sector y el gobierno no son enemigos, y que deben permanecer como aliados, trabajar de manera  coordinada e implementar de manera conjunta “las medidas necesarias para superar la crítica situación”.

El organismo planteó que al pedir el voto de los mexicanos, una de las principales propuestas que llevaron al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a su cargo fue instaurar en México una democracia participativa. Al amparo del artículo octavo de la Constitución, agregaron,

“las representaciones empresariales regionales solicitan ser escuchadas por el gobierno”.

A su vez, “los consejos empresariales regionales asumimos nuestra responsabilidad de preservar y fomentar modelos efectivos de crecimiento económico, contribuir a planes y proyectos de los tres órdenes de gobierno, pero también nos reafirmamos como efectivos contrapesos de las decisiones y políticas gubernamentales de coyuntura”, aseguraron.

La ANCER señaló también que los integrantes de la iniciativa privada mexicana, desde el pequeño locatario o productor, hasta la gran empresa, están llamados a ser factor de equilibrio y crecimiento, colaborar y participar con las autoridades y con representantes a nivel nacional.

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