El debate está anunciado: el sistema individualizado de pensiones a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) tiene que cambiar porque, de no hacerlo, se enfrentará una crisis de grandes dimensiones.

La propuesta es reducir el número de semanas con las que los trabajadores tienen que cumplir para poder retirarse. De acuerdo con la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), los trabajadores deben alcanzar un total de 1,250 semanas, cotizar, en otras palabras, cotizar poco más de 23 años.

Ahora resulta que se plantea la posibilidad de bajar el requisito a 750 semanas para que puedan tener derecho a la pensión mínima.

Con la Ley de 1973 el requisito era de 500 semanas. ¿Entonces por qué los negociadores de la Ley del SAR llevaron tan alto el espectro de 1,250 semanas que ahora se busca eliminar?

Fácil. Se equivocaron. Bueno, se equivocaron en la estrategia y el costo lo hemos pagado millones de trabajadores desde 1994.

De acuerdo con financieros de muy alto nivel que ahora participan en la industria de las Afores, las administradoras de las cuentas individualizadas, en la negociación con los sindicatos para pasar del sistema de reparto (como el que tenía el IMSS), al sector empresarial junto con algos funcionarios del gobierno federal en la administración de Ernesto Zedillo Ponce De León, tomaron la decisión de poner sobre la mesa el número de 1,250 semanas de cotización.

Todos sabían que 1,250 semanas de cotización era una locura, una ofensa que pondría a millones de trabajadores muy lejos de una pensión mínimo y digna luego de que el IMSS ya no participaría en las pensiones del sector privado.

En 1994, la “jugada maestra” de los fallidos negociadores del entonces nuevo sistema de pensiones es que los sindicatos al ver el número de 1,250 semanas se lanzaran al ruedo, a una negociación intestina para proteger a los trabajadores. Pero no. No pasó y en las negociaciones en las que participó Genaro Borrego Estrada, hoy empleado en FEMSA desde 2007, nadie tuvo la precaución de recordar que el techo de 1,250 semanas para que un trabajador cumpliera con sus trámites de pensión era muy alto.  Eran los años del shock por la crisis económica, de la anunciada debacle financiera del IMSS y de la traída y llevada necesidad de que las empresas incrementaran su productividad. Fue entre 1994 y 1995 cuando se selló la suerte de muchos mexicanos. Funsalud y el llamado Centro de Desarrollo Estratégico de la Seguridad Social (CEDESS) jugaron un papel protagónico en el cabildeo para lograr la reforma de la Ley del IMSS y la promulgación de la Ley del SAR.

El problema, ahora, es que el próximo año comenzarán a jubilarse con la Ley del SAR, con las cuentas de las Afores, al menos 40,000 mexicanos. Muchos de ellos no tendrán simplemente ni la pensión mínima ni las 1,250 semanas.

El destino nos alcanzó. Se calcula que de esos 40,000 mexicanos que se jubilarían el próximo año, el 70 por ciento enfrentará una negativa de pensión y tendrían que recibir su dinero en una sola exhibición. No tendrán una renta vitalicia ni servicios médicos. El otro 30 por ciento, sólo recibirá la pensión con una tasa de remplazo del 30 por ciento. ¿Entonces? Fracasó el sistema porque a alguien en los sindicatos tuvo un olvido corporativo al defender los derechos de los trabajadores; porque alguien en el gobierno federal prefirió guardar silencio.

Ahora, frente a la presión, las Afores tendrán que solucionar el tremendo error de los negociadores del SAR si es que se quiere evitar una de las mayores crisis y escándalos de la historia financiera del país.

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