Una vez más, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer evaluaciones sobre la gestión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los resultados son preocupantes porque revelan problemas en la toma de decisiones vinculadas con inversiones estratégicas para la operación de nuevas plantas y la reconversión de las instalaciones que usan combustibles más caros y contaminantes. Así, por ejemplo, se dio prioridad a la firma de contratos para la distribución de gas natural a las plantas pero no se planeó de manera adecuada y oportuna las plantas que consumirían ese combustible. En el informo de la auditoría correspondiente a la Cuenta Pública de 2017, la ASF reveló pagos por más de 7,000 millones de pesos por concepto de pago a los transportistas de gas natural que construyeron ductos. El problema es que la CFE no obtuvo beneficios por esos pagos con los que reservó la capacidad de los ductos por si acaso llegara a necesitar el combustible. Esa situación, firmada y avalada en los contratos con un grupo de empresas gaseras, fue la que cuestionó el nuevo gobierno y que habría sido materia de un costoso y largo arbitraje. La dirección a cargo de Manuel Barlett Díaz confirmó que se habían firmado esos acuerdos y que para que la CFE no pusiera en riesgo su operación tenían que respetarse esos contratos. En su última entrega de evaluación a la cuenta pública de 2018, la ASF volvió a encontrar  evidencias de una mala administración que generó una escasa rentabilidad en la operación de la empresa. Entre el robo de medidores, la instalación de los diablitos y las malas decisiones, la CFE se transformó en una compañía sin rentabilidad.

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