Fue hace un mes, en septiembre pasado, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyó 11 años de trabajo investigando la corrupción que dejaron los gobiernos militares y civiles en ese país. Al amparo de la Organización de la Naciones Unidas y del gobierno de ese país, la CICIG investigó lavado de dinero, redes de sobornos para campañas políticas y tráfico de influencias que demostraron la presencia de la red delincuencial armada por la constructora brasileña Odebrech hasta grupos para el contrabando de gasolina.

En noviembre de 2017, la revista Fortuna, Negocios y Finanzas en su edición impresa publicó un amplio reportaje sobre las investigaciones de la CICIG que tocaron a algunos empresas mexicanas, entre ellas a Telgua, filial en Guatemala de América Móvil.

A continuación el reportaje publicado en ese momento que cobra trascendencia ante el cierre de las operaciones de la CICIG en Guatemala luego de que el Presidente de ese país decidió dar por concluido el convenio de colaboración con la ONU.

La investigación a Telgua por una comisión de la ONU

Claudia Villegas/Enviada

Ciudad de Guatemala. Noviembre de 2017- Aunque para Carlos Slim el capítulo de las aportaciones confirmadas de su subsidiaria Claro a las campañas políticas del Partido Patriota son un caso cerrado y sin aparente importancia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) documentó cada una de las prácticas locales e irregulares en las que participaron directivos de la telefónica en un intento por alcanzar componendas regulatorias que les permitieran ganar cuotas de mercado.

La responsable de esta investigación fue la abogada Luz Adriana Camargo Garzón, una abogada colombiana que no teme hablar sobre corrupción, lavado de dinero y cooptación de entidades del gobierno guatemalteco o de los ilícitos competidos por empresarios vinculados con el poder político.

Por el contrario, al iniciar la conversación solicitada para conocer los detalles de la investigación a las empresas de Carlos Slim en Guatemala, Camargo Garzón recupera – casi con orgullo –  cada una de las fases del caso de corrupción que la CICIG denominó “Construcción y  Corrupción” y que se basó en el descubrimiento de una operación que denominaron:  red política-económica-ilícita encabezada por el ex Ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, Alejandro Sinibaldi.

Camargo Garzón considera que este caso, en el que apareció el nombre de Carlos Slim y su empresa subsidiaria Claro, no puede verse de manera aislada: “Ésta investigación hay que ligarla con un referente anterior, que es un caso que la CICIG denominó “Cooptación del Estado” y que salió hace más de un año”, precisa la abogada.

Fue a través del caso  “Cooptación del Estado”- recuerda –cuando la CICIG  encontró, por primera vez, una relación entre grupos políticos que tomaron durante muchos años en Guatemala el control de la “cosa pública”. Así califica Luz María Camargo el fenómeno de cooptación del Estado, cuyos antecedentes de financiamiento de campañas para llegar al poder se transformaron en una compleja red de complicidades y corrupción que alcanza otros países de Centroamérica.

La entrevista se solicitó apenas unos días después de la revelación de las aportaciones de la telefónica Claro al Partido Patriota y de las declaraciones en la Ciudad de México de América Móvil que descalificaron y minimizaron esta investigación. El 18 de julio de 2017, América Móvil informó que auditaría a su subsidiaria Claro desmarcándose del escándalo.

La oficina de la CICIG en Guatemala es casi la de una embajada; un grupo de vigilantes custodian su puerta de acceso vigilada por un circuito cerrado y equipo para detectar metales. Como una oficina de la ONU, la CICIG es casi una representación diplomática dirigida a investigar la corrupción. La CICIG fue autorizada por el Poder Legislativo de Guatemala en un intento por frenar la corrupción y la impunidad. Al frente de la CICIG se encuentra el jurista colombiano Iván Velázquez Gómez, graduado como abogado por la Universidad de Antioquia, y quien estuvo a cargo de las investigaciones más importantes contra la actividad de los grupos de autodefensas en Colombia.

Velázquez descubrió empresas fachadas y cuentas mediante las cuales se financiaba la actividad de paramilitares en Colombia.

 Días después de realizar esta entrevista, reconocí ya en la Ciudad de México el edificio de muros blancos en imágenes de la televisión que daban cuenta de la batalla del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por expulsar del país a Iván Velázquez al considerarlo persona no grata. Cientos de personas a las afueras de la sede de la CICIG pedía a Iván Velázquez que siguiera adelante con sus investigaciones en contra de la corrupción. El problema fue que las investigaciones de Velázquez alcanzaron a Jimmy Morales al involucrarlo en varios casos de corrupción y financiamiento irregular.

Así transcurre la vida de Camargo Garzón en Guatemala, a quien se le considera la mano derecha del Comisionado y cabeza de la CICIG, Iván Velázquez, quien encontró en el financiamiento de partidos políticos la hebra de una enorme madeja de corrupción.

En Guatemala, las aportaciones no declaradas a partidos políticas están tipificadas como financiamiento electoral ilícito. Es delito, por ejemplo, no sólo el financiamiento para campañas que viene del crimen organizado, sino también todos aquellos recursos que ingresan a las campañas de manera anónima.  Es dinero ilícito aquel que no se registra, que no se revela ante el Tribunal Electoral de Guatemala.

Son dos caras de la misma moneda: Se trata del dinero para campañas políticas que no se revelan en los libros contables de la campaña o, por otro lado, que se reciben de manera anónima.

¿Cuál es el patrón de conducta que descubrió la CICIG?, le pregunto a Luz María Camargo Garzón a quien no le intimida la grabadora ni mi obsesiva escritura en un intento por no perder un solo detalle de la plática.

La CICIG, recapitula la abogada colombiana,  que en esa primera investigación de “Cooptación del Estado” que había una estructura de lavado de activos –porque desde allí es que había que entenderlo – era una estructura de lavado que estaba integrada por dos tipos de empresas: unas compañías que eran de cartón, que no tenían nada, y otras empresas de “pantalla”. Así las define la jurista.

 Éstas últimas de “pantalla”, eran las que, aún teniendo una actividad, sirven de receptoras de partidas que van hacia el financiamiento de la campaña, que se desvían directamente para el pago de gastos de la campaña: publicidad, pagos en efectivo, vallas; éstas empresas hacen gastos directamente.

Fue, entonces, cuando la CICIG, agrega,  empezó a investigar esta estructura de lavado con la que había dado. Así comenzó la búsqueda de los recursos. Con estos dos componentes, se ubicaron al menos 100 empresas.

¿Cómo funcionaba la red?

Los hallazgos de la CICIG revelaron que a estas empresas ingresaban dineros o ingresaron dineros en época de campaña, en 2011, específicamente en la campaña del Partido Patriota que fue, efectivamente, el que llegó al Poder en esa época. Y no sólo porque haya ganado la Presidencia sino porque el Partido Patriota ganaba – sin problema alguno – la mayoría de las alcaldías que es toda la estructura municipal del país

Entonces, no sólo se descubrió un fenómeno que haya que entender desde la perspectiva del Presidente (Otto Pérez Molina) y la Vicepresidenta , principales involucrados en el escándalo de corrupción,  sino el impacto en todo el país.

En este 2011 nosotros encontramos que a estas empresas de cartón se inyecta dinero de lo que son un grupo de empresas privadas con eventual interés en temas públicos en el gobierno –sectores regulados – y, por otro lado, contratistas del gobierno.

Dentro del sector regulado y, en esta campaña 2011, la CICIG detectó una red que tenía y tiene mucha influencia en Guatemala, que forma parte de los concesionarios de los canales públicos, que son canales 3,7, 11, y que básicamente tienen una concesión por más de 30 años y que se ha venido prorrogando desde hace mucho y que les permite tener la cobertura de la televisión abierta a nivel nacional. “Usted  no sólo puede ver los canales de Ángel sino que también tiene cable”, agrega.

En Guatemala, la mayoría de la población no tiene acceso a la televisión por cable. Sólo usa TV abierta. Remigio Ángel González es mexicano, vive en Miami, y está casado con una guatemalteca y son dueños de Almavisión. Y ella, su esposa Alma, tiene orden de aprehensión, por que se le acusó en el caso de “Cooptación del Estado”, desde 2016

Y aquí entre estos financistas, la CICIG encuentra, por primera vez, a Telgua, la empresa de Carlos Slim.

¿Cuál era el patrón de conducta de esta red en la que se descubrió la aportación de Telgua, Claro y subsidiarias de América Móvil?

 “El patrón para hacerle llegar recursos a estas empresas de cartón es que se hacían unas facturas falsas por servicios”, asegura la investigadora de la CICIG y agrega:

“En el caso de Ángel González, nosotros encontramos que Alvavisión le da dinero a estas empresas de cartón mucho antes de que la campaña empiece; le da dinero desde 2009 hasta finales de 2011”.

Cita una aportación de 16 millones de Quetzales, que son casi 2  millones de dólares.

¿Cómo se los da?

Con unas facturas por prestación de servicios de estas empresas de cartón que la CICIG confirmó no contaban con operaciones. “Esta parte, es importante, porque tenemos la certeza de que son empresas de cartón. Son empresas que permanecían sin actividades, no tenían infraestructura, no tenían personal, pero sí tenían a un grupo de contadores. No podían hacer absolutamente nada”, apunta.

¿Eso se tipifica como lavado de dinero?

 “Claro, nosotros tenemos la investigación y la información de que hay muchos involucrados porque tiene todos los componentes de una estructura de lavado de dinero. Por eso, yo te contaba que nosotros comenzamos investigando la infraestructura por lavado de dinero y luego  al investigar de dónde venían estos dineros es que encontramos que algunos, una parte de ellos, eran empresas que participaban empresas de sectores regulados como es el caso de televisoras y Telgua.

Telgua aquí nos sale con unos aportes pequeños que no superan el millón de Quetzales. Pero sí nos aparece la vinculación con algún funcionario de Telgua.

La investigadora de la CICIG recuerda que los pagos de la telefónica eran aportes pequeños y  sólo aparecían vinculados con un funcionario de Telgua y que fue señalado por otro colaborador de la comisión  dura la investigación.

“(El empleado de Telgua) nos aparece señalado como su contacto. Era Enrique Castellanos – nos dice – un funcionario de Telgua quien nos hacia aportes para la campaña, nos aportaba algunos teléfonos y nos aportó contrafacturas falsas para un material publicitario y otros dineros que no eran tan importantes”.

Sin embargo, la CICIG no detuvo allí su investigación. El órgano con respaldo de la ONU dio a esta primera parte de la investigación pero para complementarlo con el grupo de empresas que participaron en el lavado, más 100. La CICIG tenía la información de que el gobierno había creado dos grandes grupos mediante los cuales cobraban comisiones. Uno era el que manejaba la Vicepresidenta y otro grupo que era el que manejaba el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Sinibaldi.

Esta primera investigación en donde se encuentra a Telgua fue en el grupo de Baldetti. La CICIG conservó y profundizó en la investigación buscando las conexiones y aprovechando evidencias recuperadas en operaciones de allanamientos de empresas de cartón también pero esta vez manejadas por el Ministro, por Alejandro Sinibaldi y es allí en donde inician el caso y la investigación en donde descubren el mismo esquema.

Entonces, la CICIG ubica una vez más el nombre Telgua pero esta vez con una suma

cercana a los 16 millones de Quetzales, un monto por casi 2 millones de dólares muy cercano al que aportó el empresario Remigio Ángel.

Cuando la CICIG comenzó a encontrar los primeros cheques en empresas de cartón de Alejandro Sinibaldi, lo que hizo al llegar a Telgua fue preguntar a qué servicios correspondían esas facturas y es allí en donde se prenden las alarmas.

Telgua fue muy abierta frente a la información en el sentido de que una vez, observados los primeros cheques, entonces Telgua dijo: Yo tengo que contar mi historia.

Entonces se hizo contacto con el Gerente de Telgua, Guatemala ( Julio Carlos Porras Zadik).  Fue él quien, efectivamente, confirmó que Telgua sí hizo esos aportes al Partido Patrio. “Nos dijo: Nosotros hicimos los aportes, los hicimos contra supuestos servicios que no se prestaron, los hicimos a una serie de empresas que el intermediario del patriota nos dijo que teníamos que girarles, ellos nos giraron unas facturas por unos servicios que nosotros no recibimos. Y fue un esquema de financiamiento electoral ilícito”.

Pero al lado de esa historia. Está la versión del representante de Telgua y él explicó a la CICIG otra que, hasta entonces, no se conocía ni se hubiera descubierto: Él (Juan Carlos Porras Zadik) les dijo a las autoridades de la CICIG que todo este entramado de aportes se dio en otro escenario, en el marco de un pleito que ellos tenían con Tigo, la telefónica líder en Guatemala.

Tigo y Telgua tenían un pleito de años por los derechos de terminación de las llamadas que se cobran entre operadores, de interconexión. Lo que dice Telgua es que esos son temas que se regulan entre privados y que ellos tenían su pleito grande con Tigo y que Tigo se posicionó de una manera muy buena con el gobierno anterior al Patriota y logró que el gobierno interfiriera en un tema que era entre privados regulando una tarifa que volví altísima de la deuda de Telgua hacia Tigo.

Entonces, Telgua intentó, acompañados de Telefónica impugnar la preferencia; la objetaron por todas las vías, trataron de resolverlo judicialmente. Dicen en Telgua – porque esto no está comprobado y está en proceso de comprobación – que había una serie de bloqueos del Poder Judicial en Guatemala auspiciados por el propio gobierno que estaba en el poder porque este gobierno había sido coptado por Tigo, de acuerdo con la versión que los ejecutivos de Telgua dieron a la investigadora de la CICIG:

Así respondía Telgua. Esta es la versión de Telgua y forma parte de otra actuación que se está iniciando a partir de estas declaraciones.

Y continua con la historia:

 “Lo que nos dicen en Telgua es que ellos contratan a una persona cercana al gobierno, un estrategia política, y esa persona les dice que la estratega es ya no seguir peleando en tribunales porque lo van a perder y la estrategia es seguir posicionando con quienes van a tener poder en el próximo gobierno y que la estrategia incluye financiarlos. Esa persona ( Julio Ligorria) juega un doble papel porque, a la vez que se presenta como un agente de Telgua, en realidad es un agente del patriota que está captando recursos”.

Esta misma persona, el lobbyista, es quien le indica a Telgua a quien debe girar el dinero. En Guatemala, Julio Ligorría es una persona muy importante, es ex embajador del Partido Patriota en Washington.   Esas son ligas mayores.

El pleito con Slim terminó con un acuerdo poco común. La CICIG aceptó el testimonio de sus directivos para seguir con la investigación de aportaciones ilícitas a campañas políticas. El Poder Judicial de Guatemala les perdonó la cárcel a cambio del equipamiento de una sala para juicios orales. Un buen acuerdo para Telgua y Carlos Slim.

Dra. Luz Adriana Camargo Garzón – Ex Jefa de Investigadora de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

¿Quién es Luz Adriana Camargo Garzón?

Nació en Colombia en donde se graduó en Leyes. Se ha especializado en lavado de dinero y en su país de origen participó en investigaciones vinculadas con cárteles de la droga. Para ella, colaborar con la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en un desafío contra la corrupción y el crimen organizado.

 

 

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