Dedicado a Germán Martínez Cázares, mi mentor y amigo. Mexicano ejemplar, estadista en toda la extensión de la palabra, un patriota y héroe sin capa.

El informe denominado “El Futuro del Trabajo”, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”) en 2018, advirtió que las condiciones laborales de millones de personas alrededor del mundo estaban cambiando como consecuencia de la automatización de oficios y profesiones, la digitalización de los servicios y el nacimiento de nuevas modalidades de autoempleo, entre otros factores.

Al respecto, el estudio en comento expone cifras sobre el contexto del empleo que merecen especial mención, por ejemplo, expone la necesidad de que en el mundo se creen alrededor de 534 millones de puestos de trabajo para poder combatir el desempleo actual, así como al proyectado para el año 2030. Asimismo, reveló que, además de la preocupante situación de pobreza y desempleo que vive el mundo, el incremento salarial está disminuyendo alarmantemente, lo que significa la pulverización progresiva del ingreso de los trabajadores, basta con comparar las cifras de 2016 y 2017, donde el incremento de los salarios pasó de 2.4 por ciento a 1.8 por ciento en tan sólo un año.

Y es que la gran mayoría de las empresas de reciente creación, buscan cada vez menos empleados de tiempo completo, para generar ahorros sustantivos en el pago de prestaciones sociales y de nómina. La demanda de nuevas modalidades de negocio y el nacimiento de nuevas formas  de contratación, como lo son las llamadas economías por encargo (gig economy), los trabajos a pedido (on-demand economy), las economías compartidas o colaborativas (sharing economy), o los llamados free lancers o trabajadores independientes, han generado popularidad entre la industria por ser opciones menos costosas y al evitar que las empresas carguen con una serie de obligaciones legales, generando que con mayor frecuencia los trabajadores en el mundo carezcan de prestaciones, dando pie al nacimiento de un grupo en situación de vulnerabilidad emergente, los jornaleros digitales.

Al respecto, ha sido la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT quien ha advertido la necesidad de establecer y normar una “garantía laboral universal”, para todos los trabajadores, que comprenda la protección irrestricta de los derechos fundamentales de estos (tales como la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y a no ser sometido a trabajo forzoso, trabajo infantil o discriminación), y un conjunto de condiciones de empleo básicas, a saber: (i) un salario vital adecuado, (ii) limitación de las horas de la jornada laboral, y (iii) mayor seguridad e higiene en los lugares de trabajo.

En este sentido, para poder llevar a cabo lo que la OIT propone al respecto, una tarea que resulta indispensable es identificar a todas aquellas personas que se encuentran fuera de la cobertura de los sistemas de seguridad social y analizar las causas de su exclusión para trabajar en el diseño de políticas públicas a la medida. Esto significa que no sólo el gobierno estará obligado, sino que la propia iniciativa privada deberá involucrarse para aportar su experiencia y necesidades en dicho diseño.

Ejemplo de lo anterior es lo acontecido recientemente en México con el programa piloto para la afiliación obligatoria de las trabajadoras del hogar, emprendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el primero de marzo de 2019.

Basta recordar que dicho programa, derivó del cumplimiento de la sentencia del amparo directo 9/2018 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al determinar que el régimen especial de afiliación voluntaria previsto en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social era inconstitucional al ser discriminatorio, obligó al IMSS a elaborar un programa modelo para ser implementado y evaluado durante dieciocho meses, a efecto de que una vez concluido su pilotaje, se garantice la incorporación obligatoria al seguro social de los trabajadores del hogar.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto identificado bajo el rubro C-266/14, resolvió en una sentencia sin precedentes que aquellas empresas que contratan personas que no tienen un lugar fijo de trabajo (como representantes de ventas, trabajadores del hogar, etc.),  están obligadas a considerar el tiempo de movilización de los trabajadores, desde que llegan a su primer compromiso del día y posteriormente el regreso a sus casas,  dentro de la jornada laboral.

El asunto, proveniente de la jurisdicción española, derivó de una reclamación sindical por parte de la Federación de Servicios Privados del Sindicato Comisiones Obreras, en contra de las transnacionales Tyco Integrated Security, S.L., y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A.

Además de la OIT, otros organismos internacionales tampoco han sido ajenos al nuevo paradigma de los derechos laborales. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), comunicó que el “desgaste laboral” (o burn out en inglés) había sido incorporado en la Clasificación Internacional de Enfermedades de dicho organismo (también llamada CIP-11, publicada el año pasado tras ser adoptada durante en 2019 durante la LXXII de la Asamblea Mundial, y que entrará en vigor el primero de enero de 2022), bajo el código QD85 y el cual es utilizado para establecer tendencias y estadísticas sanitarias a nivel global.

Lo anterior significa, en palabras del propio organismo, que dicho padecimiento se circunscribe solamente a fenómenos relativos al contexto profesional, por lo que no debe utilizarse para describir experiencias en otros ámbitos de la vida, razón por la cual el sector patronal debería comenzar a preverlo en dentro de las políticas de aseguramiento de sus empleados, toda vez que el desgaste laboral podría ser constitutivo, muy pronto, de un riesgo de trabajo.

Al respecto, la legislación laboral mexicana, no es ajena a lo anterior toda vez que para 2022, se establecen nuevas obligaciones para la empresa en la materia. La recién aprobada NOM-035-STPS-2018, sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, en su apartado quinto prevé que “los patrones deberán practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial”. Es decir, en unos cuantos años dichas evaluaciones serán obligatorias para los empleadores, ya que la NOM apuesta por un esquema de prevención en materia de salud para el trabajador, buscando la oportuna detección de factores de riesgo psicosocial, los cuales pueden propiciar el desgaste laboral.

En un contexto global, donde la automatización laboral está generando inevitablemente un fenómeno de precarización salarial, y el empleo del futuro pasará a ser desempeñado en oficinas no fijas, con horarios flexibles y demandando perfiles de altísima especialización y formación profesional, el diseño de una nueva política social laboral se advierte indispensable para salvaguardar los derechos humanos de los casi 2,700 millones de trabajadores que existen en el planeta, y que garantice un desarrollo económico sostenible a nivel mundial, donde las sociedades logren crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, al tiempo que estimulen la economía sin dañar al medio ambiente.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se necesitan alrededor de 470 millones de empleos a nivel mundial para las personas que se incorporarán al mercado laboral entre 2016 y 2030.

Sin embargo, si consideramos que el 82 por ciento del dinero que se generó en el mundo en los últimos años fue a dar a manos del 1 por ciento más rico de la población global, al tiempo que los ingresos de la mitad más pobre del mundo decreció en un 11 por ciento (según reportó OXFAM Internacional en su informe titulado “Premiar el trabajo, no la riqueza”), todo pareciera indicar que el derecho de toda persona a compartir el progreso aún se ve distante de lograr su plena y efectiva materialización, ratificando la necesidad de una “garantía laboral universal” que le brinde certeza a la mano de obra del mundo y, por ende, a la subsistencia de la propia empresa.

*Adalberto Méndez.-Abogado especialista en Derechos Humanos y Empresas; Catedrático de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Profesor Visitante de la SUNY University at Buffalo (E.U.A.), y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (OEA); Twitter: @ADALSAMMA; E-Mail adalsamma@yahoo.com.mx

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.