Para muchos abogados todavía resulta un misterio la razón o los argumentos jurídicos  que permitieron al ombudsman, Luis Raúl González Pérez dar cabida en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la queja de la brasileña Odebrecht contra funcionarios federales —la mayoría de Pemex y la PGR— porque se considera víctima de una red corrupción que vulneró su debido proceso.

El asombro aumenta cuando se analiza que la queja ante la CNDH se presenta luego de que la compañía brasileña ha sido juzgada y sentenciada en media docena de países por prácticas de corrupción que involucran sobornos y malas prácticas.

González Pérez sólo ha declarado que la queja contra una lista de funcionarios, entre los que se encuentran la exprocuradora Areli Gómez González, se recibió pero que se analiza si procede o no. Los abogados que consultamos sobre este caso también se preguntan sobre los asesores legales que en México tuvieron la idea de llevar el caso a la CNDH buscando aprovechar el discurso presidencial contra la corrupción y solicitar que se abra un expediente en el que Odebrecht busca ubicarse como una víctima del sistema y apelar a sus derechos fundamentales para defender la certeza jurídica. ¿Es la CNDH la instancia para que una empresa impugne los eventuales vicios de un proceso jurídico que involucran a una empresa? ¿Acaso la CNDH no debe ocuparse fundamentalmente de los derechos inherentes al ser humano, de sus garantías?  Nos comentaron que uno de los abogados que llegó a asesorar a Odebrecht fue el prestigiado jurista Sergio Huacuja Betancourt,  socio fundador del despacho HBHM Abogados. Sin embargo, Huacuja habría decidido dejar a este cliente.  Por cierto, Huacuja, coordinó durante el último ejercicio el Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados.

Pero volviendo a la CNDH, el Ombudsman también dijo que no es la primera vez que esa comisión recibe quejas de personas morales. Y tiene razón, porque a principios de 2015, los hermanos Daniel y Carlos Mastretta presentaron ante la CNDH una queja contra funcionarios del gobierno federal porque su empresa armadora del modelo Mastretta MXT no recibió el capital que habían pactado con Nafin y su fondo de fondos durante la gestión de Jacques Rogozinski simplemente decidió dejar de participar en el fondo de la empresa que no logró vender muchos autos. La compañía Tecno Idea tuvo que cerrar. La CNDH emplazó a Nafin, según los registros del caso, que quedó como el antecedente que hoy retoma Odebrecht. Nafin, por cierto, le aclaró a la CNDH que consideraba que no era una instancia válida para dirimir un asunto entre particulares.

A la brasileña, más allá de su reputación y de las sanciones en su contra, le interesaría desacreditar el proceso en su contra que concluyó en una sanción por más de 1,100 millones de pesos, una de las más altas que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública de entre los proveedores de Pemex. Desacreditar a los funcionarios de PGR y Pemex le representaría a Odebrecht la posibilidad de poner en entredicho también la inhabilitación que le impide participar en licitaciones en el sector público mexicano. Así de simple, en México Odebrecht no puede trabajar.  ¿Se están violando los derechos humanos del gigante brasileño? Me parece que no.

claudiavillegas @revistafortuna.com.mx

Twitter: @LaVillegas1

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.