En el penúltimo año de la administración de Enrique Peña Nieto, el  programa de Atención a Adultos Mayores presentó deficiencias en su operación, lo que implicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminara que a 15 años de su creación “no ha logrado cumplir con el mandato que le confiere la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas para la atención de los adultos mayores, situación que impidió evaluar su contribución en la solución del problema público que le dio origen”.

Este programa surgió del “Diagnóstico del Programa Servicios a Grupos con Necesidades Especiales a cargo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores”, en el que se documentó que había un problema público y no había políticas públicas que brindaran atención al “acelerado deterioro” de salud y limitado ejercicio de los derechos sociales; así como la caída de los ingresos al alcanzar la edad de retiro laboral, lo que implica elevadas tasas de pobreza.

De la revisión hecha a Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el máximo órgano de fiscalización del país asevera que respecto de los subsidios, en 2017, la Secretaría de Bienestar antes Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) benefició a 5 millones 390 mil 921 personas de 65 años y más, mediante el programa “Pensión para Adultos Mayores”, lo que significó una cobertura de atención del 56.2 por ciento, “no obstante, desconoció el número de personas de 65 años y más que se encontraron en situación de desamparo, marginación, o sujetos a maltrato, y que requirieron del apoyo del Estado”.

La auditoría de desempeño 2017-1-20V3A-07-0274-2018 evidencia que la dependencia a cargo de Luis Enrique Miranda Nava, al frente de la entonces Sedesol expone que en relación con a asegurar un ingreso económico mínimo a las personas adultas mayores beneficiarias, la dependencia encargada de hacerlo “no dispuso de información, objetivos, indicadores, ni metas para acreditarlo”.

Entonces, la ASF realizó un comparativo entre apoyos otorgados, de 580 pesos mensuales, y el valor de la canasta básica alimentaria, de 1 mil 446.3 pesos en zonas urbana y de 1 mil 35.5 pesos las áreas rurales. De ello se desprende que quienes dispusieron de apoyos por 1 mil 672 pesos pudieron cubrir el costo de la canasta básica; sin embargo, “las personas adultas mayores que sólo dispusieron del apoyo de 580 pesos, únicamente pudieron adquirir el 40.1 por ciento de los alimentos que contiene dicha canasta básica, en el ámbito urbano, y el 56 por ciento, en el rural”.

Érika Ramírez

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