El pasado 01 de octubre, los catalanes fueron llamados a votar por el referéndum que ponía a consideración la independencia de España. Es así que poco más de 2 millones de votos fueron recibidos; un aplastante 90 por ciento de votos reclamaron la independencia; 8 por ciento resultaron en contra; 2 por ciento votaron en blanco y solo el 1 por ciento fue nulo. Pero las cifras pueden ser engañosas; quienes votaron representan el 38 por ciento del padrón electoral de Cataluña, el 30 por ciento de la población catalana y apenas 5 por ciento de la población española. Más allá de las opiniones personales y de que la independencia catalana prospere o no, resulta razonable valorar las consecuencias de una decisión que afectaría a muchas más personas que el 15 por ciento de los catalanes y que el 5 por ciento llamados a votar.

Independentistas han justificado sus acciones por el desbalance entre la contribución que hace la región y lo que recibe del gobierno español. Y es que, por su localización y dinamismo económico, Cataluña es una región clave para España. Con una población de 7.5 millones de personas y un área territorial de poco más de 32 mil kilómetros cuadrados, esta comunidad autonómica representa 19 por ciento del PIB Español. Su PIB per cápita es mucho mayor al promedio nacional (€29,966 Vs €27,331) y su aportación al erario público equivale al 21 por ciento del total. Con exportaciones cercanas a 65 mil millones de euros en 2016, Cataluña lidera el comercio con el exterior al representar 26 por ciento del total. Tan solo el año pasado, Cataluña recibió 4 mil 876 millones de euros en Inversión Extranjera Directa. En una eventual independencia, España perdería no solo el 6 por ciento de su territorio, sino la quinta parte de su economía.

Más allá de la valoración jurídica del referéndum, con estas cifras es entendible que Mariano Rajoy – primer ministro de España- haya solicitado al Senado intervenir para poner fin al conflicto y a la administración de Carles Puigdemont, presidente de Cataluña.

 El costo de la independencia

 Desde mi perspectiva, el costo (económico) que le implica a España perder a Cataluña es indiscutible. Pero ¿qué implicaciones traería para Cataluña? Yo lo analizo desde tres enfoques: el fiscal, el de comercio e inversión y el de su relación con la Unión Europea.

Ciertamente que una separación implicaría recursos frescos para Cataluña, pues dejaría de tributar cerca de 10 mil millones de euros anuales. Según un estudio realizado por Friedrich Heinemann para el European Network for Economic and Fiscal Policy Research, la relación fiscal entre Cataluña y España tiene características muy particulares. Para entender su implicación vale la pena considera que el sistema tributario español se divide entre impuestos estatales que recauda directamente la agencia tributaria, y la recaudación que hasta hace poco cobraba la Generalitat. Si el Senado aprueba la aplicación del artículo 155, Hacienda pasaría a supervisar directamente €3 mil 200 millones de impuestos, de los cuales 600 millones son ingresos que se obtienen por impuestos propios. Adicionalmente, existe un diferencial entre lo que recolecta el gobierno central en la región y los fondos públicos destinados a Cataluña; según Heinemann los pagos netos realizados por la región autonómica representan cerca del 5 por ciento de su producción. Si eso no fuera suficiente, la aplicación del artículo 155 implica que el Estado tomaría control de los organismos públicos (el 15 por ciento del PIB de Cataluña está representado por la Administración pública y defensa).

La deuda es un tema que merece mención aparte. Según un informe de la Comisión Europea, el por ciento de deuda/PIB de España se mantiene en un nivel preocupante y cercano al 100 por ciento. Mucha de esa deuda está en manos del gobierno español y si bien una independencia de Cataluña no ayudaría mucho a reducir la abultada deuda, la deuda interna de esta última – y que incluye el compromiso financiero de la Generalitat, los ayuntamientos, poderes locales y las empresas públicas – no es desdeñable. Se calcula que suma cerca de €82 mil millones.

Otros aspectos a considerar son la inversión y el comercio. Desde que se dio el referéndum, más de mil empresas pequeñas y grandes localizadas en Cataluña han decido mover su domicilio fiscal. De hecho, este fenómeno se ha presentado en seis de las siete compañías catalanas del Ibex. Corporativos multinacionales como Caixabank, banco Sabadell o Gas Natural decidieron reubicar su domicilio fiscal a otras provincias españolas. Estas tres empresas tienen un valor promedio cercano a los €12 mil 160 millones y dan empleo (cada una) a 26 mil personas. Más aún, según una reciente encuesta realizada por la empresa Pimec, 11 por ciento de las empresas consultadas han abierto cuentas bancarias fuera de Cataluña y 10 por ciento han detenido inversiones.

La implicación de una separación de España no solo tendrá efectos en el ámbito fiscal y económico, sino en el comercio e inversión extranjera directa. Por ejemplo, Cataluña concentra el 92 por ciento de las empresas estadounidenses y el 80 por ciento de las japonesas en España. Según datos de la Generalitat y FDI Markets, 45 por ciento de la economía catalana está concentrada en sectores industrial y de comercio; Cataluña – que representa la cuarta región europea en volumen de inversión extranjera- alberga más de 6 mil 400 empresas extranjeras. Sin embargo, según el Centro de Predicción Económica (CEPREDE), Cataluña ha sido una de las provincias autonómicas más favorecida por el comercio interregional; a diferencia de lo que sucede con el comercio internacional, las empresas catalanas han podido vender más de lo que compran con las provincias españolas, logrando un superávit comercial de €17 mil 900 millones. Según CEPREDE, €54 mil 494 millones anuales se han generado en las empresas catalanas por su comercio con España. Un ejemplo es la comunidad autonómica de Aragón, que compra a Cataluña poco más de la mitad de todo lo que compran al resto de España. Zaragoza, su capital, adquiere cerca del 8.9 por ciento de todas las compras interregionales; le siguen Madrid con 8.2 por ciento y Valencia con 6.5 por ciento.

Un último apunte es el papel de la Unión Europea (UE) en este conflicto. Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, advirtió que una separación de Cataluña significaría también una salida de la Comunidad Europea. En caso de que Cataluña quiera regresar a ser estado miembro, deberá sujetarse al mismo proceso de adhesión junto con el resto. Hay otras serias implicaciones, como el abandonar el euro como moneda de respaldo y anular cualquier beneficio de comercio internacional con la UE (la UE representa el 65 por ciento de las exportaciones de Cataluña). Por último, pero no por eso menos importante, es la renuncia a fondos europeos que significaron €164 millones en 2016 según el Institut d’Estadística de Catalunya.

Al cierre de esta columna todavía no se ha dado conocer el veredicto del Senado, que tiene como fecha límite el 27 de octubre. Si bien hay una mínima probabilidad de que la independencia catalana prospere, el caso sienta un precedente y reto adicional para la UE.

Al caso catalán se le suman el Brexit y el reciente referéndum en las provincias de Lombardía y Véneto en Italia. No queda duda que éstos, junto con la crisis migratoria, serán los nuevos dolores de cabeza para un mundo con posiciones radicales y en particular para la UE.

 

Actualización

El gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, asumió sus facultades legales para contener la declaración de independencia de Cataluña. Así pues decidió ejercer el hasta ahora inédito artículo 155 de la Constitución. La pieza central de esta intervención es una convocatoria a elecciones en el lapso más corto posible, para el 21 de diciembre próximo, así como de la destitución del presidente catalán Carles Puigdemont y la disolución de su parlamento. De esta forma, los ciudadanos de Cataluña podrán decidir, en elecciones democráticas, quién quiere que los gobierne. 

 

*Haydeé Moreyra, coordinadora Executive MBA-EGADE Business School.

 

 

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