Ante los constantes abusos de instituciones bancarias y financieras, así como de sus despachos de cobranza, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados propuso cambios a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

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El diputado Ernesto Sánchez Jiménez declaro que el 75 por ciento de quejas interpuestas por los usuarios ante la Condusef son porque el quejoso no era el deudor del pago que se reclama, 18 por ciento son porque los agentes de cobranza realizan su gestión con maltrato hacia el usuario y siete por ciento son porque el pago reclamado ya se realizó.

Las principales formas en que se realizan estas arbitrariedades son el envío de cartas amenazantes; falsificación de órdenes de embargo y otros documentos judiciales; usurpación de profesiones y funciones judiciales; colocación de calcomanías con señalamientos de “defraudador” contra el deudor y embargos extrajudiciales.

El parlamentario perredista reconoció ciertos avances a favor de los usuarios con las reformas publicadas en 2014 y, en tal sentido, aclaró que su propuesta no pretende contravenirlas, sino enriquecerlas para que los atropellos perpetrados por los despachos de cobranza, los bancos y otros organismos sigan a la baja.

En el decreto correspondiente se enlistan obligaciones de las entidades financieras para con sus usuarios deudores de productos y servicios que, de cumplirse correctamente, erradicarían los abusos e injusticias como las que cometen, por ejemplo, quienes se acreditan falsamente con una orden judicial para embargar bienes.

Aunque la ley faculta a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) para sancionar a las instituciones financieras, no lo hace para con los despachos de cobranza, sino delega esta facultad en las mismas instituciones financieras, lo que da lugar a la discrecionalidad.

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