La nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, aprobada por la Cámara de Diputados, amplía el fondo para el pago de ahorradores de sociedades financieras populares en liquidación, a fin de que recuperen hasta un millón de pesos.

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Se propone que el gobierno federal, aprovechando la estructura del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), aporte los recursos respectivos a una subcuenta de éste.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la panista Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, dijo recientemente que con este apoyo se puede beneficiar a 5 mil 319 ahorradores con hasta el 100 por ciento de sus ahorros.

Aseguró que el costo aproximado del fondo será de entre mil 500 y mil 700 millones de pesos y dijo que será una cesión de derechos de cobro, no un rescate fiscal, con lo que el Estado se convierte en un acreedor más, en vez de los miles de ahorradores que participaron en la liquidación.

Aquellos ahorradores que no participen en el fondo de apoyo serán respaldados por Nacional Financiera, mediante un crédito por mil millones de pesos, agregó.

En la exposición de motivos del documento aprobado se señala que, mediante este mecanismo, se fomentará la confianza en el sector de ahorro y crédito popular, al implementar este programa social en protección de los ahorradores.

Se aumentan las penas pecuniarias y privativas de la libertad en determinados tipos penales e incluye nuevas conductas que se considerarían delictivas, al tiempo de considerar responsabilidades para los accionistas.

Las sanciones van de dos a 15 años de prisión y multas de dos mil a 350 mil días de salarios mínimo, ante irregularidades realizadas por los socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Para los servidores públicos, las sanciones aumentan en una mitad.

El dictamen establece que las sociedades financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, como instituciones socioeconómicas, están destinadas a hacer frente a las constantes necesidades que, de forma progresiva, se producen en el contexto actual respecto de la población que atienden.

Identificaron a esta población como de bajos ingresos, ubicada en zonas alejadas de centros urbanos o que no tienen acceso a los servicios de la banca tradicional.

Con estas reformas se promueve una operación más profesional y segura por parte de los intermediarios, a la vez que se brindan mayores facultades de actuación a las autoridades.

 Edgar Amigón

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