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Por la ausencia de una ley adecuada, el abuso de poder, la extorsión, el cohecho, el soborno y el tráfico de influencias permanecen impunes, señala el abogado Luis Ortiz de la Concha. En entrevista con Fortuna, el coordinador del Comité Anticorrupción del Colegio de Abogados de la ANADE refiere que estas conductas antiéticas aunadas a otros dos grandes problemas que enfrenta México –el lavado de dinero y la corrupción– inhibirán la llegada de capitales extranjeros, a pesar de las reformas recientemente aprobadas. Antes de elegir este destino, los inversionistas también evaluarán que este es un país de tasas altas y escasa redistribución.

El abuso de poder en beneficio propio en cualquiera de sus modalidades, la extorsión, el cohecho, el soborno, el tráfico de influencias y otras conductas antiéticas y delictivas siguen sin sanción en México, reflexiona el abogado Luis Ortiz de la Concha, coordinador del Comité Anticorrupción del Colegio de Abogados de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE).

En entrevista con Fortuna, refiere que esta omisión debe ser motivo para repensar el propio tipo penal del artículo 222 del Código Penal Federal y, en consecuencia, establecer una norma eficaz.

Dicho artículo establece que “cometen el delito de cohecho: I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones; y II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones”.

El precepto apunta que por la comisión de este ilícito se impondrán diversas sanciones. La más alta refiere: “Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 a 14 años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal […] y destitución e inhabilitación de 2 a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

El socio de la firma Ortiz de la Concha Abogados, SC, señala que “hoy en día sólo contamos con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que es federal y por ende los abusos se han dejado ver a nivel municipal, especialmente con recursos que la Auditoría Superior de la Federación no llega a revisar”.

Luis Ortiz recuerda que en la iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por el Partido Revolucionario Institucional “se observó que, según el Baro?metro global sobre la corrupción 2010/2011 –elaborado por Transparencia Internacional–, 76 por ciento de los mexicanos cree que en los últimos tres años la corrupción ha aumentado; 18 por ciento dice que es igual, y sólo el 7 por ciento cree que ha disminuido”.

Esto es que más de la mitad de los mexicanos (52 por ciento) considera que la lucha del actual gobierno en contra de la corrupción es ineficaz. Asimismo, tres de cada 10 personas (31 por ciento) admiten que durante 2010 pagaron un soborno.

Ortiz de la Concha señala: “Dudo que esto haya cambiado de 2011 para 2014; es más, México sigue en descenso en el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional”.

No obstante, el abogado refiere que el tema no parece una prioridad en la agenda de la clase política. Ello, porque los legisladores tratan el tema del combate a la corrupción con “lentitud extrema”. “Los mexicanos no vemos para cuándo va a existir un organismo autónomo con facultades de investigación a nivel constitucional y con alcance en los tres niveles de gobierno”.

Respecto de la gravedad del problema, cita la exposición de motivos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (México, 2011): “La corrupción, además de destruir a nuestras instituciones, afecta directamente el estado de derecho. La capacidad para corromper a nuestras instituciones proviene precisamente de la riqueza económica que generan los criminales y que se incorpora a la economía formal a través de lavado de dinero”.

 

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Lavado, el otro problema

Para Luis Ortiz de la Concha (quien colabora con el gobierno mexicano y canadiense en la creación e instrumentación de un código de ética y un sistema sancionador para abogados, y quien ha representado a México ante la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), otro problema que sigue distorsionando el mercado y afectando severamente a la competitividad es el lavado de dinero y la impunidad que priva en torno a este delito.

El abogado reflexiona que este ilícito se alimenta y se sirve del narcotráfico, pero también de esquemas hechos para eludir el pago de impuestos y de un excedente en efectivo que distorsiona la economía del país.

Señala que en un país donde la presencia del narcotráfico es elevada, hay mucho efectivo queriéndose colocar y cuando el narcotráfico y sus socios saturan el blanqueo mediante sus propias estructuras, entonces, naturalmente, buscarán hacerlo vía empresas legalmente constituidas y establecidas de terceros.

De lo anterior se desprenden dos puntos de control, refiere. Uno relacionado con una política laboral y de seguridad social integral que no fomente la informalidad, y otro de prevención de lavado de dinero.

“Recientemente se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que busca prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como su nombre lo indica, no es una ley penal sino de tinte administrativo, y de la que el fisco federal podrá echar mano para unamayor fiscalización. Una ley que llegó para quedarse y de paso cumplir con compromisos internacionales como el de Grupo de Acción Financiera.”

Agrega: “Con esta ley veo el crecimiento de un sistema de inteligencia financiera que será de utilidad para perseguir y prevenir la colocación de capital para su blanqueo y posterior uso aparentemente de origen lícito. Ahora bien, la ley sólo cubre algunos aspectos del uso de efectivo para adquirir algunos bienes (por ejemplo, autos, joyería y servicios como blindaje y traslado de valores). Entonces queda aún abierta la puerta para traficar con efectivo, uso de seguros, pensiones, alimentos y hacerlo vía nóminas o facturación semifalsa. Será semifalsa al existir un comprobante de pago o factura, una transferencia y un intangible como una marca, no deducibles, indemnizaciones y hasta un contrato que avale la operación; estructuras complejas de detectar”.

Por ello, el abogado refiere que los bancos juegan ahora un rol más importante, desde que han sido señalados públicamente y sancionados por la falta de controles antilavado, lo que los ha convertido en vehículos para que la delincuencia mueva dinero de un punto a otro.

Sobre este particular, indica que una práctica para tener un control mínimo, que aunque no es nueva sí es efectiva, es la de conocer al cliente. “Algunos bancos han sido sancionados con multas ridículas, comparadas con su potencial económico, por no haber identificado bajo los parámetros legales a sus clientes, y no es para menos.

“La cultura de la identificación de clientes y proveedores en México es de vital importancia, pues una empresa nunca sabe por dónde ni cómo la delincuencia organizada podría penetrar a la organización. Usualmente es un proveedor relacionado con servicios financieros, pero igualmente podría ser una prestadora de servicios legales, de contabilidad, de marketing, ingenierías diversas, y todo queda soportado vía un contrato de prestación de servicios profesionales.”

Al respecto, cita el reporte del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos que trata el caso de HSBC México (HBMX): “Además de su ubicación de alto riesgo, los clientes y las actividades, HBMX tenía un historial de graves deficiencias de controles antilavado. Sus problemas con el antilavado incluyeron una falta generalizada de conozca a su cliente, información en los archivos de clientes, un sistema de monitoreo disfuncional, banqueros que se resistían a cerrar cuentas pese a la evidencia de actividad sospechosa; clientes de alto perfil involucrados en el tráfico de drogas, comprobar las transacciones sospechosas de millones de dólares a granel en los viajeros; inadecuada dotación de personal y recursos, y una enorme acumulación de cuentas marcadas para el cierre debido a la actividad sospechosa, pero cuyos cierres se retrasaron. Durante 8 años, de 2002 a 2010, HSBC Group supervisó los esfuerzos para corregir las deficiencias de controles antilavado de HBMX, mientras que los esfuerzos se quedaron cortos. Al mismo tiempo, el Grupo HSBC observaba al HBMX utilizar su cuenta corresponsal en Estados Unidos sin alertar al HBUS de los riesgos antilavado en los que estaba incurriendo.”

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De acuerdo con el abogado, “el 1 de noviembre de 2012 y según lo muestra la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, HSBC México fue sancionado con 841 mil 440 pesos por omitir actualizar, cuando menos una vez al año, la información de los expedientes de identificación de diversos clientes clasificados como de alto riesgo. Igualmente con la diversa de fecha, por no contar con mayor información respecto de diversos clientes de alto riesgo, por 862 mil 476 y 101 mil 183 pesos por no reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de esa Comisión, dentro del plazo establecido para tales efectos, las operativas inusuales realizadas por un cliente.”

Por si fuera poco, indica Ortiz de la Concha, el 29 de enero de 2014, Reuters publicó el resultado de una encuesta de la consultora KPMG en la que se dice que uno de tres ejecutivos de banco considera que su institución tiene controles antilavado pobres no obstante que el vasto sistema de multas y de investigaciones se está incrementando.

El maestro en derecho tributario internacional por la Universidad de Florida, Estados Unidos, recuerda que México es un foco de preocupación primaria entre los países con mayor lavado de dinero según el 2014 international narcotics control strategy repor.

“Le acompañan Afganistán, Argentina, Austria, Bahamas, Belice, Colombia, Kenia, Luxemburgo, Holanda, Panamá, Emiratos Árabes, Reino Unido, Venezuela y Estados Unidos, por citar algunos. En dicho reporte se hace una firme aseveración hacia nuestro país y dice: ‘México debe poner en marcha un sistema para identificar y congelar activos de terroristas sin demora’.”

A favor de México, refiere el abogado, “en el reporte se destaca que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son las encargadas de la regulación antilavado y que ya contamos con una ley antilavado; también, que la nueva era permite a México intercambiar información con gobiernos extranjeros en materia de financiamiento ilícito y evasión fiscal”.

En este contexto, el abogado indica que “las autoridades no deben dejar rastro vivo y deben perseguir cualquier indicio de blanqueo de capitales o actividades sospechosas incluyendo las de los delitos relacionados con servidores públicos y aquellos previstos en el capítulo de delincuencia organizada”.

El también presidente del Comité de Ética y Responsabilidad Social Corporativa del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, señala que los delitos de lavado de dinero y corrupción siempre generan víctimas. “Las víctimas somos todos los mexicanos incluyendo, paradójicamente, a los mismos delincuentes, pero también lo es y lleva su parte de responsabilidad quien compra piratería o como recientemente lo comentó un alumno en clase en el pirati-tianguis”.

Sobre este último punto, el maestro Luis Ortiz advierte que la sociedad mexicana no ha logrado hacer conciencia del daño y la relación de la piratería y delitos relacionados con droga, tráfico de armas y del alza en los impuestos y servicios por la distorsión en el mercado de precios.

Por ello, dice, es menester combatir los dos puntos vitales –el lavado de dinero y la corrupción– para dar una buena imagen al exterior y mejorar en la micro y macroeconomía y no poner en riesgo la infraestructura.

Luis Ortiz refiere que según el Foro Económico, la corrupción en México es uno de los factores que causan problema en el desarrollo de los negocios en México.

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México, país de altas tasas

A pesar de las reformas aprobadas recientemente, Luis Ortiz de la Concha observa un tercer inconveniente para la atracción de inversiones extranjeras. Al respecto, opina que el capital extranjero sabe sumar y hace su tarea antes de venir a México.

Señala que uno de los factores por los que los potenciales clientes pudieran decidir no invertir en este país es el costo total que les representa el pago de impuestos federales, impuesto a dividendos y en general todo ello sumado a la participación de los trabajadores en las utilidades, el pago de derechos y servicios.

Sobre esto, refiere que “México se está convirtiendo en un país de tasas altas, y esto no es malo siempre que haya una mejor redistribución de riqueza y los servicios como alumbrado, pavimentación, servicios de salud y la competitividad fueran de punta”.

Advierte que este contexto aunado a los casos de potenciales fraudes y corrupción no genera buenas notas para el capital extranjero.

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