Distribuidor Vial Oaxaca

Proveedora de obras públicas y prestadora de servicios, la iniciativa privada se ha adjudicado proyectos que van desde hospitales, hasta penales de alta seguridad. Uno de los casos más polémicos: la renta de trenes, para la Línea 12 del Metro, por 18 mil millones de pesos.

Con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas en 2011, al menos 29 proyectos operan bajo el esquema de “prestación de servicios”. Prisiones, escuelas, carreteras, hospitales, transportes, generadores de energía han sido adjudicados por el gobierno federal y los gobiernos estatales al capital privado para su construcción y explotación en contratos de hasta 30 años.

El esquema de prestación de servicios es una modalidad de las Asociaciones Público-Privadas (APP), impulsadas durante la última década por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) –integrante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo–, en los países de América Latina y el Caribe.

Como lo define el organismo internacional, las APP involucran contratos de prestación de servicios públicos de largo plazo entre una institución del sector público y una entidad del sector privado. El capital privado se encarga de financiar y ejecutar el diseño y la construcción de infraestructura pública o de su mejoramiento, operación y mantenimiento, y el sector público define la política y regula la infraestructura. Ambas partes asumen los riesgos del proyecto. El ente público paga una renta mensual o anual al privado y, al final del periodo del contrato, el sector público tiene el control de la obra.

Tanto México como los países de América Latina y el Caribe han abierto al sector público la posibilidad de invertir capital en servicios estratégicos y “novedosos”, tales como la infraestructura vinculada al agua, a los energéticos, las telecomunicaciones, las autopistas, las carreteras y la procuración de justicia.

El documento Asociaciones Público-Privadas para la prestación de servicios. Una visión hacia el futuro del Banco Interamericano de Desarrollo, con información del Banco Mundial, establece que América Latina es la segunda región más activa en términos de cantidad de las APP en el área de agua, lo que ha implicado la realización de 113 proyectos e inversiones de 9.7 mil millones de dólares en 17 países durante la década pasada.

Brasil encabeza la lista con 45 proyectos, seguido por Chile con 12, Colombia con 29 y México con nueve. Los proyectos, dicta el documento, son 79 concesiones de abastecimiento de agua, y 17 plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales con la modalidad de construcción, operación y transferencia.

El documento del BID cita a la Corporación Financiera Internacional, quien sostiene que durante la década pasada más del 55 por ciento de los proyectos público-privados de agua fueron firmados por empresas internacionales privadas en países de niveles de renta media y baja.
Obras que ya operan bajo el esquema

En México, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, adjudicó en 2008 y por 18 años la construcción y operación de una Planta de Tratamiento de Efluentes, según consta en el portal de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto a la infraestructura carretera, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como los gobiernos estatales han firmado contratos de prestación de servicios con la iniciativa privada, tal como se señala en su portal de internet.

Construccin Carcel Cancun

En 2010, la SCT asignó a Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a través de un contrato de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) la construcción y operación por 20 años de la carretera Mitla-Entronque Tehuantepec.

En 2009, el gobierno del Estado de México convino la prolongación de la avenida Solidaridad-Las Torres en los extremos Oriente y Poniente, así como la modernización de la vialidad existente, y el puente vehicular de las avenidas Prolongación Madero y James Watt, ubicadas en Cuautitlán. Ambos proyectos, a través de contratos PPS de 25 años, fueron destinados a Promotora y Desarrolladora Mexicana, SA de CV (Prodemex).

En ese mismo año, el gobierno de Durango firmó un contrato PPS, por 20 años, para la construcción de 10 tramos carreteros. El gobierno del Distrito Federal otorgó a Cementos Mexicanos, SAB de CV (Cemex), el contrato por 5 años para colocar pavimento hidráulico en el Circuito Interior.

En 2008, se firmaron contratos para la ampliación de la avenida Lincoln en el municipio de Garza García, Nuevo León, y el Arco Vial Sureste, también en esa entidad, que aún está en la etapa de proyecto. En el mismo año, la SCT acordó mediante contrato PPS con ICA, por 20 años, la construcción de la autopista Ríoverde-Ciudad Valles, en San Luis Potosí.

En 2007, la SCT convino la construcción de la autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán con ICA y su socio español Fomento de Construcciones y Contratas por 30 años; y la modernización y ampliación del tramo carretero Nueva Italia-Apatzingán con el consocio integrado por Supra Construcciones, SA de CV; Impulsora de Desarrollo Integral, SA de CV; Corporación Constructora de Vías Terrestres, SA de CV, y GAMI Ingeniería e Instalaciones, por 20 años.

Se adjudicó a la empresa española Grupo Azvi y a la mexicana Construcciones Intercontinentales, por un periodo de 20 años, la operación, modernización y mantenimiento de la carretera Tapachula-Talismán con Ramal a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó en 2005 a ICA, por 20 años, la operación, conservación y mantenimiento del tramo libre de peaje Querétaro-Irapuato con la carretera Irapuato-La Piedad, y terminación con el futuro Libramiento de la Piedad de Cabadas, en Michoacán.

La Secretaría de Salud (Ssa) federal ha desarrollado un sistema de hospitales de alta especialidad a través de las APP. A la fecha, se han construido hospitales de este tipo en Oaxaca, la Península de Yucatán y Chiapas.

En 2010, los hospitales regionales de Toluca y Tlalnepantla, Estado de México, fueron adjudicados a Prodemex y Grupo Marnhos, respectivamente, por 25 años. En 2009, la Secretaría de Salud asignó por 25 años la construcción y el equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y se le asignó a Igsa Solutions el Hospital de Alta Especialidad, en el municipio de Zumpango, por 25 años.

En 2007, la Secretaría de Salud firmó un contrato por 25 años con Marhnos IGSA para el Hospital de Ciudad Victoria, en Tamaulipas; y en 2006, la dependencia federal concesionó a través del esquema PPS a la empresa española multinacional Acciona, por 25 años, el Hospital

Construccion Metrobus

Regional de Alta Especialidad del Bajío, en Guanajuato. El contrato involucra la construcción de 24 mil metros cuadrados, el equipamiento, financiamiento y gestión de los servicios no asistenciales a una población de 2.5 millones de personas.

En el campo educativo, la Secretaría de Educación Pública firmó un contrato en 2007 con Acciona para la construcción, equipamiento, financiamiento y gestión de los servicios de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, con base en una concesión por 20 años para una población aproximada de 5 mil estudiantes y 500 profesores. La Universidad comenzó operaciones en octubre de 2008.

En el área de infraestructura carcelaria, los contratos implican tanto la construcción de la infraestructura como la remodelación de las ya existentes.

En México, la Secretaría de Seguridad Pública concesionó en 2011, mediante contrato PPS, a Homex la construcción y mantenimiento de dos penales. El contrato a 20 años establece que el gobierno federal pagará una cuota anual.

Desde 2009, las constructoras ICA, La Nacional, La Peninsular y el Banco Interacciones concluyeron en San Luis Potosí la construcción del primer penal bajo el esquema público-privado en el país.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública federal establece en el documento Estrategia penitenciaria 2008-2012 la construcción de 12 nuevas prisiones a través de contratos de prestación de servicios en Sonora, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nayarit, Morelos, Quintana Roo, Puebla, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal.

Referente a la electrificación, en 2010, el gobierno del Distrito Federal firmó un contrato con la empresa francesa Citelum, por 10 años, para colocar 36 mil 922 luminarias en vías primarias.

El Distrito Federal es la única entidad que ha incursionado en el área de transporte: el Sistema de Transporte Colectivo Metro firmó un contrato de prestación de servicios en 2010 con Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA, por 15 años, para el arrendamiento de 30 trenes que habrán de circular en la Línea 12, y también en ese año se firmó el contrato PPS para la operación de la Línea 3 del Metrobús.

En 2004, el gobierno de Oaxaca asignó a Marhnos los proyectos Ciudad Gobierno y Ciudad Judicial. En 2008, el de Zacatecas firmó un contrato de prestación de servicios, por 22 años, para la edificación de Ciudad Gobierno, y el de Nuevo León pagará durante 20 años la llamada Torre Ciudadana, en arrendamiento, donde se localizan las 22 oficinas de 22 dependencias gubernamentales.

Además de los sectores tradicionales, el Banco Interamericano de Desarrollo ha promovido la incursión de capital privado en servicios cuyo proveedor exclusivo ha sido la institución pública, como el caso de la infraestructura cultural y deportiva en los países de la región.

Tal es el caso del Centro Cultural Mexiquense, en el Estado de México, el cual se adjudicó en 2009 al grupo español Abengoa. A través de un contrato de prestación de servicios, el gobierno del Estado de México deberá de pagar a la trasnacional una renta durante los próximos 21 años.

Señala el BID que tras el anuncio de que Brasil será la sede de la Copa Mundial 2014, y en 2016 de los Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro se pondrán en marcha proyectos de obras públicas para desarrollar la infraestructura necesaria, como la construcción de estadios, el sistema de transporte, carreteras y autopistas, aeropuertos, la expansión de la red de energía eléctrica y redes de telecomunicaciones, agua y residuos; además de que se prevén contratos para la puesta en escena, la revitalización de los alrededores de los campos deportivos y los servicios. Todo a través de la figura de Asociaciones Público-Privadas.

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