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Citibank, el gigante estadunidense del crédito, está inmerso en una verdadera avalancha de problemas. Al estilo de lo que se vivió en ese banco –cuando todavía no adquiría las operaciones en México del Grupo Financiero Banamex-Accival a Alfredo Harp y Roberto Hernández–, Citibank, las autoridades bursátiles y del Departamento de Justicia en Estados Unidos ya se encuentran sobre la investigación con la que se busca deslindar responsabilidades y conocer qué sucedió en torno a Oceanografía, proveedor de Pemex y uno de los clientes consentidos en su operación en México durante la última década.

Vale la pena recuperar aquel testimonio de la banquera de inversión Amy Elliot ante el Congreso de Estados Unidos cuando se le citó para explicar por qué un banco como Citi había accedido a hacer negocios con Raúl Salinas de Gortari.

Ante un Comité del Senado, Elliot explicó a legisladores estadunidenses cómo cayó en las redes de Los Salinas, pero también cómo Citibank se benefició de la captación de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari. Por eso comparamos el caso con el de un “excelente” cliente como Oceanografía, cuyo riesgo era prácticamente Pemex si se quiere analizar en términos de la rentabilidad del negocio. El problema eran los antecedentes fraudulentos y las vinculaciones de la compañía con Personas Políticamente Expuestas (PPEs) y que, en teoría, deben observarse cuidadosamente y, por supuesto, evitadas. Al menos así lo establecen  los manuales contra el blanqueo de capitales.

Sin embargo, en materia de controles, como lo reconoció Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), apenas unos días después de que se diera a conocer la crisis de Oceanografía, la banca mexicana enfrenta grandes problemas y, por supuesto, retos.

A la crisis de Citibank –en donde si bien fue víctima de un fraude, el episodio también deja al descubierto la ausencia de políticas claras respecto con qué tipo de empresas y hombres de negocios sí se puede hacer negocios y con cuáles no– se suma la exhaustiva investigación del Senado estadunidense que exhibió un caso similar: los sistemas de pago que administra HSBC infiltrados por dinero sucio del Cártel del Golfo. La multa que impuso el Departamento del Tesoro a HSBC, con operaciones en ese país, fue monumental y superó los 1 mil 500 millones de dólares.

Otro caso es el del Grupo Financiero Banorte que también fue multado por el gobierno de Estados Unido por sus laxas medidas contra el blanqueo de capitales a través de su empresa filial FINRA, la cual abrió una cuenta a un personaje vinculado con el lavado de dinero. Banorte suspendió también al directivo estadunidense responsable de esta situación.

En cambio, como lo demuestra nuestro reportaje de portada de esta edición, las multas y la vigilancia en México respecto a este problema, el Talón de Aquiles de la banca con operaciones en el país, es laxa y mínima. Las multas, además, son muy pequeñas, lo que se convierte en un incentivo perverso para seguir haciendo negocios con el dinero sucio que busca integrarse a los circuitos financieros.

Entre 2012 y 2013, los cárteles del narcotráfico habrían blanqueado 754 mil millones de pesos provenientes sólo de la venta de drogas en Estados Unidos. Estas ganancias “son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”, señala el International Narcotics Control Strategy Report 2014, del Departamento de Estado.

Los delitos de los bancos, sin embargo, permanecen en la impunidad: en ese mismo periodo, la Unidad de Inteligencia Financiera  presentó 119 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) que involucraron a instituciones financieras en el blanqueo de capitales, mientras que la CNBV apenas aplicó 67 sanciones por 81 millones 156 mil 833 pesos a seis instituciones que incumplieron la normatividad antilavado, incluido el HSBC que cooperó con el Cártel de Sinaloa. Hasta la fecha, ningún directivo del sector ha sido procesado por este delito; tampoco a ningún banco se le ha retirado la licencia. 

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