Banco de México / Foto: Archivo
Banco de México / Foto: Archivo

Una de las grandes máximas en el Banco de México en materia de transparencia es otorgar sólo la estrictamente necesaria.

Los secretos del Instituto Central, responsable de la política monetaria del país como una herramienta para incentivar el crecimiento, se encuentran blindados por criterios vinculados con la seguridad nacional y el interés público. La rendición de cuentas es, por tanto, limitada. Sin embargo, a partir de 2011 la revelación de las minutas del Banco Central – en donde los mexicanos pueden conocer los argumentos de los integrantes de la Junta de Gobierno que marcan las decisiones en la conducción de tasas de interés – ha sido un gran avance aunque los expertos en revelación de información pública aún esperan mayor detalle sobre las reuniones que encabeza Agustín Carstens.

Fue, por cierto, el actual gobernador del Banco de México quien impulsó la revelación de las minutas mientras su antecesor, Guillermo Ortíz, opinaba que un exceso de información sobre los enfoques analizados en torno a la política monetaria podrían generar inestabilidad en los mercados financieros.  En el Banco de México estiman que las decisiones que toman su gobernador y subgobernadores no es una ciencia exacta sino un arte que debe ser observador sin sesgos políticos.

No obstante, la transparencia en Banxico está incompleta porque su operación depende de dinero público y debe rendir cuentas de su ejercicio.  Si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encabeza Juan Manuel Portal  realiza recomendaciones al Banco Central, lo hace con mucho cuidado y en el marco de un convenio que firmaron, precisamente, Guillermo Ortiz y Arturo González de Aragón,  para realizar auditorías al ejercicio de su gasto, a pesar de que no existe obligación de por medio porque no “recauda” ni utiliza recursos del presupuesto, según el propio Instituto Central.

Un ejercicio somero de sus compras directas muestra que el Banco de México realiza adquisiciones y contrata servicios que no se sujetan al mismo procedimiento que marca la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y la revelación de información es limitada.

En la relación de compras y contratación de servicios públicos del Banco de México – de acuerdo con la escasa información que se presenta sobre éstos rubros en su sitio de Internet – destaca la contratación de los servicios de un banco: HSBC. No es posible ubicar, sin embargo, otros datos que indique cómo se seleccionaron los servicios de la institución o si acaso otras instituciones compitieron por el contrato.

Sucede lo mismo con las refacciones y servicios de mantenimiento en hangares que el Instituto Central contrata periódicamente para su aerolínea Servicios al Transporte Aéreo (SETRA) que es utilizada para el traslado de valores en las entidades clave del país. Banxico paga servicios aeroportuarios, refacciones, permisos, reparaciones de hangares y sistemas; además de las nóminas del personal especializado. Toda esa información permanece resguardada al amparo de la autonomía del Instituto Central.

A cuenta gotas y, no precisamente en el sitio de Internet del Banco Central, es posible localizar información sobre la flota de SETRA. Se trata de aviones tipo McDonnell Douglas y de la canadiense Havilland Aircraft. No sabemos más aunque se trata de una aerolínea que ofrece un servicio estratégico para el país. Entre las contrataciones de Banxico, destacan también los 2.6 millones de pesos que se pagaron al INEGI que encabeza Eduardo Sojo como parte del convenio de colaboración entre ambos órganos autónomos para el levantamiento de encuestas y que está vigente entre el primero de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013. No hay más detalles sobre esta operación. Tampoco sabremos bajo qué criterios se contrataron los servicios hasta el 2016 de la Fonda Argentina cuyos montos, según se informa someramente, está “sujetos a demanda”; lo mismo sucede con el restaurante Prime House o el restaurante Suntory. En el rubro de lavado y tintorería se reporta un gasto superior a los 89,000 pesos. ¿Son gastos prioritarios para la operación del Instituto Central?

A pesar de que en el Banco de México se publican las minutas sobre las decisiones en política monetaria, una decisión que respaldó ampliamente el actual gobernador Agustín Carstens, su transparencia está incompleta porque su operación depende de dinero público y debe rendir cuentas de su ejercicio.  Si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encabeza Juan Manuel Portal  realiza recomendaciones al Banco Central, lo hace con mucho cuidado y en el marco de un convenio que firmaron, precisamente, Guillermo Ortiz y Arturo González de Aragón,  para realizar auditorías al ejercicio de su gasto, a pesar de que no existe obligación de por medio porque no “recauda” ni utiliza recursos del presupuesto, según el propio Instituto Central.

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