Puerto Vallarta, uno de los aeropuestos de GAP
GAP, Archivo. Galería de la empesa.

La asamblea de accionistas del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se realizó este 27 de abril a pesar de que el grupo de accionistas mexicanos que encabeza Laura Diez Barroso promovió una serie de medidas cautelares para impedir su realización, evento en el que, entre otros puntos, se incluyó la autorización de un dividendo por casi 1,500 millones de pesos, informaron representantes del sector bursátil que asistieron a ese evento.

Para las 540,782,400 acciones en circulación a la fecha de la asamblea, excluyendo las acciones recompradas por la sociedad, se pagará un dividendo de  1.4424 pesos, pagadero  a más tardar el 31 de mayo de 2011 y $0.4807 pesos, que se pagará a más tardar el 30 de noviembre, de acuerdo con los términos de la convocatoria a la reunión del máximo órgano de gobierno corporativo de GAP.   

Recursos presentados por el equipo de abogados mexicanos de los socios españoles AENA y Abertis impidieron que se suspendiera la asamblea por medidas precautorias interpuestas por los abogados de Diez Barroso. Cabe destacar que el despacho Santamarina representa en México los interéses de Abertis mientras que Aena está patrocinada por Jorge Sepúlveda del despacho García Jimeno, quien también fue designado como miembros del Consejo de Administración, según consta en los registros de la Bolsa Mexicana de Valores.

De esta forma, se realizó la asamblea en la que, finalmente, se aprobó la cuenta de utilidades pendientes aplicar y casi todos los puntos señalados en la asamblea que previamente se hizo pública a los inversionistas del mercado de valores.

La aplicación de utilidades, de hecho, era uno de los eventos más esperados por los inversionistas del mercado de valores, por lo que de haberse cancelado la reunión anual de accionistas de GAP se hubiera enviado una pésima señal al mercado. Sin embargo, desde hace un año los inversionistas mexicanos se negaron a aprobar los estados contables por considerar que la asamblea anual de abril de 2010 estaba viciada de origen.

Como sucedió el año pasado, en medio de la controversia que protagonizan el grupo de accionistas mexicanos que encabezan Laura Diez Barroso y Eduardo Sánchez Navarro, se impugnó la legalidad de la asamblea después de que los accionistas españoles representados por AENA y Abertis insisten desde hace más de un año en hacer valer los términos corporativos que se aprobaron para la privatización del sector aeroportuario.

Sin embargo, los inversionistas mexicanos consideran que esas condiciones que se dieron durante la privatización violan la Ley del Mercado de Valores. Además, a través de compras en el mercado de valores, el Grupo México ha superado el porcentaje permitido para que un inversionista individual participe en la emisora y que se estableció en 10%. Ahora el grupo de Germán Larrea controla el 22% de GAP.

Así ha pasado un año de litigios y desconocimiento de las acciones tomadas en las asambleas anuales ordinarias.

Sin embargo, este 27 abril la asamblea se realizó a pesar de que el Juez 15 de Distrito en Materia Civil había ordenado una serie de medidas precautorias para suspender la asamblea anual ordinaria de GAP. El año pasado los inversionistas mexicanos impugnaron la integración del Consejo de Administración de GAP, incluyendo al presidente de la sociedad, Guillermo Díaz de Rivera.

Vicente Corta, del despacho White & Case y vocero del equipo de abogados que encabeza la Controladora Mexicana de Aeropuertos (CMA), en donde consolidan intereses los inversionistas mexicanos, aseguró que ellos consideraban ilegal la asamblea anual ordinaria que se realizó a partir del medio día de este 27 de abril.

La designación de consejeros independientes así como la conformación del capital de AENA y Abertis, con la participación del gobierno español, aseguran los abogados de CMA, violan disposiciones mexicanas. Todas estas circunstancias, asegura CMA, no han sido informadas a los inversionistas del mercado de valores de forma adecuada. Además, insisten, la asamblea de abril de 2010 está afectada de nulidad por lo que no es posible seguir acumulando eventos corporativos y acciones de asamblea sobre actos ilegales.

Grupo México, durante la asamblea, no logró designar a un consejero adicional al que ya había nombrado porque se hizo valer la disposición de los estatutos de que no puede controlar más del 10% de los títulos de la emisora. Grupo México mantiene un juicio paralelo para impugnar los estatutos de la sociedad.

*Claudia Villegas es fundadora de la revista Fortuna y columnista del periódico Mileno.

2 Comentarios

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here