MÉXICO, Distrito Federal, Los socios mexicanos en el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que tiene la concesión para operar y explotar comercialmente 12 terminales aéreas del país, buscarán demostrar que al privatizar este sector el gobierno federal cometió una ilegalidad al permitir la participación de AENA, controlada por el Estado español.


Vicente Corta

AENA no participa directamente en GAP sino en la sociedad que controla el 15% de las acciones de control de la sociedad Aeropuerto Mexicanos del Pacífico en la que también participa la española Abertis y los mexicanos Eduardo Sánchez Navarro y Laura Diez Barroso, entre otros, a través de la Controladora Mexicana de Aeropuertos. Los tres socios mantienen una participación de 33.3%. El capital restante, 85%, se encuentra colocado en los mercados de valores de México y Nueva York.

El Artículo 34 de la Ley de Aeropuertos, establece que los concesionarios o permisionarios del sector aeroportuario, en ningún caso, podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, así como los bienes afectos a la concesión o al permiso, a ningún gobierno o Estado extranjero.

Otra de las leyes que estarían violando los inversionistas españoles que representan el interés del gobierno de ese país en el sector aeroportuario es el artículo 7 de la

Ley de Inversión Extranjera que establece que en esta actividad los extranjeros no pueden detentar más del 10% al consolidar acuerdos o convenios. Éste, dice Corta, ha sido el caso de la posición conjunta que han expresado en el Consejo de Administración y Asamblea de GAP.

AENA, a través de sus representantes en México, ya prepara los alegatos a esta posición de los inversionistas mexicanos que, aseguró Vicente Corta, será llevada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).