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La PGJDF consigna el ejercicio de la acción penal por el delito de administración fraudulenta cometido contra extrabajadores de Ruta 100. Entre los probables responsables se encuentran Carlos Septiem Michel, quien fungía como delegado fiduciario de Ixe Banco, y los dirigentes del extinto Sutaur 100 Ricardo Barco, Gabino Camacho y Arturo Mendoza Larraguível. Los trabajadores agraviados no se muestran conformes con la consignación: consideran que, a pesar de haber demostrado el fraude del que fueron objeto, se abre la puerta para que “no se toque” al Consejo de Administración del grupo financiero –en el que se encuentran hermanos de Agustín Carstens, secretario de Hacienda– ni al Comité Técnico del fideicomiso. Ixe, cuyo eslogan reza “el banco que da la cara”, guarda silencio

Por “posibles operaciones inusuales, relevantes o preocupantes”, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que “proporcione la información de todos los movimientos que se registren en el sistema financiero desde el año de 1995 a la fecha” de 11 personas físicas y siete morales. Entre estas últimas se encuentra Ixe Banco, el grupo financiero donde trabajan y son accionistas hermanos y sobrinos del propio titular de la Hacienda, Agustín Carstens Carstens.

La petición es parte de la averiguación previa FDF/C520/01-07, y acumuladas, abierta en la procuraduría capitalina contra el banco Ixe y contra la antigua dirigencia del extinto Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros de la Ruta 100 (Sutaur 100), quienes supuestamente habrían incurrido en los delitos de fraude y lavado de dinero. Los denunciantes son los trabajadores que se dicen estafados y que están organizados en el Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100.

La solicitud de la PGJDF a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP no se realiza de manera directa: el oficio 404/300/140/09-02 está dirigido a César Peniche Espejel, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con la normatividad, será esta unidad la que solicite la información a Hacienda para, a su vez, entregarla a la procuraduría local.

El oficio argumenta que la información solicitada es “necesaria para la debida integración de la presente averiguación previa”.

Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera (asesor jurídico y líder, respectivamente, del entonces Sutaur 100), Arturo Mendoza Larraguível (quien, junto con su hermano Jorge, fungía como asesor de la dirigencia sindical), José Ernesto Ávila Velázquez, Eulalio Durán Morán, José Fernando García Guzmán, Ricardo Guillermo Barco Ortiz, Leonel Villafuerte Zavala, Gerardo Vázquez Mendoza, Miguel Reyes Riojas y Carlos Septiem Michel (este último, delegado fiduciario de Ixe Banco) son las personas físicas de las que se solicita información de sus actividades financieras y fiscales de 1995 a la fecha por su probable participación en la comisión de delitos financieros.

Las personas morales, de las que también se solicita información respecto de sus actividades financieras y fiscales desde 1995, son: Ixe Banco, SA de CV, identificada como banca múltiple perteneciente al Grupo Financiero Ixe, y todas las empresas constituidas con los fideicomisos F/100-7 y F/100-4: Grupo Metropolitano de Transporte, SA de CV; Corporativo del Transporte, SA de CV; Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, SA de CV; Servicios Metropolitanos del Transporte 17 de Marzo, SA de CV; Transportes Urbanos Nuevo Milenio, SA de CV; Sistemas de Transportes en Taxi, SA de CV, y Talleres de Servicios de Diesel, SA de CV.

Durante casi una década, los trabajadores vivieron engañados con el discurso de que las empresas constituidas con los fideicomisos F/100-7 y F/100-4 eran suyas: en mayo de 1996, cuando se disolvió la Ruta 100, cada trabajador destinó del 30 al ciento por ciento de su liquidación a la constitución de los fideicomisos. La promesa fue la creación de fondos de ahorro para beneficio de los trabajadores y la constitución de empresas de las que serían dueños. Los 7 mil 13 asalariados lograron reunir entonces 147 millones 564 mil 71 pesos.

De acuerdo con el padrón de socios del fideicomiso F/100-7 en poder del banco Ixe –y del cual Fortuna posee copia–, hubieron trabajadores que entregaron más de 100 mil pesos de los de esa época, cuando el tipo de cambio se ubicaba en los 7.3 pesos por 1 dólar. Según se desprende del documento –titulado Relación de socios actuales del Fideicomiso F/100-7, membretado por la Administradora de Fondos Populares, SC, cuyo apoderado legal es Jorge Mendoza Larraguível–, el promedio de dinero entregado por cada trabajador fue de 21 mil pesos corrientes de mayo de 1996.

“Les quedan 4 pesos”

Nunca recibieron utilidades de las empresas creadas con su patrimonio. Cuando comenzaron a organizarse para pedir cuentas, fueron despedidos. Se han agrupado en varias organizaciones para protestar por lo que, consideran, se les ha robado. Sin embargo, una sola organización, el Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100, ha logrado que sus agremiados sean reconocidos por Ixe Banco como fideicomitentes-fideicomisarios. Es decir, como quienes ordenaron la constitución del fideicomiso para beneficio de los mismos. Se trata de 183 personas. La mayoría de ellas rebasan los 60 años. Muchas viven en la pobreza, viudas y solas.

De su dinero, el banco les dijo –a través de Pablo Cáceres Senn, apoderado legal de la fiduciaria– que al 4 de abril de 2007 quedaban cuatro pesos, “cantidad que pertenece a todos y cada uno de los fideicomitentes-fideicomisarios del mismo y que sólo podrá ser entregado (…) con instrucción expresa del Comité Técnico del Fideicomiso, incluyendo los términos de su distribución”.

Así quedó asentado en el expediente de conciliación DGOC/DC/BCO/3544/2006 promovido en la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

El motivo: la fiduciaria, es decir Ixe Banco, había trasladado los más de 147 millones depositados por los trabajadores en el fideicomiso F/100 a una cuenta del Banco Mercantil del Norte, la 114-04777-5, a nombre del fideicomiso F-1534.

Ixe Banco acató la instrucción de una de las empresas administradoras en las que el Consejo Técnico delegó decisiones: Servicios Analíticos de Previsión Social, del cual también es apoderado legal Jorge Mendoza Larraguível, junto con José Herrera Montor.

La justificación del traslado del dinero fue que los recursos serían “dispersados en forma individual” a cada uno de los fideicomitentes-fideicomisarios.

Los trabajadores no vieron un solo peso. Quedaron fuera de toda decisión sobre su dinero y sin un solo mecanismo que les permitiera exigir rendición de cuentas.

—El banco sí tiene responsabilidad. Se trata de comisión por omisión. Ixe tiene la tutela de la administración de los recursos. Y la ley le manda que debe vigilar que el manejo de esos recursos sea provechoso para el propio fideicomiso y para los fideicomitentes-fideicomisarios; no se puede lavar las manos –señala el abogado José Guadalupe Carmona.

Desde la constitución del fideicomiso, a los más de 173 millones de pesos aportados por los trabajadores se les agregó otra cantidad de la que se desconoce su procedencia: 172 millones 934 mil 552 pesos. Según el Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión –del cual Fortuna posee copia–, celebrado ante el notario público 151 Cecilio González Márquez, tres personas aparecen como las que aportan tal cantidad: Leonel Villafuerte Zavala, Gerardo Vázquez Mendoza y Miguel Reyes Riojas.

Los nombres citados no se encuentran en la relación de trabajadores liquidados de Ruta 100. Sin embargo, estas personas fueron nombradas de manera subrepticia como los “fideicomitentes iniciales” en el contrato en el cual Ixe Banco figuró como fiduciario.

Así, el fideicomiso se constituyó con 320 millones 498 mil 623 pesos sin que se conociera el origen de casi 173 millones de pesos. Además, mediante uno de los acuerdos firmados el 20 de septiembre de 1996, el Comité Técnico del fideicomiso instruyó al fiduciario Ixe Banco a que “lleve a cabo la inversión de hasta 42 millones de dólares de los Estados Unidos de América, en un instrumento de la más alta rentabilidad y del menor riesgo posible en el Bank One Arizona”.

—Y el dinero alcanzó. Cómo puede ser esto posible. ¿De dónde salieron los 173 millones de pesos y luego otra cantidad más para poder hacer el depósito por 42 millones de dólares en el banco de Estados Unidos? Estamos, al perecer, ante un asunto de lavado de dinero –dice el asesor de política y estrategias del Grupo Periférico de Extrabajadores de la Ruta 100, José Guadalupe Carmona.

A finales de octubre, cuando se habría realizado la transacción, el tipo de cambio del peso respecto del dólar era de 7.9 unidades, según información del Servicio de Administración Tributaria. Así, con 147 millones 564 mil 71 pesos sólo hubieran podido invertir en 18 millones 678 mil 996 dólares. Y con los casi 173 millones –de los cuales se desconoce su origen– se pudo haber invertido en otros 21 millones 890 mil dólares. Los trabajadores se preguntan de dónde pudieron haber salido otros 11 millones 301 mil pesos para comprar el resto: 1 millón 430 mil dólares.

El Comité Técnico está integrado por Antonio Hernández García, Graciana Galicia Rodríguez, Miriam Pomposo Peralta, Eduardo Martínez Ramos, Ernesto Lugo Garfias, Arturo Barrera Nava, Alfredo Morales Saucedo y Alfonso Armenta Rojas. Fueron nombrados directamente por Ricardo Barco sin consultar a los fideicomitentes-fideicomisarios.

—Ya probamos el fraude del que han sido objeto los trabajadores, pero las autoridades consignaron mal, pues, por la manera en que lo hicieron, parece que no sólo no quieren castigar a los responsables, tampoco desean restituir el patrimonio a sus legítimos dueños –dice José Guadalupe Carmona.

De acuerdo con el documento “Proyecto de Pliego de Consignación”, elaborado por el Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100 y su asesoría política y de estrategia, el cual ingresó el 28 de julio de 2009 a la Unidad de Investigación C-1 de la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Financieros en el Distrito Federal de la PGJDF, los querellantes solicitan el ejercicio de la acción penal por administración fraudulenta no sólo contra los que ya ha consignado la procuraduría, sino también contra la totalidad del Consejo Técnico del fideicomiso y contra 10 personas más.

Se trata de los fideicomitentes iniciales Leonel Villafuerte Zavala, Gerardo Vázquez Mendoza y Miguel Reyes Riojas; Jorge Mendoza Larraguível; José Herrera Montor; Javier Muñoz de Baena, y los siguientes funcionarios de Grupo Ixe: Guillermo Juan López, Javier Molinar Horcasitas, Sigfrido Gunter Benítez y Ligia Turincio Azueta.

Además, los trabajadores solicitan que también se ejercite la acción penal contra las mismas personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El banco “que da la cara”

Desde principios de febrero de 2009 se ha buscado conocer la posición de Ixe Banco ante los señalamientos de fraude y lavado de dinero en los que los extrabajadores de Ruta 100 lo involucran. Primero se buscó la posición a través de la oficina de la licenciada Lilia Maldonado Patron. Después, a solicitud de la propia Maldonado Patron, se buscó al vocero y director de Desarrollo Corporativo de Ixe Banco, René Pimentel. Luego de tres conversaciones, Valentina Casillas, secretaria de Pimentel, informó que el vocero del banco “no tenía nada que decir” y que “él no ve esos asuntos”.

Ixe Banco es el poseedor del 99 por ciento de las acciones de los fideicomisos F/100.

Enrique Castillo Sánchez Mejorada –quien el 20 de marzo pasado dejó la presidencia de la Asociación de Bancos de México– preside el Consejo de Administración de Grupo Ixe, en el que figuran como propietarios familiares del secretario de Hacienda: Henry Davis Carstens y Henry Davis Signoret. Y como suplentes aparecen también: Alec Davis Carstens y Paul Davis Carstens. Asimismo, Federico Maximiliano Carstens Carstens es director de Financiamiento Corporativo, y Magdalena Carstens Carstens funge como directora de Planeación Estratégica.

Otro de sus “principales funcionarios”, como los identifica el propio Grupo Ixe en su portal electrónico, es Javier Molinar Horcasitas, director general de Ixe Grupo Financiero y hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas.

“Comprometidos con México: Ixe Grupo Financiero es mayoritariamente mexicano. Y eso, además de brindarnos un conocimiento profundo del mercado, significa que tenemos un fuerte compromiso con nuestro país, con nuestra comunidad y sobre todo, con nuestro futuro”, reza su autodefinición en la página de internet. Y concluye: “Ixe es un vocablo náhuatl que significa: El que da la cara y cumple su palabra”.

Barco, agazapado

También desde febrero de 2009, Fortuna ha solicitado hablar con el antiguo líder del, alguna vez poderoso, Sutaur 100, Ricardo Barco López. Sin embargo, en sus propias oficinas ubicadas en Laredo 5, colonia Hipódromo Condesa, en la ciudad de México, dicen que de “manera absoluta” no poseen “información sobre el señor Ricardo Barco”. Fortuna habló con Adán Juárez, quien se identificó como “personal de vigilancia” del inmueble. Señaló: “No puedo dar ningún tipo de información” y se comprometió a gestionar la entrevista con Barco. En realidad, Adán Juárez es uno de los hombres más cercanos a Ricardo Barco en el grupo que sigue liderando a pesar de no figurar ni como parte del Comité Técnico del fideicomiso ni como parte de los fideicomitentes-fideicomisarios que integraron el capital de los fideicomisos F/100.

—Ricardo Barco nunca fue trabajador siquiera. Ni líder formal fue. Él nomás era asesor jurídico laboral de Gabino Camacho Barrera, quien sí fue líder y trabajador, pero no fideicomitente-fideicomisario –señala Efrén Romero.

El trabajador agrega: “Barco y Camacho son unos vivales que se dan la gran vida con empresas que quitaron a los trabajadores de Ruta 100. Para todos está muy claro, menos para las autoridades”.

El Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100 ha integrado un expediente de denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y ante las comisiones de los Derechos Humanos federal y de la ciudad de México.

Se solicitó entrevista con el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta.

Sociedades anónimas creadas con los fideicomisos F/100*

Grupo Metropolitano de Transporte

Corporativo del Transporte (antes Servicios Analíticos Empresariales)

Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo

Servicios Metropolitanos del Transporte 17 de Marzo

Transportes Urbanos Nuevo Milenio

Sistemas de Transportes en Taxi

Talleres de Servicios de Diesel

*Los fideicomisos F/100, F/100-7 y F/100-4 fueron constituidos con dinero proveniente de la liquidación de los trabajadores de la extinta paraestatal Autotransportes de Pasajeros Urbanos Ruta 100

El drama de los defraudados

Viejos viudos o abandonados, enfermos y en la pobreza material, e incluso alimentaria, andan las calles de la ciudad de México gritando su indignación. A veces el blanco de sus protestas son las autoridades federales: Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presidencia de la República. Otras, son las autoridades locales: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y jefatura de gobierno de la ciudad. Y unas más, los emporios económicos como Grupo Ixe. “No estamos vencidos”, gritan con sus voces cascadas.

Las expresiones de sus rostros van de la ironía y la protesta festiva a la indignación y la ira. Y luego a la tristeza y al hastío. La voz se les quiebra cuando hablan de las consecuencias que la estafa tuvo en sus vidas, en sus familias. Algunos lloran al decir que su pareja murió por no contar con medicinas o que sus hijos tuvieron que abandonar sus pretensiones de estudiar una carrera universitaria.

María Huerta Velásquez, 60 años, viuda del trabajador Gonzalo Martínez Ambrosio, quien falleció el 27 de noviembre de 2007, a los 62 años, a consecuencia de una pancreatitis. Su esposo aportó 36 mil 722 pesos. “Hemos sufrido carencias y nomás queremos que nos den nuestro dinero. Es lo único que peleamos. Tengo tres hijos. Nos ha afectado mucho a todos. Yo necesito ya dejar de trabajar. Ya me siento muy mal de mis rodillas. Ando hasta con bastón. Los médicos me han dicho que me mantenga en reposo, que ya no debo trabajar”.

Rafael Domínguez Hernández, 51 años, trabajó en Ruta 100 como operador de autobús por 14 años. Aportó 34 mil 2 pesos. “Ya casi, casi, se desune la familia por la cuestión económica. Es una gran frustración no saber adónde se fue nuestro dinero. Hasta tuve que sacar a mis cuatro hijos de la escuela, pues ya no nos alcanzaba para sostener los estudios. Hace cinco años me dio un infarto como consecuencia de todo este estrés y actualmente no tengo modo de trabajar porque me declararon incapacitado laboral”.

Rogelio Chapa González, 60 años, laboró 14 años en el área administrativa de Ruta 100. Aportó 23 mil 731 pesos. “Los depositamos en el banco Ixe y hasta el momento no sabemos cuáles son las utilidades que ese dinero ha dejado ni en qué está invertido. Nuestros representantes y el asesor nos prometieron que íbamos a recibir tres salarios: como inversionistas, como trabajadores y como socios. Hasta el momento nada nos han dado. Yo y mis compañeros hemos sufrido porque no tenemos los medios para trabajar. Trabajamos en cualquier cosa. Y nuestros hijos tuvieron que sufrir las consecuencias. Los tuvimos que sacar de la escuela para que nos ayudaran. Nomás pedimos que se nos haga justicia y que ya no haya impunidad ni corrupción”.

Heliodoro García laboró 28 años como operador de autobús público, 14 de ellos en Ruta 100. Aportó 12 mil 994 pesos. “Yo perdí a mi esposa por todo esto que ocurrió… No tenía para medicinas. Y nunca nos dieron dinero. Ella falleció el 3 de febrero de este año porque no había pa’ medicinas. Que no sean corruptos, que nos devuelvan el dinero que nos quitaron”.

Rubén Ávila García, 63 años, laboró 12 años en Ruta 100 como operador de autobús. Aportó 11 mil 634 pesos. “El problema ya nos ha afectado bastante: moral, económica y físicamente. A los socios nos fueron corriendo. Y aquí andamos mendingando. Cómo es posible que aunque ya acreditamos todo, con papeles y pruebas, no nos hagan caso. No se vale que nos esquiven”.

Hesiquio Olvera Bautista, 69 años, laboró 17 años como operador de autobús público, 14 de ellos en Ruta 100. Aportó 27 mil 778 pesos. “De por sí la liquidación, en 1996, no fue muy buena que digamos. Y luego nos quitaron el 30 por ciento para formar unas empresas de las que dizque somos dueños. Y luego nos dejaron sin trabajo”.

Roberto Rodríguez Castillo, 59 años, laboró 24 años como operador de autobús, 14 de ellos en Ruta 100. Aportó 26 mil 949 pesos. “Nos prometieron que íbamos a ser socios de GMT (Grupo Metropolitano de Transporte) y las otras empresas, que iba a ser una cooperativa. A final de cuentas nos hicieron a un lado. Y cuando pedimos cuentas, mejor nos corrieron. Nos han cerrado las puertas en todos lados y no es justo. Nuestras familias se han desintegrado. Hay compañeros que han muerto. Hay compañeros que están enfermos. Adonde voy, por la edad y por las enfermedades, ya no me dan trabajo. Yo tuve tres accidentes en el trabajo y estoy enfermo de diabetes. Hay muchos problemas familiares por la situación económica. Y el gobierno no lo ve. Hemos tocado muchas puertas y nadie nos ha hecho caso. No estamos pidiendo más que lo que es de nosotros. No puedo creer que un banco como Ixe nos esté haciendo este tipo de cábulas. Debemos de estar en un estado de derechos. Parece que en este país no existe el derecho. Existe para los ricos nada más. Algún día el pueblo puede estallar”.

Raymundo Reyes Guzmán, 49 años, laboró 19 años en el área administrativa del transporte público, 14 de ellos en Ruta 100. Aportó 17 mil 660. “No volví a ver ese dinero. Hasta la fecha no nos dieron un solo centavo. Yo perdí a mi familia, mi esposa, mis hijos, mi casa. Que ya dejen de estar encubriendo a los ladrones y que nos den lo que nos corresponde legalmente”.

José Guadalupe Pérez Aguilar, 65 años. Laboró 12 años como despachador de diésel en el área de Mantenimiento de Ruta 100. Aportó 10 mil 996 pesos. “Hasta el momento, ni un solo quinto hemos recibido. Nadie nos quiere hacer caso porque están protegiendo a Ricardo Barco y Gabino Camacho y toda la comitiva de ellos. Yo tenía una hija en bachilleres cuando pasó esto. Iba ya para la universidad pero por falta de dinero ya no tuvo más opción que salirse. Yo le dije que ya no tenía dinero para solventar la carrera. Mi esposa es diabética. No tenemos Seguro Social ni ISSSTE, sólo Seguro Popular, pero hace cinco meses que no le dan su insulina. Ahorita yo estoy a punto de deshacerme de mi patrimonio, de mi casa, porque a esta edad ya no nos dan trabajo… Ya no tenemos dinero. A muchos de los compañeros se le han ido sus esposas. Otros han muerto. Y no nos ven, no nos oyen.

Anselmo Pérez Vicente, 70 años, trabajó 14 años en Ruta 100 como operador de autobús. Aportó 17 mil 657 pesos. “Y no hemos sabido nada. No nos han dado nada ni nos han dicho en qué se lo gastaron o en qué lo invirtieron. Por haberme quedado sin trabajo, uno de mis chamacos, el más chico, tuvo que dejar la escuela. Se fue a vender chicles. Y los otros se tuvieron que ir a trabajar en los mercados. El más grande iba a ayudar a descargar las camionetas. La situación económica sigue muy mala. A duras penas la vamos pasando. A mi edad ya no encuentro empleo. Y de lo que están consiguiendo mis hijos, pues de ahí nos estamos pegando mi mujer y yo. Tenemos que estar viviendo del sueldo de mis hijos”.

Hilario Romero Muñiz, 56 años, trabajó 18 años como operador de autobús en el transporte público, 14 de ellos en Ruta 100. Aportó 31 mil 361 pesos. “No sabemos el destino que tuvo ese dinero. Lo que viví fue desintegración familiar. Unos se fueron a trabajar. Yo me separé de mi esposa. Actualmente estoy enfermo y tengo el apoyo de la familia a veces. Estoy enfermo de los riñones. Me atiendo con yerbas porque no hay economía para salir adelante”. (ZC)

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