La autorregulación financiera auspicia irregularidades y abusos: en México se ignora cuántas instituciones prestan servicios financieros, en qué moneda, qué reglas siguen y ante qué institución rinden cuentas, si es que lo hacen. El fraude multimillonario de Stanford Fondos, que involucró recursos de mexicanos, podría ser el principio de una gran crisis del sistema que opera en el país.

Ala distribuidora de sociedades de inversión Stanford Fondos, SA de CV, y a la sociedad financiera de objeto múltiple InverBan, SA de CV, les fue posible actuar de modo irregular porque desde hace tiempo el Estado mexicano renunció a su responsabilidad de supervisar la operación de las sociedades financieras.

Esa retirada se consolidó al modificar la Ley de Sociedades de Inversión; entonces sobrevino la “autorregulación”.

Hasta ahora se desconoce cuántas sociedades de inversión hay, de dónde vienen, cómo trabajan y quiénes son sus contadores.

Esa desinformación hace vulnerables a los inversionistas mexicanos, ex presa Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Advierte que la fragilidad financiera podría desencadenar una crisis generalizada en el próximo proceso electoral, por lo que las autoridades “buscan evitar el debate público por la venta de Banamex o porque se sepa cuántos gobiernos extranjeros participan en el sistema bancario nacional”.

En ese contexto, el trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) resulta “tan deficiente como en 1994, cuando se dejó hacer a los bancos lo que quisieran y nos llevaron a una quiebra”, a pesar de que tuvo 14 años para fortalecerse, indica la especialista en política monetaria.

“No es posible que la CNBV desconozca cuántos activos tóxicos tienen las instituciones financieras, y si lo sabe, ¿por qué les dan dólares para liquidarlos sin que se nos informe nada?”, pregunta la investigadora. Opina que esa falta de información responde a que las autoridades temen que, al hacer pública cualquier irregularidad del mercado financiero, se “detone algo muy grave”.

La escasa información sobre los servicios financieros que reciben los ciudadanos de las autoridades del sector pudo estar detrás de las decisiones de los inversionistas mexicanos en el caso de la distribuidora de sociedades de inversión Stanford Fondos o de los clientes de la sociedad financiera de objeto múltiple InverBan.

En el primer caso, señala Rodríguez López, los inversionistas mexicanos pudieron no tener conciencia real del riesgo que implicaba invertir en dólares, que está prohibido en este país, pues efectivamente recibieron ganancias del 8 por ciento y más, muy por arriba de la media de las instituciones nacionales. Ése fue un gran atractivo para esos clientes que, además, generaron expectativas de que su inversión estaba más segura en otro país, así fuese la casi desconocida isla caribeña de Antigua.

Esa expectativa de seguridad y confianza fue la que estuvo detrás del éxito de Stanford Fondos, autorizada a operar en el país por la propia CNBV desde 2005. Durante cuatro años, sus asesores atrajeron a inversionistas mexicanos. Ésa es, precisamente, la forma como funcionan las pirámides: crean confianza entre los inversionistas, reúnen el dinero de éstos y se lo dan a nuevos inversionistas en un proceso conocido como “esquema Ponzi” –por el italiano Carlos Ponzi, quien defraudó a miles de personas durante largo tiempo–, que se hace al amparo de la falta de regulación y seguimiento de las instituciones del Estado.

Fue el 17 de febrero pasado cuando la estadunidense comisión de valores (Security and Exchange Commission) congeló las cuentas de Stanford International Bank, la consultora Stanford Capital Management y Stanford Financial Group Co, de Robert Allen Stanford, acusado de vender certificados de depósitos por 8 mil millones de dólares –un entramado financiero fraudulento que afectó a miles de clientes, entre ellos, a un número impreciso de mexicanos.

Un día después de esa medida, algunos inversionistas mexicanos entraron en pánico, pues manifestaron que ignoraban que sus inversiones iban, desde hacía años, a operaciones offshore en la Isla de Antigua y en Estados Unidos.

Aseguran que sus asesores no les advirtieron de los riesgos que corrían sus inversiones, tampoco que no estaban autorizadas por la CNBV.

Rodríguez López explica que Stanford Fondos llegó a México en 2001 –con oficinas en Nuevo León, Guadalajara y Puebla– y se le autorizó operar hasta 2005. Esa empresa aceptaba inversiones de las personas para trabajar en fondos de inversión nacionales. La mayoría de esas inversiones –alrededor de 70 millones de pesos– se dirigieron a sociedades de inversión en el país. El problema estuvo en que los asesores recomendaban a algunos inversionistas invertir su dinero en dólares a través del Stanford International Bank y el Stanford Financial Group Co, con la oferta y la promesa cumplida de inversiones en dólares con tasas de interés muy altas.

Omisiones en la vigilancia

A decir de la propia autoridad, la CNBV desconocía que esa institución colocaba papeles e inversiones en moneda extranjera. Rodríguez López señala: “No creo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo haya ignorado”.

Agrega que en México esa operación constituye un fraude que obliga a preguntar cuántas empresas están en circunstancias similares y quiénes están detrás de ellas. En opinión de la investigadora “es clarísimo que hay lavado de dinero”, porque la CNBV no dice quiénes se acercaron a pedir su asesoría, cuánto fue lo que se manejó en dólares y en qué tipo de papeles invirtieron.

En contraste, Carlos Galván Téllez, director de investigación del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), estima que la información pública demuestra que la filial mexicana de Stanford Financial Group promovía inversiones y “entregaba, generaba y otorgaba” comprobantes, recibos y estados de cuenta de otros lugares del mundo a sus clientes que buscaban “no ampararse en la ley mexicana”.

Asegura que eso equivale a la actitud de alguien que compra un aparato doméstico en Estados Unidos y después viene y quiere que una tienda mexicana le haga válida la garantía.

“Lo único que Stanford Fondos hizo en México es colocar la operación en otra parte del mundo y venir y entregarle el recibo a la persona en México”.

Esas operaciones, en su opinión, “no representan un engaño” porque los inversionistas recibían comprobantes por el monto y riesgo de las inversiones que hacían en el exterior.

Explica que no se preocuparon por cumplir con el marco legal mexicano cuando obtuvieron ganancias ni cuando se trató de pagar los impuestos, por lo que es difícil “llamarse a sorpresa” cuando de motu proprio esos inversionistas buscaron el amparo de otras regulaciones y de otros regímenes de inversión. El economista asegura que, por su parte, la CNBV “sí ampara y sí regula las transacciones que hizo en pesos Stanford Fondos”.

—¿Cuánto sabían los clientes de Stanford Fondos del complejo mecanismo que utilizaba Stanford Financial Group? —Creo que bastante, pues no invertían poco dinero. Quien tiene millones de dólares en su portafolio de inversión y no lo sabe, debería saberlo; he ahí su responsabilidad.

—¿Falló la orientación al inversionista por parte de Condusef? —Ese organismo está más orientado a informar a la gente que gana un salario, a quien tiene una tarjeta de crédito y que tal vez no entiende cuál es la mejor manera de usarla; en cambio, un inversionista profesional tiene por motu proprio la obligación y el dinero para informarse, pues las operaciones sofisticadas como las offshore no las hace normalmente un obrero o una persona del servicio doméstico.

Por el contrario, la académica Patricia Rodríguez dice: “No es nuestra obligación tener esa cultura financiera, pues el bajo nivel de escolaridad del promedio de los mexicanos no lo permite”. En cambio, es función de las instituciones financieras difundir con un objetivo ético los servicios que prestan, los precios y los costos de cada uno de ellos, agrega. La información pública de la CNBV indica que su misión es responder “de manera oportuna con regulación y supervisión eficaz” para procurar la estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades financieras.

Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

En respuesta, el organismo envió sus boletines que emitió en febrero pasado.

Otra institución con responsabilidad es la Condusef (Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros), cuya normatividad la obliga a realizar dos tipos de acciones: preventivas (orientar, informar, promover la educación financiera) y correctivas (atender y resolver quejas de usuarios de servicios y productos financieros). Esta comisión debe también “fomentar la educación financiera entre la población”, así como buscar siempre una relación justa y equitativa entre los usuarios y las instituciones financieras.

Luis Pazos

Vulnerabilidad en el sistema

Tras el escándalo internacional del caso Stanford Fondos, la CNBV “recordó” que las distribuidoras de sociedades de inversión en México tienen prohibido solicitar la obtención de recursos (captar recursos) para realizar depósitos en instituciones de crédito del exterior o inversiones a través de casas de bolsa extranjeras.

Indicó que estas distribuidoras sólo están autorizadas para comprar y vender acciones de sociedades de inversión mexicanas, así como para ejecutar órdenes para la compra y venta de tales acciones.

Stanford Fondos figura como la única distribuidora de sociedades de inversión en la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, AC (AMIB), una institución no lucrativa fundada en 1980 con la misión de “promover el crecimiento, desarrollo y consolidación del mercado de valores”, y donde participan todas las casas de bolsa autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNBV, además de 34 operadoras de sociedades de inversión, tres brokers y el Centro Educativo del Mercado de Valores.

El 4 de marzo Marcos Martínez Miguel, presidente de la AMIB, aseguró que en México todos los fondos de inversión “operan con transparencia”.

En su opinión, lo que falló en esa distribuidora fue “que la gente viera dónde estaba invertido su dinero y que a través de tantos fideicomisos y leyes extranjeras ha llegado a pasar esto”.

Para la investigadora Patricia Rodríguez, el caso Stanford permitió conocer la actitud omisa de actores clave del sector financiero, como la autoridad y las empresas calificadoras.

Estas últimas se especializan en analizar el trabajo de esas firmas. “Es por ellas que tiene coherencia la autorregulación”.

De las investigaciones en el caso de Stanford Fondos se derivó un segundo caso: el boletín informativo 010/2009 –que emitió la CNBV el 26 de febrero– indica que las autoridades financieras “ya detectaron dos nuevos asuntos relacionados presuntamente con operaciones ilícitas en los mercados financieros”.

Uno de ellos es el de la sociedad financiera de objeto múltiple y entidad no regulada InverBan, SA de CV, que no forma parte del sistema bancario mexicano y, como tal, “no cuenta con autorización para captar recursos del público”. Guillermo Babatz exhortó a la población a que evite llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto.

Crece la informalidad

Stanford Fondos e InverBan escaparon al seguimiento de la CNBV y de la Condusef. Por ello, Rodríguez López pregunta: ¿cuál es la situación de las entidades que funcionan paralelamente en el mercado financiero nacional y que pertenecen al llamado sector financiero informal? Explica que un gran número de esas sociedades ni siquiera está identificado por las autoridades y, aunque funciona paralelamente en el mercado financiero nacional, no está regulado, como ocurre con las cajas de ahorro y las casas de empeño.

La idea bajo la que trabajan esas sociedades es la de obtener una tasa de interés: prestan dinero y operan en nichos de mercado de muy poco ingreso.

No obstante, ninguna institución del Estado informa cuáles son las reglas bajo las que operan ni a qué entidad corresponde tener información sobre ellas; es decir –apunta la especialista en finanzas–, las autoridades “no nos dicen cuáles son sus regulaciones y cuál es el seguimiento que dan a sus operaciones la CNBV y Condusef; cuáles están bien manejadas o no”.

En opinión del investigador del ITAM Carlos Galván, los inversionistas deben saber que en esto “no hay comidas gratis”: ésa es la “lección” que deja este caso. En los mercados financieros el riesgo se paga con rendimiento y, al mismo tiempo, no hay rendimiento sin riesgo. Tanto los instrumentos más sencillos como los complejos responden a esa norma: no hay nada gratis y cuando alguien gana un día, al siguiente pierde.

Para Patricia Rodríguez la responsabilidad no debe reducirse a los usuarios de los servicios financieros: la CNBV, la Condusef y la misma Bolsa de Valores deben reformular la forma en que llevan a cabo sus operaciones, y si es necesario modificar la legislación para que el Estado vuelva a asumir su papel.

Y es que desde el Poder Legislativo tampoco hubo alguna prevención sobre los posibles efectos en México de las operaciones ilegales que ya se detectaban en Estados Unidos y a nivel mundial. Nada se dijo desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, que preside Jorge Estefan Chidiac Charbel, del Partido Revolucionario Institucional; tampoco desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, que preside José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional, se emitió alguna advertencia sobre el funcionamiento de esas sociedades de inversión.


Stanford Fondos: “su tranquilidad financiera”.

Hasta el 17 de febrero, los clientes mexicanos de Stanford Fondos pertenecían a una de las empresas de la red internacional de Stanford Financial Group que procuraba la “tranquilidad financiera”, como anuncia el material promocional de la empresa en México.

De acuerdo con su página electrónica, la filial mexicana asegura que “la tradición de servicio data desde 1932, cuando Lodis B.

Stanford, abuelo de nuestro presidente y director general, fundó Stanford Insurance Company en Mexía, Texas”. Sin embargo, la comisión de valores de Estados Unidos descubrió que no existe ningún documento que indique que la empresa existía antes de 1980, informó el 20 de febrero Associated Press.

También, en el portal electrónico de México se indica que a sus clientes se les proporcionan estrategias y soluciones integrales de atención mediante portafolios en los que se analiza la situación de cada cliente para definir su perfil, “cubriendo las necesidades patrimoniales más conservadoras hasta las más agresivas”.

La SEC confirmó que los “más de 20 analistas” que ofrecía Allen Stanford se redujeron, después de revisar los expedientes judiciales, a sólo él y James David, un amigo de la juventud.

El daño patrimonial que sufrieron miles de estadunidenses y clientes latinoamericanos de Stanford Financial Group (en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y México) llevó a Eric Holder, secretario de Justicia de Estados Unidos, a declarar que no descarta la posibilidad de que el hecho ocurra de nuevo.

La agencia Prensa Latina informó, el 12 de marzo, que 1 mil 400 venezolanos resultaron afectados por el fraude de la casa matriz Stanford. Según estimados, la suma total de sus inversiones supera los 1 mil 200 millones de dólares. Por el retiro nervioso de sus fondos, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones venezolanas intervinieron la filial Stanford Bank para ponerla a la venta.

Hasta ahora se desconoce cuántos mexicanos resultaron afectados por esta situación.

No obstante, se descubrió que entre los involucrados está el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Gerardo Castañeda Gutman, quien era miembro del Consejo de Asesores de Stanford Financial Group.

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