Mientras el 5 por ciento de la población económicamente activa pierde su empleo en lo que va de 2009, Felipe Calderón Hinojosa propone modificaciones a la Ley del Seguro Social para “paliar” los efectos de la crisis. La iniciativa sugiere que el trabajador se dé un autopréstamo de su ahorro para el retiro a manera de seguro de desempleo. Especialistas advierten que la propuesta del Ejecutivo pone en peligro la protección social y las pensiones de los trabajadores.

Felipe Calderón Hinojosa anunció el 9 de febrero que era momento para que los mexicanos “cerraran filas ante la compleja situación económica internacional”. Con ese propósito, presentó dos iniciativas de reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Las propuestas buscan permitir una mayor disposición de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores y aumentar las cuotas del gobierno federal a favor de las cuentas individuales. El jefe del Ejecutivo argumentó que se impulsarían acciones para que quienes pierdan su empleo “cuenten con recursos económicos para enfrentar esta situación, preserven sus derechos y el de sus familias a atención médica y tener mejores condiciones de vida”. Con este supuesto “seguro de desempleo”, los trabajadores podrían disponer de una cantidad mayor del dinero depositado en las administradoras de fondos para el retiro (Afore). Además, se trasladarían recursos de la cuenta de ahorro para vivienda a la de retiro, a fin de que adquirieran una residencia. La condición mínima para retirar dinero es haber abierto una cuenta hace tres años y tener 98 semanas de cotización. El trabajador podrá disponer de un mes de salario base. Por otro lado, el beneficiario desde hace cinco o más años de las Afore, tendrá derecho al 11.5 por ciento de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. No obstante, la “Secretaría de Salud” del “gobierno legítimo” calificó de demagógicas las iniciativas. A decir de la oficina, “el trabajador se hace un préstamo a sí mismo y disminuye el monto de su cuenta, desde antes insuficiente para garantizar su pensión”. El número de semanas cotizadas también se reduce. Concluye así que el tiempo de trabajo para acceder a seguridad social se prolongará. Prevé que pocos trabajadores hagan efectivo su “autopréstamo” y sólo aquellos que han mantenido la estabilidad en su empleo puedan acceder a lo propuesto por el Ejecutivo. “La iniciativa no resuelve la problemática de la protección de los desempleados en México e incluso aleja la perspectiva de contar con una pensión y servicios médicos en el futuro”. Abunda que el 30.7 por ciento de los trabajadores asegurados goza de un salario base de dos salarios mínimos, por lo que sólo recibirá 3 mil 288 pesos, según la iniciativa. Mientras, el 23.5 por ciento, que absorbe un salario de tres salarios mínimos, tendría derecho a sólo 4 mil 932 pesos, que “dividido entre seis meses corresponde al 50 por ciento de su sueldo base”. Califica de falsa la afirmación sobre que las 39 millones de cuentas registradas con las Afore accedan al pago por desempleo, toda vez que la mayoría tienen problemas. Según el “gobierno legítimo”, sólo 17 millones del total estaban activas, las 22 millones restantes no. Ello, considera, se debe a que hay trabajadores que tienen varias cuentas con pequeñas variaciones en sus datos personales y los trámites para unificarlas son “infranqueables”. Especialistas están de acuerdo en la falta de efectividad de la propuesta. Aseguran que el sistema de protección social para los trabajadores requiere ser reestructurado.

Desprotección para trabajadores

En febrero, la tasa de desocupación en México ascendió a 5 por ciento de la población económicamente activa (PEA), es decir, 2 millones 260 mil personas. Las cifras, según datos de la prensa, son las más altas desde 2000. La tasa de hombres sin empleo pasó de 4.08 a 4.84 por ciento. A su vez, la de mujeres se elevó de 3.97 a 5.96 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la población desocupada se elevó en 415 mil 800 personas respecto a la registrada en enero de 2008. De esta manera, 2 millones 57 personas con experiencia y 201 mil 400 que se incorporaron por primera vez al mercado laboral perdieron su empleo. Dentro de la población subocupada, el 7.1 por ciento de la PEA declaró tener necesidad y disponibilidad para laborar más horas. En tanto, el 7.5 por ciento se declaró ocupada, es decir, que tiene oportunidad para desarrollar otra actividad. Cifras del “gobierno legítimo” definen que 25.5 millones de mexicanos están fuera de la seguridad social, en tanto que el 70 por ciento de los trabajadores asegurados se encuentran en situación de pobreza. Refiere que un informe de gestión del Instituto Mexicano del Seguro Social indica que el 57 por ciento de los asegurados gana hasta tres salarios mínimos y otro 13 por ciento, cuatro. Con resultados obtenidos por un estudio del Instituto Tecnológico de México, la “Secretaría de Salud” del “gobierno legítimo” señala que el 58 por ciento de los trabajadores no podrá cubrir el tiempo mínimo de cotizaciones para una pensión de retiro, mientras que el 45 por ciento no tendrá acceso a la salud, una vez concluida su vida activa. “Con la iniciativa –predice la oficina– se incrementarán estos porcentajes”. Asa Cristina Laurell, “secretaria de Salud” del “gobierno legítimo”, observa que los trabajadores se enfrentan a una situación crítica, pues “se destruye el acceso a una pensión y a la apertura de servicios públicos. Es una propuesta perversa”. Advierte que de aprobarse la iniciativa de Calderón Hinojosa, las pérdidas de empleo formal pondrán en riesgo los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al respecto, apunta que el déficit del Seguro Social para operar su infraestructura y sustituir su equipo en 2007 era de 40 mil millones de pesos. Para Laurell, es necesario rescatar los fondos de pensiones de los trabajadores del sector financiero privado, “de lo contrario quedarán en el desamparo”. Propone que se reestructure el sistema de seguridad social, se regrese al antiguo sistema de reparto o se instrumente una pensión universal. “Hay que encontrar una solución que garantice las pensiones. El tema de fondo es la capitalización individual. Tendría que crearse un organismo de pensiones, administrado por el Estado, donde el régimen de reparto sea colectivo, porque las aseguradoras sólo funcionan para su ganancia”. Expone que el “seguro de desempleo” sugerido por el presidente no puede ser la directriz. En su lugar, comenta, es necesario un programa emergente de apoyo a los desempleados. Opina que “no es adecuado que se haga a partir de la seguridad social porque no todos cuentan con ella. Habría que revisar el modelo económico que se adoptó”. Patricia Kurczyn, especialista en derecho social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), menciona que el paquete de reformas ocasionará problemas de financiamiento cuando el IMSS deje de tener la cantidad de personas que cotizan debido al desempleo. Expresa que “soluciona el problema de inmediato, pero no en definitiva. Es un paliativo momentáneo”. La académica subraya que la Constitución Política obliga al Estado a crear la infraestructura económica necesaria para resolver las necesidades. Sin embargo, explica, México sólo cumple siete de las nueve contingencias que la Organización Internacional del Trabajo propone en caso de crisis. Las faltantes tienen que ver con el desempleo y responsabilidades familiares. Patricia Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la UNAM, asegura que con la crisis está en riesgo el bienestar social. Aunque dice que en un momento de excepción como el que vivimos se deben tomar medidas urgentes para asegurar los niveles de ingreso, anota que la propuesta del Ejecutivo “afecta la vida productiva del trabajador”. Agrega que hay maneras de apoyar al programa de pensiones, como dar condiciones a la pequeña y mediana empresa, que aporta el 80 por ciento del empleo en México. Cita el caso de Chile, donde el sistema privado de pensiones fue insuficiente y se tuvieron que instaurar medidas para completar la jubilación de los trabajadores. Debido a la crisis, prevé, la demanda agregada y el subsidio al bienestar social se verán afectados. A largo plazo, dice, el endeudamiento del Estado repercutirá en una contracción del gasto social: “En este momento cualquier propuesta es importante, no obstante se debe insistir en evaluar y profundizar los programas y, si es necesario, cambiarlos para que sea eficiente su gasto”.

Reformas permiten saqueo

El 26 de marzo de 2008, las secretarías de “Salud” y del “Trabajo” del “gobierno legítimo” pronosticaron, en un comunicado, que, con la entonces aprobada modificación a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, las administradoras ganarían hasta 16 mil 500 millones de pesos. Estimaron que sus ingresos crecerían 7.3 veces más que lo que hubieran recibido con el sistema anterior. La reforma estipuló que las Afore cobraran comisiones por administrar la cuenta del trabajador sobre el ahorro y no sobre cada depósito. De este modo recaudarían del 1.18 al 3.3 por ciento por cada trabajador, incrementando así su cobro hasta en un 1 mil 400 por ciento. El “gobierno legítimo” menciona que en 1997 las Afore retenían el 20 por ciento por cada depósito realizado y un porcentaje bajo sobre los ahorros, obteniendo ganancias por 841 mil 601 millones de pesos. En un boletín del 13 de diciembre de 2008 las oficinas advirtieron que otra reforma le otorgaba mayor flexibilidad a las sociedades de inversión de fondos para el retiro (Siefore), que invierten los recursos administrados por las Afore en papel gobierno y en los mercados financieros internacionales. El cobro iría en aumento hasta ser más alto que el depósito, es decir, que el trabajador seguiría contribuyendo mientras su capital disminuía. Destacaron que el esquema de inversión o Siefore de acuerdo a la edad del ahorrador, propuesto por la modificación, permitía mayores riesgos con los fondos de los más jóvenes. Al respecto, en comunicado del 27 de enero de 2009, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que la Siefore 5, donde se inscriben los empleados de 26 años y menores, registró beneficios por sólo 0.36 por ciento. En contraste, la Siefore 1, para trabajadores de 56 años o más, arrojó utilidades por 2.36 por ciento. Las Afore –señala el IMCP– tuvieron su peor año en 2008, con rendimientos negativos de entre 1.93 y 11.20 por ciento. “Para los expertos, la situación financiera internacional es la responsable de las minusvalías”, según el instituto. La académica del IIEC, Patricia Rodríguez, opina que la pérdida de capital de las Afore afectará a los futuros pensionados: “En la crisis de 1929, la bolsa recuperó su nivel hasta después de 10 años; es un riesgo que las Afore coticen en la bolsa en estos momentos. No es posible que las instituciones tengan ganancias importantes, cuando pierden dinero y eso puede provocar que las pensiones sean afectadas dentro de 10 o 15 años”. A su vez, la jurista Patricia Kurczyn considera que las ganancias de las administradoras no se reflejan en las utilidades de los trabajadores. Expone que pese a que no hay una regulación eficiente y hay fugas importantes de dinero, las Afore encarecen sus servicios en la administración de los ahorros.

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