La Secretaría de Salud y Banobras pagan más de 60 millones de pesos por servicios de “asesoría” en la privatización del sistema de salud nacional. Compañías extranjeras son contratadas para respaldar el modelo de financiamiento Proyecto de Prestación de Servicios, con el cual el gobierno entrega hospitales y servicios a la iniciativa privada. Las consultorías Currie & Brown y White & Case se embolsan 29 millones 145 mil 596 pesos por justificar la realización de proyectos fracasados en Europa.

La Secretaría de Salud (Ssa) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) contratan servicios de consultoría por más de 60 millones de pesos, para respaldar la “privatización” del sistema de salud en México. Entre las firmas se encuentran las trasnacionales Currie & Brown, de origen inglés, y la estadunidense White & Case, que obtuvieron casi el 50 por ciento del dinero. Desde la administración de Vicente Fox se comprometieron recursos por 61 millones 885 mil 139 pesos, con ocho consultorías, para que avalaran el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). El esquema financiero se basa en la firma de contratos multianuales entre el gobierno federal y la iniciativa privada para la construcción de hospitales, tramos carreteros y universidades, sin que el Estado tenga el control total de las obras. De acuerdo con una línea de investigación que lleva a cabo la “Secretaría de Salud” del llamado “gobierno legítimo de México”, a cargo de Asa Cristina Laurell, los PPS han fracasado económica, social y laboralmente en los sistemas sanitarios de España e Inglaterra. En el sector salud, el gobierno federal ya ha entregado más de 7 mil millones de pesos (revista Contralínea, periodismo de investigación, número 122) para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y del Bajío (León, Guanajuato). Las compañías ganadoras, Infraestructura Hospitalaria del Noreste y Acciona, están relacionadas con los partidos políticos de derecha en México y España: el Partido Acción Nacional y el Partido Popular. La Ssa, actualmente encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, ha anunciado que el esquema de inversión público-privado está trazado para los 10 HRAE, que al año 2012 podrían detonar en una deuda de más de 40 mil millones de pesos, con sus respectivos intereses.

El gasto

Para la asignación de recursos, el gobierno federal utilizó 17 millones 62 mil 581 pesos del capital del Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), que opera Banobras. En tanto que del presupuesto asignado a la Ssa fueron empleados 44 millones 882 mil 558 pesos. El Finfra fue creado el 7 de diciembre de 1995 para apoyar “temporalmente” proyectos nuevos dedicados, directa o indirectamente, a actividades productivas. Establece en sus Reglas de operación que podrá apoyar, cuando así se requiera, la elaboración de contratos, convenios, estudios y documentos de carácter legal, técnico, socioeconómico y financiero, mediante la contratación de especialistas. Ambas instituciones fueron asesoradas para instrumentar los PPS por las empresas extranjeras Currie & Brown International Limited y White & Case. De las empresas y bufetes de capital nacional se negoció con Mancera, Ernest & Young; Forma y Concepto; Imagen, Mantenimiento y Arquitectura; Desarrollo, Tecnología y Planeación; Bufete de Arquitectos y Urbanistas, y Jauregui, Navarrete, Nader y Rojas.

Las firmas

Currie & Brown fue la que más ganancias obtuvo. Es la encargada de asesorar todos los PPS que pretende instrumentar la Ssa. Según el contrato DGDIF/DEEF/S/AD/002/2005, se le asignaron 20 millones 998 mil 996 pesos, con vigencia del 5 de abril de 2005 al 31 de diciembre del mismo año. La compañía inglesa fue representada en México por David Arthur Broomer. Mientras, por parte de la institución pública, los responsables de celebrar el contrato fueron los directores generales de Desarrollo de la Infraestructura Física, Arturo Pérez Estrada; de Evaluación de Proyectos, Carlos Eduardo Mar Pérez; de Evaluación Económica Financiera y Evaluación Técnica-Jurídica, Orso Nunez Ruiz, y el director general adjunto de Evaluación y Proyectos, Carlos Juan Aguilera Flores. El compromiso que signaron corresponde a la realización de servicios consistentes en asesoría especializada, coordinación, supervisión e integración de las actividades y productos requeridos para el desarrollo e instrumentación de los proyectos de HRAE. Información de Currie & Brown indica que “la participación de los sectores público y privado es vital para expandir la infraestructura económica y social que requiere el desarrollo sostenido del país”. Le sigue White & Case con 8 millones 146 mil pesos, provenientes del presupuesto de la Ssa, para prestar asesoría legal para el desarrollo e instrumentación de los HRAE en Acapulco, Culiacán, Chihuahua, Ecatepec, Querétaro, Tampico y Torreón. El contrato DGDIF/DGAEP/DEEF/S/I/004/009/2005 fue convenido para realizarlo del 23 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de ese año. Mancera, representado por Gabriel Mancera Arrigunaga, ganó 7 millones 769 mil 597 pesos. El pago fue cubierto mediante recursos del Finfra, para los estudios de factibilidad, costo-beneficio social, estructuración técnica, financiera y asesoría jurídica de los PPS. Bufete de Arquitectos y Urbanistas fue el encargado de proporcionar a la Ssa asesoría técnicafinanciera, lo que significó un costo de 6 millones 114 mil 550 pesos. Así lo indica el documento DG- DIF/DGAEP/DEEF/S/I/001/006/2005, que tuvo una duración de 221 días, a partir del 23 de mayo de 2005. Desarrollo, Tecnología y Planeación pactó con la Ssa el pago de 4 millones 945 mil pesos para la prestación de servicios de asesoría técnica financiera de los HRAE de Ecatepec y Tamaulipas. Más de 9 millones de pesos se los llevaron otras dos empresas mexicanas. De la Ssa, Imagen, Mantenimiento y Arquitectura recibió 4 millones 617 mil 412, por la asesoría técnico-financiera para los HRAE de Querétaro y Acapulco. Forma y Concepto obtuvo del Finfra 4 millones 292 mil 986 pesos por la asesoría, participación revisión y supervisión de los PPS. En tanto, el despacho Jauregui, Navarrete, Nader y Rojas, representada por Gabriel Navarrete Alcaraz y Michell Nader Schekaiban, fue contratado por 4 millones 999 mil 998 pesos, para la prestación de servicios en asesoría legal, que respaldara los “programas piloto” de los PPS.

Proyecto mexicano

El 23 de marzo de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, y la Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo), bajo el mando de Francisco Barrio Terrazas, hicieron oficial la aprobación de los PPS. Los argumentos fueron: “Optimizar el gasto público federal y encausar la participación de la iniciativa privada en los proyectos de desarrollo que se requieren en el país y que, por razones presupuestales, el gobierno federal está impedido para efectuar directamente”. Los contratos, de los que tiene copia Fortuna, indican que los proyectos son considerados por el gobierno federal como “programas piloto”, en razón de que no se tienen antecedentes al respecto. Ésta fue la justificación para que se contrataran consultorías de “prestigio internacional” que hayan participado en la instrumentación de los PPS en otros países. Asa Cristina Laurell asegura en entrevista que la entrega de los proyectos a la iniciativa privada es un gasto excesivo, pues un hospital del mismo tipo podría significar el pago de 500 millones de pesos bajo el control total de la administración pública. La exsecretaria de Salud del gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, critica que los argumentos para entregar los servicios de salud a las empresas se sustenten en un problema de liquidez, pues el Seguro Popular tiene un fideicomiso para gastos catastróficos e infraestructura, que a finales de 2008 contaba con 14 mil millones de pesos de superávit. Con ese presupuesto, dice, “se pudieron edificar 28 hospitales de la misma magnitud en todo el país”.

“Desarrollo” institucional

De acuerdo con el documento Desarrollo de infraestructura en salud 2007-2012, presentado en agosto de 2008 por el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, la dependencia tiene proyectada una inversión pública-privada para la construcción de 10 HRAE en el país, mediante el esquema de los PPS. El plan de la Ssa indica que mientras los PPS del Bajío (León Guanajuato) y Ciudad Victoria (Tamaulipas) están en operación y desarrollo, los de Querétaro, Torreón, Culiacán, Acapulco y Chihuahua se encuentran en vías de autorización; el de Ixtapaluca (Estado de México), en proceso de licitación; y los de Cancún y Mexicali se encuentran en estudio. Información de la SHCP dice que los PPS corresponden al modelo de Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI), “un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público y privado”, que se comenzó a desarrollar en el Reino Unido a partir de 1992. “En los proyectos PFI, el sector público firma un contrato a largo plazo para la prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien diseña, financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos servicios”, indica la SHCP en su página de internet. A cambio de los servicios, explica la SHCP, el inversionista recibe un pago registrado como “gasto corriente” por el gobierno federal, y tiene “prioridad” en el proceso de presupuestación. Asa Cristina Laurell, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de 1988 a 2001, asegura que éste es el inicio de un proyecto de privatización de los servicios de salud, que responde a las recomendaciones del Banco Mundial para incluir al sector privado en la prestación de servicios sanitarios y, también, en la administración de los recursos. Se solicitó entrevista con el titular de la Ssa, Córdova Villalobos, y con las empresas Currie & Brown, White & Case, Mancera, Bufete de Arquitectos y Urbanistas, Imagen Mantenimiento y Arquitectura; sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta. Vanessa Franyutti, asesora legal de los PPS por el despacho Jauregui, justifica a estos proyectos como “benevolentes”. Asegura que el esquema abarata la construcción de obra pública con mayor calidad. Respecto de los eñalamientos de la privatización del sistema de salud, indica que son “una tontería”.

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