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México está reprobado en rendición de cuentas, según el Índice de presupuesto abierto 2008. Los 85 países estudiados obtuvieron 39 de 100 puntos en transparencia. La organización internacional encargada de la evaluación advierte que ello permite el uso inapropiado de recursos públicos, disminuye la legitimidad y el impacto de las iniciativas para combatir la pobreza.México reprueba en transparencia del gasto público, según el Índice de presupuesto abierto 2008. El país recibió una calificación de 54 puntos y se coloca en el lugar 28 de entre 85 países estudiados. Está por debajo de países como Brasil, Perú, Botswana y Rumania.
No obstante, mejoró su desempeño respecto de 2006, cuando obtuvo 50 puntos. El informe México: índice de presupuesto abierto 2008, publicado el 2 de febrero, advierte que la información no es exhaustiva; la discusión y negociación del presupuesto sigue llevándose lejos de la luz pública y no hay incentivos para mejorar las condiciones de la información o abrir el acceso al Congreso.
La organización encargada de la evaluación, denominada Índice de Presupuesto Abierto (IPA), tiene como objetivo fortalecer la participación de la sociedad civil en los procesos, instituciones y resultados presupuestarios de sus países. A su vez, utiliza el mismo término para referirse a los resultados de sus mediciones comparativas de la rendición de cuentas gubernamental en 85 países.
A través de la Encuesta de presupuesto abierto, aplicada a especialistas y académicos, el IPA evalúa el acceso, la cantidad, oportunidad y perspectiva de información sobre el gasto público y todos sus actores. Entre las asociaciones civiles que la conforman se encuentra Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El sondeo concluyó que México no rinde cuentas sobre la base gravable (distribución y el impacto fiscal de los impuestos más importantes en la economía), los montos y composición de la deuda total contraída, el comportamiento y tendencias de los ingresos tributarios y no tributarios y los pasivos contingentes del gobierno, especialmente sobre pensiones.
Asimismo, carece de información exhaustiva y útil que permita evaluar el desempeño del gasto, y conocer los activos financieros y no financieros de dependencias, órganos autónomos y paraestatales; los fideicomisos constituidos con recursos públicos; el desempeño de la economía a lo largo del ejercicio fiscal y su impacto en la recaudación, y las acciones seguidas por el gobierno como respuesta a las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Respecto de la información presupuestaria que el gobierno mexicano sí hace pública, el IPA reprobó la propuesta del Ejecutivo con 45 y los informes de gobierno con 57. Pese a que el Índice sí observa que los documentos son entregados oportunamente, hay otros que son presentados mucho tiempo después.
Tal es el caso del informe del máximo órgano fiscalizador, que fue calificado con 67 puntos. Esa puntuación también fue atribuida al proyecto preliminar y los análisis semestrales. El puntaje mayor corresponde a los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que obtuvieron 100 puntos.
El Índice refiere que menos de la tercera parte del gasto neto total es auditada por la ASF, órgano que “enfrenta restricciones financieras y no tiene mecanismos formales de comunicación con la ciudadanía”.
En el tema de participación ciudadana, el Índice menciona que México tiene camino por recorrer, en especial durante la aprobación del presupuesto por el Legislativo. Ejemplifica que el Ejecutivo no consulta de manera formal al Poder Legislativo ni al público para determinar las prioridades en gasto público antes de presentar su propuesta ante el Congreso.
“Aunque –aclara el indicador– sí existen mecanismos de participación del Legislativo durante la negociación del presupuesto, la experiencia nos indica que las decisiones finales son cupulares y opacas”.
El Índice sugiere que las instituciones de contrapeso deben consolidarse para garantizar la rendición de cuentas. Por un lado, el Congreso tiene que abrir sus puertas y promover la participación de distintos actores y transparentar el proceso; por el otro, la ASF deberá contar con los recursos necesarios para ampliar sus capacidades y realizar más revisiones en tiempo y forma.
Región reprobada
La falta de transparencia en países de América Latina, documentada por el Índice, “socava la consolidación de Estados democráticos”, según el indicador. El “Análisis para la región México, Centroamérica y República Dominicana” del Índice deduce que a los países de la zona los caracteriza la mediocridad. Anota que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana reprobaron en rendición de cuentas.
Aunque han avanzado en leyes sobre acceso a la información, el Índice expone que no cuentan con al menos dos documentos presupuestarios, ya sea porque no se producen o no se publican. De esta forma, en ningún país de la región, excepto México, se realizan análisis semestrales del gasto público.
En El Salvador y Nicaragua los informes de auditoría son sólo para uso interno. Mientras, en Honduras y República Dominicana, lo mismo sucede con las propuestas de presupuesto del Ejecutivo. Dichos proyectos, agrega el Índice, carecen de información importante que le dé contexto al presupuesto y que permita realizar un seguimiento y evaluación.
De los siete países de la región, únicamente México y El Salvador presentan información previa al presupuesto, es decir, las condiciones y estimaciones con las que se construyó. Sólo en ambos países las legislaturas realizan audiencias con representantes de las dependencias del gobierno donde se permite la intervención del público.
En México y en Costa Rica el Ejecutivo presenta un informe para seguir las recomendaciones de un auditor. El Salvador es el único en la región que produce un presupuesto ciudadano, un resumen de fácil comprensión para el público.
Honduras y República Dominicana son los peor calificados de la región, con 11 de 100 puntos. El Índice expone que el primero redujo su evaluación 27 puntos respecto de 2005, debido a que no se presentó en 2007 el proyecto de presupuesto del Ejecutivo. “Esto –explica la evaluación– significa que los ciudadanos no tienen una visión completa de los planes del gobierno sobre ingresos y gastos para el año siguiente, aún con la codificación del derecho a la información gubernamental”.
El IPA expone que “es difícil” dar seguimiento al gasto, la recolección de impuestos y los préstamos y evaluar el desempeño fiscal. Pese a que los gobiernos publican informes, les faltan “detalles importantes”. Considera que los informes de auditorías también son muy limitados. En República Dominicana la situación se repite y los informes sólo recogen menos de dos tercios del total del gasto.
En rendición de cuentas, Nicaragua obtuvo 18 puntos y El Salvador, 37, pues proveen poca o mínima información al público. Entretanto, Costa Rica alcanzó una calificación de 45. Los resultados del Índice observan que la independencia de las instituciones superiores de auditoría en Guatemala y Nicaragua es limitada. Por el contrario, en Costa Rica y El Salvador mantienen un moderado y alto nivel de discreción al decidir qué fiscalizaciones realizar.
“Estos hallazgos demuestran que aún queda mucho por hacer en los campos del acceso a la información presupuestaria y de la participación, y que si la transparencia no es garantizada, todos los logros se pueden perder”, previene el Índice.
Resultados críticos
La Encuesta de presupuesto abierto 2008 del Índice revela que el estado de transparencia en 85 países es deplorable. Advierte que “ello permite el uso inapropiado, derrochador e incluso corruptor de fondos públicos”. Además, disminuye la legitimidad y el impacto de las iniciativas para combatir la pobreza.
Y es que el 50 por ciento de los 85 países analizados proporciona información mínima al público: “La opacidad resultante permite a los gobiernos esconder el derroche, gastos poco populares y onerosos o al margen de la ley”. Así dedujo que el puntaje promedio del Índice 2008 es de 39 sobre 100.
El estudio verificó que sólo cinco de los 85 países estudiados (Francia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos) ofrecen información extensa, “como lo exigen las buenas prácticas de administración financiera”.
Del total, 68 no proveen información exhaustiva, oportuna y útil para entender, vigilar y participar en el presupuesto. En tanto que 25 entregaron poca o ninguna información y el 60 por ciento produce al menos un documento que no se hace público.
El Índice observa que, en su mayoría, los países menos trasparentes se ubican en el Medio Oriente y en África, al norte y en la región subsahariana. Estas zonas obtuvieron un puntaje de 24 y 25 puntos de 100, respectivamente.
Define que los países peor calificados son de bajos ingresos y dependen de manera importante de ayuda extranjera. También tienen instituciones democráticas débiles o están gobernados por regímenes autocráticos.
El Índice determinó que la mayoría de los países entregan mucho menos información durante las etapas de formulación, ejecución y auditoría del proceso presupuestario. “Esto evita que el público pueda participar en la definición de políticas y prioridades, a manera de mejorar el rendimiento del gasto y reducir la corrupción”. Incluso en países como China, Guinea Ecuatorial, Arabia Saudita y Sudán el presupuesto aprobado no se publica.
A los resultados se suma que en la mayoría de los 85 países las legislaturas tienen capacidad muy limitada para revisar la propuesta de gasto público del Ejecutivo y seguir su instrumentación.
Tampoco las instituciones superiores de auditoría tienen suficiente independencia o financiamiento para llevar a cabo su función. Con frecuencia, anota el Índice, no hay mecanismos para constatar que el Ejecutivo aplique las recomendaciones de los órganos fiscalizadores.
ASF detecta opacidad en informes trimestrales
La Evaluación de los informes trimestrales de los resultados de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, de la revisión y fiscalización superior a la cuenta pública 2006 hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señala que no se identificó la eficiencia, costos y calidad de la Administración Pública Federal (APF) y el impacto social del gasto público 2006.
Según el artículo 76 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2006, con información remitida por dependencias y entidades, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) integrarían un reporte trimestral de los resultados sobre el ejercicio presupuestario.
Durante ese año, la SFP revisó 249 instituciones y evaluó 36 que manejaron el 80 por ciento de los recursos. A su vez, determinó analizar el comportamiento de gasto y cumplimiento de metas presupuestarias en las secretarías de Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, Energía, Relaciones Exteriores, Economía, y en la Comisión Nacional del Agua.
El máximo órgano de fiscalización constató que los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública y el “Anexo del avance físico de programas aprobados 2006”, entregados por la SHCP, carecían de indicadores para medir el impacto social del gasto público; la ejecución de los programas y presupuestos, y las observaciones y acciones realizadas cuando no se cumpla o se rebasen las metas. De haberlos, éstos permitirían realizar el seguimiento del ejercicio de recursos de las seis dependencias seleccionadas.
La auditoría 06-0-06100-06-334 comprobó que la SFP instrumentó un sistema de semaforización en los apartados del presupuesto por apertura programática y comportamiento del gasto. Aunque les permitió evaluar la consecución de las metas, no lo hizo con la calidad en la administración pública, los costos y el impacto social, en contravención al artículo 76 del PEF.
La ASF emitió recomendación para que la Función Pública y la Secretaría de Hacienda instruyan a quien corresponda para que se perfeccione la integración de los informes trimestrales, a fin de registrar con mayor precisión los avances de la APF, y se establezcan sistemas de evaluación para identificar la participación del gasto público en el logro de objetivos de cada programa. (PM)
Fuente: Revista Fortuna | No. 73 | 15 de febrero de 2009 | México
