El pasivo que enfrenta Pemex por juicios laborales supera los 11 mil millones de pesos; por los laudos perdidos de 2004 a mediados de 2008, la paraestatal pagó más de 800 millones de pesos. Pese a las contingencias, la petrolera del Estado mexicano continúa con los despidos injustificados, sobre todo por “razones políticas”, denuncian trabajadores afectados.

Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta 21 mil 832 juicios laborales que representan un pasivo para sus finanzas –por montos reclamados– de al menos 11 mil 672 millones 242 mil 820 pesos, consta en la respuesta a la solicitud de información 1857200073808.

Pese al monto involucrado, la Gerencia Jurídica Laboral de la Oficina del Abogado General (OAG) no ha realizado estudios, investigaciones o análisis relacionados con la contingencia que le representan a la paraestatal estos laudos, según la información proporcionada por Pemex a Fortuna.

Ello, a pesar de haber perdido 2 mil 152 juicios entre el 1 de enero de 2004 –fecha desde la cual se lleva registro en la OAG– y el 23 de mayo de 2008. La merma por estos casos ascendió a 839 millones 487 mil 536 pesos, y consistió en la cobertura de salarios caídos y compensaciones.

Tras años de litigar sus asuntos en las juntas de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores no sólo cobraron resarcimientos que van desde 1 mil pesos hasta poco menos de 12 millones de pesos, sino que fueron reinstalados en sus puestos.

Para algunos funcionarios afectados, el problema es que los despidos no tienen justificación: en algunas ocasiones se trata de generar plazas para “amigos” y en otras de reprimir las actividades políticas y de defensa de los derechos laborales, explican.

Los datos obtenidos por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no incluyen los gastos sufragados por la Oficina del Abogado General para enfrentar los juicios, que pueden durar más de 10 años.

Al 31 de marzo de 2008, la paraestatal contaba con 142 mil plazas ocupadas: 113 mil 755 de personal sindicalizado y 28 mil 244 de confianza, indicó Jesús Reyes Heroles a los miembros del Consejo de Administración de Pemex el 9 de junio del año pasado, durante la 788 sesión ordinaria.

Explicó que de ese total, 127 mil son definitivas y 14 mil 200 temporales. Sin explicar el porqué, añadió que en la subsidiaria Pemex Refinación se había registrado la reducción de 824 plazas, “principalmente temporales”.


Resarcimientos millonarios

De los 2 mil 152 trabajadores que ganaron a Pemex los laudos, tres obtuvieron compensaciones mayores a los 11 millones de pesos; cuatro más recibieron entre 5 y 6.8 millones de pesos; y otros 190, de 1 millón a 3.9 millones de pesos.

El juicio más caro se resolvió el 27 de abril de 2007 a favor de Félix Márquez López, operador especialista con sueldo diario de 2 mil 67 pesos. Su expediente se identificó con el número 00244/2003-36 y exigió la reinstalación por rescisión. Pemex, que fue representado por la abogada Guadalupe Soriano Rosas, pagó salarios caídos por 11 millones 754 mil 546 pesos.

Le sigue el litigio 00036/1998-19. Tras nueve años de exigir su reinstalación por cancelación de plaza de confianza, el 14 de marzo de 2007, Juan Manuel Ramírez Cantú ganó el laudo y la paraestatal le pagó 11 millones 369 mil 194 pesos. El salario diario del trabajador era de 3 mil 521 pesos.

Doce años después de iniciar el juicio laboral 00516/1994-36, el 24 de agosto de 2006, Héctor Luis Castillo Flores fue compensado por la petrolera con 11 millones 120 mil 560 pesos. Al momento de su despido, ocurrido en septiembre de 1994, éste se desempeñaba como administrativo F. Para efectos del juicio, su salario fue reconocido en 2 mil 632 pesos diarios.

El juicio más económico corresponde al expediente 00236/2000-38, interpuesto por Óscar Enrique Rodríguez en contra de la petrolera el 12 de mayo de 2000. Éste fue resuelto el 12 de mayo de 2006, con una compensación para el trabajador de apenas 1 mil 79 pesos. El salario del “operador de segunda plantas” fue reconocido en 159 pesos al día.

Despidos injustificados

En octubre de 2007, Pemex impuso un nuevo modelo de contrato individual de trabajo (CIT) para el personal de confianza, tanto del Corporativo como de los organismos subsidiarios. La justificación: “Dar mayor certidumbre jurídica a la empresa y a los trabajadores”.

Entonces, abogados laboristas y personal afectado alertaron que el CIT ponía en riesgo los derechos básicos de los trabajadores, además de contravenir la normatividad laboral. Ingenieros, profesionistas y técnicos se negaron a firmar y algunos de ellos intentaron, desde el 29 de abril de 2008, conseguir el registro del sindicato denominado Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp). A lo largo de ese año, varios fueron despedidos.

En entrevista, los trabajadores de “confianza” –despedidos de manera injustificada entre junio y noviembre del año pasado– Jesús Bastida (Pemex Refinación, PR), Gala Barraza (Pemex Gas y Petroquímica Básica, PGPB), Óscar del Cueto Charles (PR), Raúl Olivera (PGPB), junto con Moisés Flores (Pemex Petroquímica), cesado en 2005 –todos miembros de la Untypp–, indican que la asociación sindical se mantiene en pie.

El 14 de noviembre, la mayor parte de la dirigencia fue desalojada de sus respectivos centros de trabajo por el personal de seguridad. En algunos casos el desalojo se hizo con violencia, explican.

A decir de los afectados, la medida se dio porque “cometimos el pecado de defender nuestros derechos”. Del Cueto Charles asegura que el 11 de junio de 2008, cuando fue despedido, el propio director de la subsidiaria, José Antonio Ceballos Soberanis, le advirtió: “Tómalo como quieras, ya sea por reestructuración de la empresa o por tu militancia en ese sindicato que andan creando; el caso es que estás despedido y ya no tengo tiempo de atenderte porque tengo que entregar información al Senado”.

Al resto, ni siquiera se le explicó el motivo del cese. Por considerar que los despidos no se apegaron a la ley y violentaron el derecho al trabajo y a la filiación sindical, Jesús Bastida, Gala Barraza, Del Cueto Charles y Raúl Olivera acudieron a las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, donde se dirimen sus casos en primera o segunda instancia.

Los profesionistas tienen confianza en que la justicia fallará a su favor, pues “está claro que el motivo es político”. Explican que el objetivo tanto de los despidos como las amenazas de despido en contra de los más de 260 sindicados a la Untypp buscaban desintegrar la organización. Ésta no puede recibir el registro sindical de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) si no alcanza los 20 agremiados.

Raúl Olivera indica que la STPS también ha hecho un “trabajo sucio” al revisar el proceso de toma de nota, pues ha cancelado la afiliación de compañeros que aún participan en el sindicato. En su caso, agrega, la Secretaría lo incluyó en la lista de trabajadores que habían renunciado, “pero yo no he renunciado a la organización”.

Los trabajadores explican que muchas de las vacantes que se generan con los despidos injustificados son “entregadas” a los amigos de los altos funcionarios, y que hasta ahora ninguna autoridad ha hecho nada para corregir la situación.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con Pemex, por medio de la funcionaria Gabriela Gallegos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.


Fuente: Revista Fortuna | No. 73 | 15 de febrero de 2009 | México

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