La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, responsable de supervisar y regular al sector de aseguradoras y afianzadoras, carece de control para darle seguimiento a multas y sanciones. A pesar de ello, durante el primer semestre de 2006 recibió por concepto de Derechos de Inspección y Vigilancia a Instituciones 173 millones 752 mil 400 pesos, revela la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) no tiene un control que le permita conocer la situación de las sanciones derivadas de la inspección y vigilancia impuestas a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros.

 

El Informe de la auditoría financiera y de cumplimiento. Recaudación de ingresos por derechos y sanciones de los servicios de inspección y vigilancia, en la revisión a la cuenta pública 2006, concluyó que fue imposible verificar si aseguradoras pagaron 464 sanciones por más de 50 millones de pesos durante el primer semestre de 2006.

 

La CNSF está dedicada a la regulación financiera, supervisión y promoción del sector asegurador y afianzador. Vigiló así un universo de 110 instituciones, 97 de seguros y 13 de fianzas. Entre sus funciones enumera la Ley General de Instituciones y Sociedad Mutualistas de Seguros–, impondrá sanciones administrativas por infracciones a ésta y a las demás leyes que regulan sus actividades. Las penalidades podrán ser multas, amonestaciones, suspensiones, vetos o inhabilitaciones para desempeñar actividades.

 

De enero a junio de 2006, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recaudó 173 millones 752 mil 400 pesos por Derechos de Inspección y Vigilancia a instituciones y sociedades mutualistas registradas en su padrón, que conforme a la Ley Federal de Derechos están obligadas a pagarlo. El monto es mayor, en 15 millones 26 mil 600 pesos, que los 158 millones 725 mil 800 pesos percibidos en 2005.

 

A fin de verificar que dichos recursos se calcularon, cobraron, informaron y registraron en el Informe de avance de gestión financiera 2006, la ASF auditó una muestra por 157 millones 898 mil 600 pesos. Dicha cantidad está integrada por 84 millones 775 mil 200 pesos en sanciones a afianzadoras; 71 millones 977 mil 700 pesos a aseguradoras; 897 mil a intermediarios de reaseguros, y 248 mil 400 pesos a oficinas de representación.

 

De 1999 a 2003, la CNSF determinó imponer 1 mil 826 sanciones y aplicar 5 mil 289 multas. Según el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, el 80.3 por ciento de las multas emitidas se relacionaron con 63 tipos de infracciones que no ponen en riesgo la solvencia y liquidez de las instituciones ni su estabilidad económica y financiera.


Las 1 mil 44 multas restantes se identificaron con 36 tipos de infracciones que pueden significar un riesgo: insuficiencias en cobertura de reservas técnicas, de capital mínimo de garantía o de capital mínimo pagado; contratación de reaseguradoras y reafianzadoras no autorizadas o con reaseguradoras extranjeras que incumplen con la solvencia y la estabilidad requerida para garantizar el respaldo de las operaciones contratadas.


Entre 1999 y 2003, el número de sanciones y multas disminuyó 55.8 por ciento. La ASF enuncia que ello obedece a las reformas a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas y a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En enero de 2002 se aprobó la regulación de las instituciones y que durante ese proceso las instituciones no estarían sujetas a las sanciones previstas en la Ley.

 

Omisión en control y supervisión

Hasta el primer semestre de 2006, la CNSF realizó 78 visitas de inspección a 73 instituciones; no obstante, las áreas de Supervisión Financiera, Actuarial, de Seguro de Pensiones y de Reaseguro no alcanzaron sus metas programadas. En algunos casos sólo cumplieron el 10 por ciento de visitas proyectadas.

 

La ASF advierte que no han sido recuperadas 464 sanciones impuestas de enero a junio de 2006, calculadas en 50 millones 77 mil 900 pesos. Para identificar la situación actual de las multas, la Auditoría seleccionó 69 de éstas a instituciones y fianzas de abril de 2006, cuando se reportó un monto por 19 millones 69 mil 800 pesos.

 

Sin embargo, la Dirección de Asuntos Contenciosos (DAC) de la Tesorería de la Federación (Tesofe) no envió a la CNSF los oficios dirigidos a las instituciones sancionadas. Dicha área está obligada a enterar a la autoridad sancionadora sobre el estado de las multas.

 

Al contrastar información de la DAC y la Dirección General Jurídica Contenciosa y de Sanciones, el órgano observa que la primera tenía registradas nueve multas contra Aseguradora Interacciones, Grupo Financiero Interacciones, El Águila, General de Salud, Novamedic y Royal & Sunalliance Pensiones. La segunda no reportó las sanciones.

 

Durante una reunión de aclaración de resultados preliminares, el 15 de diciembre de 2006, la CNSF indicó que las instituciones sancionadas interpusieron recursos de revocación y expuso que es frecuente que los recurrentes planteen agravios.

 

El Informe de la auditoría financiera y de cumplimiento señala que no existe un manual de procedimiento administrativo que regule los puntos de control de las sanciones y que permita conocer en qué etapa se encuentran, si éstas se recuperaron o qué situación guardan, pues el seguimiento del cobro de las sanciones pecuniarias no está previsto en la Ley.

 

“Sin embargo resalta el Informe es necesario instrumentar procedimientos de control y supervisión, a fin de conocer las diferentes etapas en que se encuentra cada una de las multas y el resultado final de cada sanción determinada, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”.

 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuya tarea es supervisar al sector asegurado y afianzador, explicó que no tenía asignada la función de hacer efectivas las multas ni de supervisar el procedimiento que para tal fin instruya la SHCP. Conforme a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, esa tarea recae en la Secretaría de Hacienda con la intervención de la Tesofe y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

 

La Auditoría emitió una solicitud de aclaración recuperación, con el fin de que la CNSF justifique el ingreso por 50 millones 77 mil 900 pesos, derivado de las 464 multas de inspección y vigilancia contra aseguradoras impuestas de enero a junio de 2006.

 

Respecto a la falta de un sistema de control y de coordinación con el SAT, para verificar la recuperación de multas, el órgano fiscalizador promovió la intervención del Órgano Interno de Control de la entidad. A éste le solicita que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento para fincar responsabilidades.


Supervisión sin claridad

Desde la auditoría practicada en la cuenta pública 2003, el máximo órgano fiscalizador solicitó a la CNSF información sobre las acciones que ejecutó en recuperación de multas pecuniarias. La Comisión le entregó oficios donde solicita a la Tesofe que proporcione la fecha de cobro de multas o informes sobre la imposibilidad del cobro, pues las instituciones deben pagar sus sanciones directamente a la Tesorería. Hasta noviembre de 2006, la ASF no había obtenido respuesta.

 

La Evaluación de la eficacia, eficiencia y economía con que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas realizó las acciones para regular, inspeccionar y vigilar a los sectores asegurador y afianzador, realizada por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2003, señala que en las bases de datos no se presentó el estado procesal que guardan las multas impuestas por la Comisión.

 

Además, el Programa Anual de Visitas Ordinarias no definió objetivos, forma o términos en que se realizarían las acciones por cumplir. Tampoco informó sobre el número de visitas de inspección ni que áreas serán las responsables de efectuarlas. Por ello, sólo se contó con datos sobre el tipo, número y nombre de las instituciones por inspeccionar, pero no el número de veces que serán visitadas.

 

No obstante, estos datos sí se desagregan en los informes de Autoevaluación al cuarto trimestre rendido a la SHCP, Autoevaluación al cierre del ejercicio turnado a la Secretaría de la Función Pública y Memoria de actividades, aunque no incluye los relativos a irregularidades detectadas en la operación de las instituciones y, en su caso, sobre las observaciones emitidas y sanciones impuestas, así como los resultados obtenidos por estas acciones.


Respecto de las operaciones de agentes e intermediarios de seguros y de fianzas, el órgano fiscalizador anota que la CNSF no considera dentro de sus actividades la realización de acciones de inspección y vigilancia, lo que “no le permite verificar que cumplan con los requisitos que establece la normatividad correspondiente, en infracción al Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas”.

 

Fortuna solicitó entrevista con Manuel Aguilera Verduzco, titular de la CNSF, para que explicara la falta de control sobre las aseguradoras y afianzadoras detectada por la ASF. La solicitud se presentó ante la oficina de Comunicación Social de la SHCP, a través de su vocero, Isaac Macip, sin que hasta el cierre de edición hubiera respuesta.


Emplazamientos y multas y sanciones impuestas a instituciones de seguros y fianzas

 

 

1999

2000

2001

2002

2003

Total

Emplazamientos

610

473

515

416

513

2,527

Sanciones

423

533

337

187

346

1,826

 Multas

1,518

1,654

891

555

671

5,289

 

Fuente: Evaluación de la eficacia, eficiencia y economía con que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) realizó las acciones para regular, inspeccionar y vigilar a los sectores asegurador y afianzador, de la ASF

 

 

 

Mercado del seguro en México

 

De acuerdo con el Anuario estadístico de seguros y fianzas 2006, el total de primas emitidas el país en 2005 tuvo un valor por 142 mil 874 millones 262 pesos; para 2006, se elevó 13.04 por ciento, hasta llegar a 168 mil 53 millones 821 pesos.

 

La CNSF apunta que el valor de primas cedidas en reaseguro alcanzó los 22 mil 526 millones de pesos en 2005. Un año después creció 2.28 por ciento, es decir, sumó 22 millones 905 mil 416 pesos. A su vez, el costo de siniestralidad de 2002 a 2006 se elevó en 7.90 por ciento, al pasar de 97 mil 109 millones 746 pesos a 93 millones 65 mil 504 pesos.

 

En su Evaluación de la eficacia, eficiencia y economía con que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas realizó las acciones para regular, inspeccionar y vigilar a los sectores asegurador y afianzador, la ASF señala que entre 2000 y 2003 el comportamiento del mercado de seguros reflejó una contracción de 0.2 por ciento.

 

El Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003 indica, que por la pérdida de dinamismo en seguros de pensiones, durante 2003 se ubicó en 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), nivel similar al registrado en 2001.

 

Asimismo, la tasa de crecimiento de las primas directas del sector asegurador disminuyó 9 por ciento respecto al año anterior (2002), pues los seguros de vida decrecieron 24.2 por ciento. La disminución fue ocasionada por el traspaso del Banco Inbursa a Inbursa CT. El órgano fiscalizador apunta que de excluirse esta operación y el efecto de los seguros de pensiones, en seguros de vida el crecimiento fue de 0 por ciento al cierre de 2003.

 

El sector asegurador aumentó 2.6 por ciento al alcanzar 120 millones 256 mil 900 pesos, de los que el 98 por ciento correspondió a primas directas y al reaseguro. En 2003, la participación de las primas respecto al PIB creció 0.6 por ciento, cifra que está por arriba de países como Nueva Zelanda, Chile, Francia, Colombia, Sudáfrica y España.

 

“Sin embargo aclara la ASF, el desarrollo de la cultura de aseguramiento en nuestro país sigue siendo insuficiente respecto de los países señalados. La participación de las primas en el PIB ocupa el último lugar, al registrar una participación del 1.8 por ciento en 2003. En relación con la que registró Sudáfrica existe una diferencia 14.1 puntos porcentuales, y aún comparado con los países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, este índice es inferior en 0.8 por ciento”.

 

Ismael Gómez Gordillo y Ruelas, protector del asegurado en la compañía AXA, opina que en México no hay capacidad para prever en el largo plazo: “Hay un altísimo porcentaje de la población que vive al día y su predicamento es qué va a comer hoy. Difícilmente piensa a futuro, mientras que entre quien sí tiene capacidad, no hay cultura de previsión”.

 

Aunque advierte que México tiene potencial para expandir el mercado, comenta que los clientes compran un bien intangible, es decir, protección, por lo que sólo en caso de siniestro ve el beneficio de estar asegurado.

 

El expresidente de la CNSF menciona que en México el gasto promedio per cápita en seguros es de 126 dólares, mientras que en Argentina se erogan 238, en Chile, 256; en Brasil, 380; en Canadá, 900, y Estados Unidos, 1 mil 200.

 

Recién creada la figura de protector del asegurado en México por la compañía francesa AXA, Ismael Gómez Gordillo y Ruelas funge como intermediario entre el derechohabiente inconforme y la empresa. “Soy un árbitro independiente y emito resoluciones. Es una señal de confianza para los asegurados y la compañía está comprometida a no impugnar mis conclusiones”.

 

En México, sólo una aseguradora brinda este servicio. Al respecto, refiere el también exdirector jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social que, con la reforma a la Ley General de Instituciones y Sociedad Mutualistas de Seguros en 1980, se planteó la creación de una autoridad que también fuera un árbitro en amigable composición, es decir, que no va hacia el detalle formal en un procedimiento, sino que resuelve a verdad sabida y buena fe guardada.

 

Indica que 10 años después de las modificaciones a la ley, no se tenía registro alguno de este tipo de arbitraje: “A las aseguradoras no les gusta ni a sus abogados por la desconfianza en los tribunales”.

 

En 1993 y gracias al trabajo de Gómez Gordillo para impulsar esa figura, fue nombrado Mario Cerezero como árbitro, entonces exdirector de Seguros México. No obstante, poco tiempo después falleció y desde entonces no hubo otro protector del asegurado hasta ahora.

 

Hoy sólo la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) reciben las quejas contra aseguradoras. Sin embargo, señala Gómez Gordillo, “la Condusef no tiene fuerza vinculatoria o facultades legales, sólo cumple su papel de asesoría y debe haber una autoridad que tenga esas facultades”.

 

Advierte que existe riesgo en el mercado si hay mala atención o el asegurado se siente desprotegido. Dice que cuando una persona es tratada de manera adecuada se lo platica a cuatro personas, cuando se le trata mal se lo platica a 37. Actualmente Gómez Gordillo atiende 18 casos, en su mayoría relativos a seguros de gastos médicos mayores o de vida. (PM)

 

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