No deja de ser curiosa y hasta simpática la dogmática controversia existente entre Felipe Calderón Hinojosa y sus chicago boys alrededor de los réditos. Es indudable que el nivel real de las tasas de interés es, además de verdaderamente escandaloso, responsable del estancamiento económico que ha vivido México entre 1983 y 2007. Y lo será para el futuro mientras no se modifique la orientación conservadora de la política monetaria instrumentada por el Banco de México (Banxico). Pero culpar exclusivamente al banco central de la falta de crecimiento, de sus efectos perniciosos sobre el empleo y el bienestar de la población, es un exceso. Es una postura dolosa.

A menos que el buen Guillermo Ortiz haya caído de la gracia del príncipe, por razones extraeconómicas o porque Calderón, impotente, ve que la economía empieza a hundirse irremediablemente en una recesión inflacionaria, sin que nada pueda evitarlo –o para ser precisos: sin que oficialmente se haga algo–. Esa forma de observar los problemas no es más que una manera unilateral deliberada que busca evadir la corresponsabilidad del gobierno neoliberal calderonista. Felipe Calderón y su equipo saben perfectamente que el manejo monetario sólo es una pieza –sin duda fundamental– del conjunto de la política económica que determina el rumbo de cualquier país y, para efectos prácticos, dentro del sistema presidencialista mexicano; el principal responsable de los resultados alcanzados es el Ejecutivo. De 1983 a la fecha, la política económica siempre ha privilegiado el control de la inflación sobre el crecimiento y el empleo, con el beneplácito de los presidentes en turno. Pero no se aspira a la estabilidad macroeconómica, porque ella implicaría la combinación del crecimiento sostenido, un nivel de precios socialmente tolerable, la creación de empleos y la trayectoria del tipo de cambio y de las cuentas externas, entre otros aspectos.

La desinflación ha descansado fundamentalmente en la restricción monetaria (altos intereses reales y la sobrevaluación cambiaria) y la austeridad fiscal (bajo gasto público no financiero). Ambos han sido procíclicos (favorecen la atonía y la caída del crecimiento) y no anticíclicos (que contrarresten la declinación y estimulen la expansión). La fe maniaca en ese par de dogmas neoliberales obstaculiza el crecimiento, cuya tarea se le deja a otras dos creencias: el inexistente “mercado libre” y la “creatividad” empresarial, que nunca, en ningún país, lo ha logrado sin el apoyo de una mano sucia: la intervención activa del Estado. Con esos instrumentos maniatados han condenado al Estado al autismo y a la economía a la parálisis permanente. Si efectivamente Guillermo Ortiz y Agustín Carstens creen que con una inflación de 3 por ciento anual o menos y un balance fiscal cero algún día se alcanzará el crecimiento, “son realmente tontos”, como diría el economista canadiense Louis-Philippe Rochon.

En ese sentido, Calderón se equivoca al limitar su diatriba a Guillermo Ortiz. Tiene que hacerla extensiva hacia otros lugares.
Después, contra el banquero central debe dirigir su flamígera mirada hacia los usureros que regentean a la banca privada y los grupos financieros como si fueran un casino. Los réditos que cobran a cualquier osado ingenuo que pretenda invertir productivamente a través del crédito, además de que a sus deudores los han sojuzgado en su nueva tienda de raya. Si Calderón aspira a que bajen sustancialmente los réditos, tendrá que obligar a los banqueros y financieros, por decreto, a reducir los márgenes financieros (la diferencia entre los mezquinos intereses que pagan a los ahorradores y los leoninos que le cobran a los deudores), abaratar u obligarlos a que no cobren diversos servicios como lo hacen en sus países de origen, limitar sus prácticas especulativas y respetar los derechos de sus empleados: fuentes de sus insaciables ganancias. Ello implicaría volver a regular los servicios financieros como sucedía hasta el momento que Carlos Salinas reprivatizó las operaciones financieras y eliminó las restricciones con que operaban. Lo anterior es urgente porque la recesión generará que la insolvencia de pagos de los deudores se convierta en una epidemia.

Luego tendrá que dirigir su filípica contra su empleado de Hacienda, Agustín Carstens, si es que él es quien le ha convencido que todo déficit fiscal, por sí mismo, es malo. Así como no se puede crecer con altos réditos, tampoco puede hacerlo con un equilibrio fiscal cuyo ajuste descansa en el gasto programable. Un déficit negativo controlable y manejado responsablemente es inevitable.

El propio Calderón Hinojosa deberá verse en el espejo de su invectiva y explorar una política económica más flexible y creativa, cuyo objetivo primordial sea el crecimiento. No le será oneroso, porque existen muchas propuestas alejadas de la enfermiza ortodoxia: el hechizo monetarista vulgar al estilo friedmaniano, la moda del uso del tipo de cambio como “ancla” desinflacionaria o el nuevo mantra de las metas de precios, según las calificaciones del premio nobel de economía Joseph Stiglitz. Ya entrado en gastos, hasta podría correr, sin sus jugosas pensiones si quiere portarse malévolo, a sus chicago boys y sumar a su equipo a economistas que se alejen del fundamentalismo económico como si fuera la peste.

Pero ello no será suficiente. Además, se vería obligado a arrojar a la basura al desprestigiado e inútil modelo neoliberal.

Económicamente, Calderón, Carstens y Dionisio Pérez-Jácome, subsecretario de Egresos de Hacienda, tienen razón al exigir réditos más bajos, similares a los prevalecientes en el mercado mundial. Políticamente, también la tienen, por razones de supervivencia, pues el manejo monetario del Banxico redundará en una fuerte recesión, un mayor desempleo y un mayor descontento social, con el riesgo de estallidos, que agravaría el descrédito oficial, de suyo cuestionado por la percepción de que Felipe Calderón se robó la silla presidencial, que afectaría la estabilidad de la nación. Donde se equivocó el “fuego amigo”, de cabo a rabo, es del lado de la legalidad.

Es cierto que el panista está acostumbrado a pisotear el estado de derecho, la Constitución y cuanta ley secundaria se le ponga enfrente, con la generosa complicidad –bien aceitada– de la mayoría del Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero se dice que entre gitanos no se leen las cartas. Su currículo dice que Calderón estudió en la derechista Escuela Libre de(l) Derecho. ¿Acaso eso es lo que se aprende en ese lugar? O simplemente nada aprendió de leyes. Y si en algo se ilustró, sus conocimientos apenas le dieron para las chicanas, para comportarse como un avezado leguleyo. No sería mala idea que los empleados de la señora Josefina –que regentea la Secretaría de Educación Pública–, que están revocando licencias a las llamadas escuelas patito, se den una vuelta por ese antro de dudosa prosapia, porque, según se ve, es harto insano para la legalidad y el interés público.
Si el señor Calderón o sus asesores jurídicos se hubieran molestado en revisar la ley orgánica del Banxico –al menos sus dos primeros preceptos–, aunque sea por puro ocio –y si ninguno sabe de leyes nada les hubiera costado consultar a alguien que lo sepa, a costa del presupuesto, al cabo el pueblo paga–, no habrían hecho el ridículo, pese a lo legítimo de su exigencia. Dicho documento dice que, según la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, el banco central es “autónomo”, cuyo “objetivo prioritario (es) procurar la estabilidad del poder adquisitivo de (la) moneda (nacional y) promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos”. Es decir, procurar la estabilidad de precios.

Que nunca quede explícito cuáles son los límites de la citada “autonomía” ni que se diga palmariamente a qué nivel debe bajarse la inflación y su relación con el crecimiento y el empleo, cómo y a qué costos, ni que tampoco quede manifiesto qué debe entenderse por el “buen funcionamiento del sistema de pagos”, si incluye o no la trayectoria del tipo de cambio, las cuentas externas o el crecimiento son otras historias. Ésas y otras ambigüedades –deliberadas o no– tienen que endosarse a Carlos Salinas –que tanto daño le hizo a la nación– y a los congresistas que aprobaron dicha ley orgánica en 1993, según los cánones neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Con esas anfibologías el Banxico ha actuado en consecuencia, como se le ocurre y se le pega la gana interpretar. Al cabo está libre del escrutinio público y de las sanciones jurídicas de su proceder.
Si al menos a Felipe Calderón se le hubiera ocurrido pedir la opinión de la sumisa Suprema Corte de Justicia de la Nación, no dudo que doblegaría a los ayatolas del banco central. Si su preocupación por el crecimiento es legítima, tiene dos opciones más. Una es presionar a Guillermo Ortiz, abierta o soterradamente hasta que renuncie y pueda colocar, según sus pretensiones, a un palafrenero en ese organismo. Otra, si tiene pruritos legales, que envíe al Congreso una nueva iniciativa para cambiar la ley orgánica del Banxico o al menos modificar sus prioridades, para que la política monetaria se ajuste, al igual que la fiscal, al imperativo del crecimiento.
No es extraño que, amparado en su ley orgánica, el banco central le haya dado el portazo a Felipe Calderón y aumentara las tasas de interés (los cetes a 28 días pasaron de 7.56 a 7.75 por ciento entre el 19 de junio y el 3 de julio) para tratar de contener la inflación que se ha salido de control (a mitad de 2008 la tasa anualizada es de 5.01 por ciento, contra el objetivo de 3 por ciento). Hasta hace poco el banco central pudo reducir la inflación gracias al mezquino gasto público, los altos réditos que moderaban la inversión y el consumo; la sobrevaluación cambiaria, los bajos aranceles y las importaciones. Si con ello contribuyó a afectar y arruinar a los productores nacionales, además de provocar el estancamiento económico, el desempleo, el subempleo, los bajos salarios reales o la miseria y pobreza generalizada, ello es anecdótico. Lo importante es que casi arañamos una inflación de “primer mundo”, después de 40 años. Casi, porque la fantasía puede esfumarse súbitamente.
El problema es que las presiones inflacionarias no corresponden a una mayor demanda interna sino al componente importado de los precios, ante los cuales nada puede hacer. O, para ser precisos, sólo tiene una carta que jugar y ha demostrado que la usará. La misma de siempre: elevar cuantas veces considere necesario los réditos para tratar de salvar su meta de precios. Pero esa medida obviamente indica que no lo hará estimulando la oferta interna: la producción agroalimentaria. Lo que realmente busca el Banxico es desalentar la demanda doméstica: 1) Los mayores intereses inhibirán la inversión y la producción local.

Si los productores ya resienten alzas en sus costos productivos, ahora tendrán que agregar el aumento de los financieros (costo del crédito). Sólo tienen tres opciones: trasladarlos a los consumidores por medio de mayores precios, hasta que la menor demanda se los impida (de hecho, los productores y los intermediarios ya lo hicieron); reducir la inversión en espera de mejores tiempos o cerrar sus negocios; 2) reprimir aún más el consumo final, porque la población ya lo empezó a hacer (el “mercado” le ha obligado a “disciplinarse voluntariamente”, a apretarse más el cinturón), debido a los altos precios.

La cura será peor que la enfermedad
Como es natural, la decisión del Banxico acentuará la caída económica y el desempleo. Desde finales de enero el gobierno empezó a revaluar a la baja el crecimiento para 2008– de la meta esperada de 3.7 a 2.5 por ciento–. Ello implicaría generar 136 mil empleos menos que en 2007. Dicho ajuste se debió a la declinación de la economía estadunidense. Ahora hay que sumar el “apretón” monetario. La expansión podría caer hasta 2 por ciento o menos y la pérdida de empleos mayor. En promedio, entre enero y abril, los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 25.7 por ciento, en 158 mil (de 616 mil 547 en dicho lapso de 2007 a 458 mil); permanentes 23.2 por ciento, en 114 mil 682; y los temporales 34.4 por ciento, en 43 mil 666.

Si supuestamente Felipe Calderón deseaba apoyar a los productores y consumidores, Guillermo Ortiz y sus muchachos abortarán a su engendro.

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