El Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología, dependiente de la Sagarpa, es “insuficiente” e “inoperante”. En plena crisis alimentaria y con un rezago tecnológico en el sector de casi 50 años, la ASF presume un daño al erario por 77 millones de pesos.

Campo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta supuestos daños al erario por casi 77 millones de pesos en el Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología, que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), durante el último año de la administración de Vicente Fox Quesada.
De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la ASF, el programa diseñado con el propósito de hacer competitivo el campo mexicano en materia tecnológica, es “insuficiente” e “inoperante”, pues los mecanismos de control, que significan un gasto de 471 millones 47 mil pesos, no son coordinados debidamente por la Sagarpa, ahora a cargo del jalisciense Alberto Cárdenas Jiménez.
Pese a que México padece un atraso tecnológico de casi 50 años, las autoridades del sector han incurrido en diversas irregularidades. Con la fiscalización de 197 millones 267 mil 100 pesos, apenas 41 por ciento del presupuesto ejercido, la dependencia que encabeza Arturo González de Aragón presume un posible daño al erario por 76 millones 953 mil 700 pesos, es decir, poco más de la mitad de los recursos públicos auditados en este rubro.
El máximo órgano de fiscalización también documenta en la auditoría de desempeño aplicada al Programa de Fomento a la Agricultura, estrechamente vinculado con el Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT), que hay pendientes más de 4 millones de hectáreas en la sistematización de riego, mismas que se cubrirán hasta dentro de 48 años.
Además, el país tardará casi tres décadas en llevar al campo los 372 mil tractores necesarios, “sin considerar que la FAO (Food and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés) recomienda renovar el 20 por ciento anual del parque de tractores”. Lo anterior contraviene el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el Estado “promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral” (revista Contralínea. Periodismo de Investigación 104).
El último año del sexenio foxista, legisladores de oposición reprocharon al Ejecutivo federal por el abandono y atraso que hay en el campo mexicano. Los reclamos continúan, aún en la nueva administración, por parte de organizaciones campesinas.
Durante la glosa del Sexto informe de gobierno, la legisladora por el Partido de la Revolución Democrática, Adriana Díaz Contreras, dijo que Vicente Fox no había aprovechado la “alternancia” en el poder para rehabilitar a uno de los sectores más importantes del país. La diputada advertía ya sobre las consecuencias de dichos actos: la crisis alimentaria por la que se atraviesa actualmente.
“La política del gobierno actual hacia el campo mexicano ha traído como consecuencia mayor atraso tecnológico; desempleo; agudización de la dependencia agroalimentaria; menor productividad; menos ingresos de las familias campesinas; mayor penetración de las empresas trasnacionales, apropiándose de los recursos naturales estratégicos y aumentando el deterioro ambiental; incremento drástico de los flujos migratorios rurales hacia el extranjero, entre otros factores”, dice la legisladora perredista.
Sin embargo, Francisco Domínguez Servien, coordinador de las Políticas del Campo del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, acusa que la crisis y el atraso que afectan al sector agroalimentario mexicano es culpa de las organizaciones campesinas: “Son las que se han quedado con los recursos, ha habido un agandaye de ellos. Las políticas actuales deben ser para lo que decía la revolución, para quienes trabajan la tierra, es decir, los productores”.
Fundaciones Produce, sin operar recursos
En el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 la ASF documenta la entrega de 64 millones 648 mil pesos a la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, AC (Cofupro), que ha recibido “apoyos” de los gobiernos federal y estatal desde 1996 con la misión de “apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable”.
Los recursos, que representan más del 80 por ciento de las irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización, no fueron aplicados correctamente, ejecutados a tiempo y tampoco han sido devueltos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), pese a que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) lo ordena.
José Narro Céspedes, integrante del Consejo Consultivo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, dice que el trabajo de las fundaciones Produce es “muy pobre”, porque cuenta con un presupuesto escaso y los apoyos son “secundarios”.
No obstante, ante la evaluación de la ASF, lamenta que los más de 64 millones de pesos no hayan sido devengados y formen parte del subejercicio de la Sagarpa, cuando hay millones de agricultores en situación de extrema pobreza. “Es necesario revisar lo que hace la Cofupro, hacerle cambios profundos para que beneficie a este sector. Difícilmente vamos a lograr mayor productividad si no nos modernizamos tecnológicamente”, precisa el líder campesino.
Salvador Ruiz Sánchez, integrante de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, explica que en México hay la posibilidad de acelerar el proceso de tecnificación, pero duda “que exista la voluntad política para lograrlo. Existe un olvido paulatino de este sector. Los legisladores aprobaron aumentos significativos al campo, pero la parte operativa tiene dificultades. No vemos los apoyos en una mejor calidad de vida, aumento en la productividad y competitividad”.


Las irregularidades

La Auditoría señala que más de 28 millones de pesos transferidos a 17 fundaciones Produce –fundadas dos años después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el apoyo del entonces secretario de Agricultura, Carlos Hank González y los gobiernos de las 32 entidades de la república– no fueron aplicados en el desarrollo de proyectos de investigación, para los que fueron asignados los recursos.
Ante la observación del máximo órgano de fiscalización, el 4 de diciembre de 2007, el director general de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa, Gonzalo Paez Padilla, giró oficios a sus delegados estatales, para que hicieran las “gestiones necesarias” y las organizaciones devolvieran los 28 millones 310 mil 600 pesos, entregados en la administración de Francisco Mayorga Castañeda al frente de la secretaría.
Toda vez que al término de 2006 el erario no había sido aprovechado por las organizaciones –constituidas supuestamente para “elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y sustentabilidad de los sistemas de producción agropecuarios y forestales del país, y así reducir las amenazas y aprovechar las oportunidades que impone la apertura comercial”– debieron ser devueltos 15 días después del cierre del ejercicio fiscal de ese año a la Tesofe, y a la fecha no se han reintegrado.
Dicha acción, indica la Auditoría, contraviene los artículos 28 y 29 del decreto del PEF para el ejercicio fiscal 2006, que ordenan: “Las erogaciones previstas en este presupuesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse”. Además, en el último artículo citado se estipula que de no reintegrar los recursos a la Tesofe en los días establecidos, la dependencia que los administra tendrá la obligación de pagar “cargas financieras por concepto de indemnización al erario federal”.
Las irregularidades detectadas en el SITT también violan el artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica: “El reintegro de recursos por parte de las dependencias y entidades, éstas últimas respecto de los subsidios y transferencias que reciban, deberá realizarse en conjunto con los rendimientos que se hubieren obtenido”.
La ASF también observó que las 32 fundaciones Produce, establecidas en los 31 estados del país y el Distrito Federal, le aportaron a la Cofupro –encabezada por Carlos Baranzini Coronado– un total de 11 millones 445 mil 200 pesos de los recursos de 2006; pero no fueron suscritos los convenios “correspondientes” para dicha acción. Tampoco se presentó “evidencia” de los beneficios obtenidos por cada una de las organizaciones.
El máximo órgano de fiscalización solicitó a la Sagarpa que fueran justificados documentalmente otros 15 millones de pesos que la misma fundación aportó al Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Al 23 de noviembre del año pasado no había pruebas de la ejecución de los 37 proyectos que supuestamente serían beneficiados. Otros 9 millones 489 mil 854 pesos no utilizados por las fundaciones Produce tampoco se reintegraron a la Tesofe.
Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional, dice que esto se debe a que “tenemos una Sagarpa inmovilizada, entrampada en sus reglas de operación para que fluyan los recursos que están destinados y que son parte de la nación”.
El legislador priista asegura que los recursos que no son devengados podrían ser aprovechados para invertirlos en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, “hay 1.5 millones de hectáreas que tenemos abandonadas”.
Mobiliario embodegado
La Auditoría Superior de la Federación realizó una inspección física a las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Irapuato para auditar la aplicación de 11 millones 599 mil pesos en la adquisición de inmobiliario; sin embargo, al momento de la verificación éste se encontraba aún empaquetado.
Los más de 11 millones de pesos fueron etiquetados para llevar a cabo la tercera fase del Proyecto Ejecutivo ZEA 2006: Elucidación Completa del Genoma del Maíz en México y administrar un laboratorio de “genómica”; por ello, se compraron mesas de trabajo, anaqueles, llaves, regaderas, entre otros bienes que “no corresponden con el objeto del citado proyecto, incluso se observó que al 15 de noviembre de 2007 el mobiliario aún se encontraba empacado”.
Lo anterior incumple las reglas de operación del programa Alianza para el Campo, en sus artículos 48 y 49, que indican que el principal objetivo del SITT es “impulsar la competitividad del sector agroalimentario a través de apoyos para la investigación, desarrollo tecnológico y procesos de innovación, atendiendo las demandas de las cadenas productivas, a nivel local, regional y nacional”, precisa la Auditoría Superior de las Federación.
Se solicitó entrevista con la Sagarpa, a través de la Unidad de Comunicación Social, y con Carlos Baranzini Coronado, presidente de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, AC, sin que hasta al cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.

El SITT

El Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología tiene como objetivo atender las demandas de las cadenas agroalimentarias y de pesca, a través de apoyos económicos a fondo perdido para la generación de tecnología, su validación, transferencia y adopción.
Además, pretende ayudar a incrementar la competitividad del sector y promover un desarrollo sustentable de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales.
De acuerdo con la Sagarpa, inició operaciones en 1996 y está dirigido a productores agropecuarios, organizaciones y agentes de cadenas productivas. (ER)

Presupuesto asignado en 2006 al SITT: 471 millones 47 mil pesos
Daño al erario: 76 millones 953 mil 700 pesos
Muestra auditada: 41 por ciento

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