Luego de desistirse de un juicio de amparo en el proceso del que resultó responsable de incurrir en conflicto de intereses, el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, será sancionado en los próximos días

El auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, será amonestado por incurrir en conflicto de intereses, casi dos años después de que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dictaminara que es responsable de dicho cargo, el cual le fue imputado en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados –jefe directo del funcionario–, procederá una vez que le sea notificado el desistimiento al juicio de amparo promovido por González de Aragón en 2007, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El auditor decidió desistirse del juicio de amparo –que lo protegía de la amonestación– el 27 de marzo pasado, cuando presentó el resultado de la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2006.

Y es que de acuerdo con el expediente UEC/DECGA/01/2006, que sigue la UEC, González de Aragón es “administrativamente responsable” de conflicto de intereses, pues no informó a la Cámara de Diputados que durante el periodo 2001-2003, él y sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez fiscalizaban las mismas dependencias gubernamentales: el primero desde sus oficinas de la ASF; sus herederos, desde el despacho familiar.

Según indica el documento, González de Aragón no cumplió con la “máxima diligencia” de informar por escrito a la Cámara de Diputados, que entre las dependencias objeto de revisión y fiscalización en los “Programas de auditorías vistas e inspecciones 2001, 2002 y 2003, habían sido seleccionadas aquéllas que de manera constante y común eran clientes de la firma González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC”.

La omisión del auditor, dice el expediente, causó “deficiencia” en el servicio encargado por la Cámara de Diputados y no cumplió con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Además, provocó sospecha entre los legisladores, pues en las auditorías de 2001 a 2003, él máximo órgano fiscalizador no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República, quienes también figuran como clientes del despacho familiar.

Desistimiento público

El 27 de marzo, al auditor hizo público su desistimiento del juicio de amparo solicitado ante el Tribunal Colegiado, el cuál fue promovido para evitar cualquier tipo de sanción, por lo que los integrantes de la Comisión de Vigilancia, –encabezada el diputado perredista Antonio Ortega–, esperan la notificación judicial para aplicar su amonestación.

Sin embargo, la “Lista de acuerdos de juzgados y tribunales”, publicada el 2 de abril de 2008 en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal indica que se requiere la presencia de Arturo González de Aragón, para corroborar su renuncia al caso, toda vez que fue interpuesta a través de un escrito.

Luego de presentar el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2006, González de Aragón manifestó que no acepta la amonestación de la UEC, a cargo de Roberto Michel Padilla, porque “porque yo no cometí ninguna falta” y, añadió que la renuncia a su proceso judicial fue una petición de la Comisión, “que consideró que los elementos prevalecientes estaban enrareciendo las relaciones con los poderes legislativo y judicial”.

El auditor asegura que una de las razones por las que fue acusado de conflicto de intereses por el exlegislador panista Ángel Pasta Muñuzuri, es que su trabajo de fiscalización “coincide con los resultados de las auditorías a los permisos de energía eléctrica en 2004 (entregados a Iberdrola), en los que establecimos que eran ilegales y había presunción de inconstitucionalidad”.

En su defensa ante los medios de comunicación, añadió que los “ataques” han sido una constante durante su administración al frente del órgano de fiscalización: después de que “dimos a conocer los resultados del Fobaproa y del Pemexgate, tuvimos como respuesta que en menos de 30 días recibí tres auditorías fiscales de la Secretaría de Hacienda en mi contra; en los siguientes resultados, una denuncia de un diputado panista; y, como no pudieron afectar nuestra actuación, una denuncia ante los medios de comunicación de haber recibido dinero de la partida secreta de la Presidencia”.

El encargado de vigilar el buen uso de los recursos públicos dice: “los ataques han sido una constante; lo que no mata fortalece. Me siento muy satisfecho y estamos convencidos porque hay un compromiso y lo hemos honrado. De tal manera que (si) a mí me dicen de mis hijos… pues pregúntenle a ellos; mientras actúen con total honestidad, de acuerdo con las garantías individuales que establece la Constitución… yo no sé ni quién los contrate”.

Elías Cárdenas Márquez, presidente de la comisión en la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún e integrante de la Comisión de Vigilancia, explica que el desistimiento fue un acto personal del auditor, pero este no ha sido aún tramitado por el Tribunal Colegiado, lo que significa que este “asunto no está concluido”. Al renunciar, añade, el auditor tendría que cumplir con el procedimiento que se marca en la amonestación para que no reincida en una conducta de esta naturaleza.

El negocio de los González de Aragón

En enero de este año, Fortuna documentó que en la cartera de clientes del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos –del que el auditor superior fue socio fundador por 16 años, y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores–, la Presidencia de la República, es una de las entidades gubernamentales que durante todo el sexenio foxista solicitó los servicios de la firma familiar.

Durante el periodo 2001-2003, el auditor superior de la Federación no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República.

También se encuentran los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, secretarías de Estado y gobierno, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos.

Entre las entidades auditadas por el despacho González de Aragón están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.

Ante esta situación, el abogado Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahagún, durante la LIX Legislatura–, señala que la Comisión de Vigilancia debería inhabilitar a González de Aragón en el cargo, pues quedó demostrado que sus “hijos utilizan el nombre de su despacho para hacer negocios con entidades del sector público, al mismo tiempo que él audita al mismo sector”.

González Schmal agrega que si el auditor no toma la decisión de renunciar, “lo menos que debería hacer la Comisión es inhabilitarlo por la incompatibilidad del cargo con sus actividades profesionales de carácter familiar”.

A finales de 2007, el hijo menor del auditor, Gerardo González de Aragón Rodríguez defendió a su padre, pues, dijo, “él dejó la dirección de la empresa una vez que asumió la titularidad de la ASF”.

Ahora, asegura González de Aragón Rodríguez “muchos de los ataques que nos hacen van en función de que conseguimos trabajo gracias a él; pero en la Secretaría de la Función Pública se trabaja mediante un padrón de despachos que tienen que cumplir una serie de requisitos, todo se hace a través de licitación. Obviamente, eso nos pega, porque nos ponen a competir contra otros despachos que traen propuestas más bajas” (Fortuna 60).

Cuentas pendientes del auditor

Además de la amonestación que recibirá el auditor Superior de la Federación por los legisladores, la UEC tiene pendiente por resolver una denuncia interpuesta por los exlegisladores Jesús González Schmal, Sofía Castro, Malú Micher, entre otros, contra González de Aragón por encubrimiento de los hijos de Marta Sahagún.

La denuncia, como los informó la reportera Ana Lilia Pérez, “se desprende del disenso de los legisladores sobre los resultados de la ASF en la revisión a las transacciones entre el IPAB y la empresa Construcciones Prácticas (dentro de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2004), operaciones que la ASF determinó ‘sin observaciones’ (Fortuna 43).

Luego de que los auditores de la Comisión Especial (que desde el año pasado investiga el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca Sahún, y a sus socios Alberto Dunand Aramburu y Miguel Khoury Siman) estimaron el millonario daño patrimonial de Construcciones Prácticas en contra del IPAB, los legisladores denunciaron a González de Aragón por encubrimiento y omisiones.

González Schmal dice que en ese caso, González de Aragón “sirvió de esquirol a la familia Bribiesca Sahún, al legitimar el pago de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, en donde resultó beneficiaria la empresa Construcciones Prácticas, denuncia que está congelada en la UEC”.

Elías Cárdenas Márquez, presidente de la comisión en la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún, asegura que aunque es un asunto pendiente, “pronto conoceremos los resultados de la investigación”.


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