El Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica presentó una denuncia contra la empresa mexicana Gas Nacional Zeta, por la venta de cilindros de gas con contenido menor al que cobran a los consumidores
Fotos:Rubén Darío Betancourt / enviados
(Segunda Parte)

San José, Costa Rica. Por su ubicación geográfica, y por ser la mejor economía de la región, así como pocas restricciones a la Inversión Extranjera Directa (IED), este país es uno de los mercados más atractivos para los consorcios mexicanos.

De acuerdo con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en la última década México se convirtió en el segundo socio comercial del país centroamericano (sólo después de Estados Unidos), con inversiones en la industria alimentaria, el comercio, servicios y la construcción. La inversión más significativa fue en 2004, cuando, según el Banco Central de Costa Rica, los consorcios mexicanos invirtieron 28.5 millones de dólares, el 4.6 por ciento de la IED.

Según Bancomext, 30 compañías mexicanas operan en Costa Rica, entre ellas una registrada ante la banca de desarrollo como Grupo Zaragoza: Consorcio gasero de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Alonso Zaragoza López, que tiene su sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aquí maneja las firmas Gas Nacional Zeta y Tropigas de Costa Rica, con las cuales, según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, controlan el 72 por ciento del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Pese a la enorme inversión, la operación de las gaseras mexicanas en este país no ha sido fortuita, dice tajante el diputado Oscar López, y explica:

“El desempeño de las gaseras mexicanas no ha sido transparente. A Gas Nacional Zeta y Tropigas de Costa Rica se les ha denunciado por prácticas monopólicas, pero no sólo es la competencia desleal con otras empresas: para un país que no produce gas, como Costa Rica, y todo lo tiene que importar, el que un consorcio privado controle el mercado afecta además del Estado, al consumidor. Aunque tenemos una Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), en el sector del gas los consumidores están a expensas de las reglas que las gaseras impongan tanto en precio como en calidad”.

Además de las denuncias por prácticas monopólicas y competencia desleal, el Grupo Zaragoza está bajo investigación de las autoridades del sector energético y económico por venta de cilindros incompletos, considerado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) como fraude a los consumidores.

Según la Aresep, las denuncias de los consumidores de GLP en todo el país, se refieren a la venta de cilindros “ordeñados” y en mal estado. Carolina Mora, vocera de la dependencia, dice que el grueso de las indagatorias son en contra de Tropigas y Gas Nacional Zeta, por su volumen de distribución, que es del 82 por ciento del consumo mensual y oscila entre los 5 millones de galones.

Mala imagen

Un reportaje difundido en agosto de 2006 en el programa de televisión Noticias Repretel, reveló la deficiencia en el llenado de cilindros en la plantas de Tropigas y Gas Nacional Zeta. En la primera, la “ordeña” era de hasta seis libras menos en cilindros de 25 libras; es decir, más de una cuarta parte del cilindro, que para una familia promedio costarricenses significa una semana de gas. En la segunda, el faltante fue de 4 libras (20 por ciento menos).

Oscar Porras, director de Hidrocarburos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) –que otorga las concesiones a las gaseras–, dice que, según la normatividad, la venta de cilindros “ordeñados” es una trasgresión que alcanza la clausura de la planta e incluso la rescisión de la concesión.

Desgraciadamente, justifica, como no fue una autoridad la que descubrió in fraganti el ilícito de las gaseras, “el Minae no pudo hacer nada al respecto”. Explica que para combatir el fraude en el llenado de cilindros, la ley contempla inspecciones periódicas a las plantas; sin embargo, refiere, algunas no se inspeccionan ni una vez por año porque no hay personal.

Ante la ola de denuncias presentadas en la Comisión Nacional del Consumidor, el MEIC solicitó al Laboratorio Costarricense de Metrología (Lacomet), un estudio de medición de los niveles de llenado de Gas Nacional Zeta en su planta de Cartago, la más grande del consorcio que envasa GLP para las dos firmas. La revisión, el 13 de marzo de 2007, confirmó que los cilindros no tenían el contenido neto.

El dictamen del titular del Departamento de Metrología Legal, Carlos Picado Salazar, concluye: “Gas Nacional Zeta, envasadora de gas licuado de petróleo, incumple el artículo 31 inciso b y m de la Ley 7472, ‘promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor’, toda vez que se encuentra vendiendo cilindros conteniendo gas que incumplen los requisitos de contenido neto”.

Por su parte, el director del laboratorio, Walter Zavala, remitió los certificados de verificación a la titular de la Comisión Nacional del Consumidor, Cynthia Zapata Calvo, en los cuales reitera que Gas Nacional Zeta vende cilindros con contenido menor al que cobra, lo que, según el funcionario, atenta contra el consumidor y viola la legislación. El mismo documento se remitió al viceministro de Economía, Jorge Woodbrige.

El 21 de mayo, el MEIC presentó una denuncia contra Gas Nacional Zeta ante la Aresep por robo en el llenado de cilindros. En el documento DEPAC-DAC-0528-2007, el MEIC acusa a la gasera de violar “los derechos y legítimos intereses colectivos de los consumidores consagrados en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento, toda vez que se encuentra vendiendo cilindros conteniendo gas que incumplen los requisitos de contenido neto”.

Por tanto, solicita a la Arisep “se sirva tramitar la acción administrativa pertinente y sancionar de conformidad con la normativa”. La indagatoria continúa abierta.

En medio del supuesto fraude, trabajadores de Tropigas y Gas Nacional Zeta encargados de los expendios se quejan de que ellos, y no los directivos de las compañías, son quienes enfrentan las quejas de los consumidores.

Al respecto, la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Propano y Anexas (Andigapa), integrada por distribuidores de gas al menudeo, denuncia que Tropigas y Gas Nacional Zeta venden cilindros “ordeñados” en todo el país.

“Quién sabe cuánto tiempo llevarán robando a los consumidores costarricenses”, dice Tatiana Valdi, presidenta de la asociación. Por ello, asegura, “nuestras denuncias contra esas compañías son también en defensa de los consumidores, quienes no saben la manera en que las gaseras obtienen ganancias extras; simplemente se dan cuenta que cada vez el gas es más caro y les rinde menos”.

La Andigapa llevó ante la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Consumidor y el Minae su denuncia contra las citadas compañías por “envasar cilindros con menos gas del que factura a los consumidores”.

Más afectaciones

Gilbert Brown, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines, de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) condena el desempeño de las gaseras mexicanas, las cuales, dice, han distorsionado el esquema de Estado Solidario ponderando sus intereses y fines de lucro.

“Aunque tenemos una empresa del Estado que se encarga de importar todo el gas que se consume en el país, el que su distribución sea exclusiva de los privados y esté en pocas manos ha provocado que los precios se eleven, y aunque las compañías tampoco les dan buen servicio, los costarricenses estamos obligados a comprarles”, explica.

Tyrone Esna, secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapeque), destaca que otras afectaciones para los consumidores se derivan de que frecuentemente la Aresep cede a la exigencia de las gaseras para que incremente el precio del energético.

La disputa por el precio del gas entre el Grupo Zaragoza y las autoridades de Costa Rica no es reciente, y ha sido tan ríspida que, incluso, en 1997, aún cuando por disposición de gobierno la Aresep había determinado un precio máximo de venta al consumidor, Tropigas y Gas Nacional Zeta vendieron a un precio mayor al establecido por el gobierno, con el argumento de que la disposición era inconstitucional; y presentaron un recurso de amparo para anular el precio oficial. Durante 18 meses las empresas se beneficiaron con el oneroso precio, hasta que, de forma definitiva, la Sala Cuarta Constitucional les negó el amparo.

Carolina Mora, de la Aresep confirma que de las cinco compañías gaseras que operan en el país, sólo las del Grupo Zaragoza regularmente solicitan aumentos al precio del energético; el más reciente fue aprobado el 13 de marzo de 2007. Aunque, dice, ante el incremento en el combustible, muchas familias prefieren utilizar parrillas eléctricas o leña para cocinar. Lo más negativo es que aunque se comprobaron los señalamientos del MEIC no se han clausurado, “porque nos quedamos sin abasto”.

Las complicaciones de las gaseras mexicanas con la Aresep se intensificaron en diciembre pasado, cuando la dependencia –que encabeza Fernando Herrero– determinó revocar la concesión de las dos empresas del consorcio que dirige Jesús Alonso Zaragoza López.

Según la medida, Zeta Gas de Costa Rica y Tropigas dejarían de operar desde marzo pasado, sin embrago, en febrero pasado, el Minae solicitó a la Aresep una prórroga de cuatro meses para que ambas empresas continúen distribuyendo el energético. Así, la prórroga sería del 12 de marzo al 12 de julio próximo.

Rodrigo Carazo, ex presidente de Costa Rica y exdirector de la Recope, dice que las últimas administraciones son corresponsables de que el consorcio gasero mexicano tenga maniatadas tanto a las autoridades como a los consumidores costarricenses. “Poner la distribución de los energéticos en manos privadas, siempre es entregarle el postre a quien se adueña de toda la comida”.

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