Desde el sexenio de Vicente Fox, la Sagarpa ha otorgado al IICA –organismo de la OEA– más de 1 mil 500 millones de pesos. La transferencia del dinero público fue calificada de “costosa y excesiva” por la Auditoría Superior de la Federación; sin embargo, el actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, continúa la entrega de recursos públicos al organismo internacional

Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha transferido más de 1 mil 500 millones de pesos, a través de tres de sus órganos desconcentrados, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

En 2005, el traspaso de casi 300 millones de pesos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) –órgano desconcentrado de la Sagarpa– al IICA –brazo agropecuario de la Organización de Estados Americanos (OEA)– se realizó de manera irregular, señala el Informe de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El máximo órgano de fiscalización del país determinó que el Senasica, encargado de proteger y preservar la sanidad e inocuidad de vegetales y animales en México, tuvo una administración “costosa y excesiva”.

Y es que el organismo de la OEA creó una plantilla laboral paralela a la que ya tiene el órgano desconcentrado de la Sagarpa. Además, no presentó informes financieros de la aplicación de los recursos.

A pesar de las observaciones hechas por la ASF, el actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, firmó en agosto de 2007 el Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos con el representante del IICA, Christopher Hansen; vigente hasta al 30 de noviembre de 2012.

Ese documento da continuidad al Acuerdo General Interinstitucional de Cooperación Técnica, signado el 2 de julio de 2002 por Edgardo Moscardi, entonces titular del IICA, y el exsecretario Javier Usabiaga Arroyo.

Informes obtenidos por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revelan que de 2002 a la fecha, se le han entregado al organismo de la OEA 1 mil 584 millones 456 mil 37 pesos a través del Senasica, de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y de la Subsecretaría de Agricultura.

Senasica, facultado para desarrollar y aplicar planes y programas sanitarios que apoyen al campo, así como de atender las emergencias sanitarias agropecuarias, asignó el presupuesto más alto al IICA durante el sexenio de Vicente Fox: más de 1 mil 400 millones de pesos; le sigue Aserca con 105 millones y la Subsecretaría de Agricultura con 6 millones de pesos.

IICA, “caja chica de la Sagarpa

Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), critica la transferencia de recursos que ha hecho Sagarpa al IICA, ya que es “una forma de desviar recursos del escrutinio público y de utilizarlos de manera discrecional”.

El IICA, dice el dirigente de la ANEC, se ha convertido en la “caja chica” de la Sagarpa, pues “le permite al secretario y a los subsecretarios contratar personal que ellos quieren, despachos, investigadores, comprar mobiliario, equipo que de otra manera no podrían hacer”.

De acuerdo con el Concentrado de Programas y/o Proyectos Administrados por el IICA de 2002 a 2008, entregado por el Senasica por medio de la Ley de Transparencia, fueron erogados 1 mil 276 millones 172 mil pesos durante la administración de Javier Trujillo Arriaga, y otros 196 millones 606 mil 520 pesos en 2007 y 2008 por el actual director en jefe, Enrique Sánchez Cruz.

El erario fue erogado a través de siete proyectos principales: “Senasica- IICA, Contingencias, Programa Operativo Moscamed, Moscas de la Fruta, Apoyo de Personal Técnico para Prevenir el Ingreso de Plagas y Enfermedades Exóticas al país, CPA 80 por ciento-20 por ciento, y el Programa de Seguimiento y Control de Oficinas de Inspección de Sanidad”.

En 2005, la ASF evaluó la aplicación de recursos a través de 13 programas y señaló que no encontró “evidencia de las acciones que realizaría el IICA, en cuanto a aportación de experiencias, resultados y recomendaciones en desarrollo agropecuario, cooperación técnica y capacitación, apoyo a la planeación estratégica, servicios profesionales y desarrollo tecnológico”.

Por el contrario, enfatiza el máximo órgano de fiscalización del país, el Senasica se “limitó” a la contratación de bienes y servicios para la operación de dichos esquemas.

La ASF constató que “los informes trimestrales de los proyectos realizados al amparo del Anexo Técnico del Acuerdo General Interinstitucional son presentados por las direcciones generales del Senasica al IICA, lo que indica que es el Senasica quien realiza las acciones para el cumplimiento de los mismos” (Fortuna 61).

José Narro Céspedes, integrante del Consejo Consultivo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, coincide con el dirigente de la ANEC y agrega que el Senasica se ha caracterizado por ser un “desastre”.

“La situación fitosanitaria es un desastre: se tienen problemas en gran parte del país para poder exportar ganado. Hay muchas regiones en las que a falta de barridos sanitarios y control de enfermedades, como la brucelosis y tuberculosis, se impide la entrada de ganado a Estados Unidos. En realidad, no hemos visto el apoyo de IICA”.

Opacidad en el manejo del erario

Aserca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, también traspasó al IICA 105 millones 302 mil 467 pesos, de 2002 a 2007, sólo para cubrir los gastos en servicios de asesoría profesional y el pago de cuotas a organismos internacionales, según indica la información entregada a Fortuna.

Además, funcionarios de Aserca, organismo encargado de fomentar la distribución de los productos agrícolas y ejecutar el Procampo, remitieron por correo electrónico una denuncia de supuestos actos de corrupción en la contratación de personal a través del órgano dependiente de la OEA.

Enviada el 15 de noviembre pasado al presidente Felipe Calderón, así como a los secretarios de Agricultura, Alberto Cárdenas, y de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, la misiva solicita que se haga una revisión en el proceso de contratación del personal, ya que éste se ha dado por “compadrazgos y amiguismos”.

Las anomalías, señala la carta, ocurren desde la gestión de Juan Antonio Fernández Ortiz al frente de Aserca –quien después ocupara la dirección del Seguro Popular y fuera inhabilitado en 2007 por malos manejos administrativos en el proceso de credencialización del programa de salud– hasta la actual administración, a cargo de Ana Graciela Aguilar Antuñano.

Ejemplo de ello, expone la denuncia, es que Catalina Rodríguez Corona, exdirectora de Administración y Finanzas del Seguro Popular fue contratada por el IICA bajo el régimen de honorarios, de septiembre de 2006 a marzo de 2007, con un sueldo mensual de 57 mil pesos, a petición de su esposo Agustín Delgadillo Lauren, entonces director de Control y Evaluación en la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Aserca.

El aval de la contratación fue dado por la directora en jefe de Aserca, Ana Graciela Aguilar Antuñano, y por el coordinador jurídico de la dependencia, Marco Tulio Monjardín, el mismo que aparece en la firma de los anexos técnicos entre IICA y Aserca.

Isabel Cruz Hernández, integrante de la campaña Sin maíz no hay país –movimiento campesino en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano–, dice que en la transferencia de recursos de Sagarpa al IICA hay un manejo opaco del erario.

Cruz Hernández, economista y representante de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), asegura que “hay un problema de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Todos deberíamos estar enterados del desarrollo de esos programas, en qué y cómo se gasta el dinero público; sin embargo, la constante del gobierno actual es hacer cosas que desconoce la sociedad rural”.

La directora de la AMUCSS agrega: “Obviamente habría que preguntar a la Sagarpa sobre los resultados de esos 1 mil 500 millones de pesos, qué hicieron y en concreto a quiénes beneficiaron con esas acciones”.

Cumplimiento de acuerdos

Mientras, la Subsecretaría de Agricultura, a cargo de Francisco López Tostado, entregó en 2004 otros 6 millones 375 mil pesos para cumplir con los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo General Interinstitucional de Cooperación Técnica.

La entrega del erario al organismo internacional fue operada en la administración del exsecretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y los exsubsecretarios López Tostado y Antonio Ruiz García, de Desarrollo Rural, a través del Acuerdo Interinstitucional signado el 2 de julio de 2002 con Edgardo Moscardi, encargado de la oficina de IICA México.

Horacio Solis Montemayor, subdirector de Convenios y Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Agricultura se limitó a entregar una nota informativa a través de la Ley de Transparencia, en la que indica que el IICA recibió recursos de esa dependencia para la reestructuración institucional del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias).

“Para la realización de dichas acciones, la Sagarpa transfirió 2 millones 875 mil pesos, por medio de la cuenta líquida certificada 500.002, el 26 de octubre de 2004 a la cuenta bancaria 04025448226”, indica la nota.

Isabel Cruz Hernández, representante de AMUCSS, dice que es “absolutamente condenable que se hagan este tipo de convenios de transferencia, porque México tiene capacidades humanas y técnicas, suficientemente amplias para establecer programas de desarrollo agrícolas.

“Desde el punto de vista de la transparencia es criticable, porque no es algo que se haya sabido. Nosotros, como organizaciones campesinas, participamos cada año en la elección de presupuestos rurales y en la instrumentación de las reglas de operación, y no se sabía de esta entrega de recursos al IICA”, dice.

Además, fueron erogados otros 3 millones 500 mil pesos, el 23 de noviembre de ese mismo año, para “conjuntar acciones y recursos y cumplir con el objetivo de realizar el proyecto Módulo de Información de los Sistemas Producto, del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural”.

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Salvador Ruiz Sánchez, dice que las acciones que se llevan a cabo entre Sagarpa e IICA “obstaculizan la reorientación de la política agropecuaria”.

Ruiz Sánchez, quien forma parte de las filas de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, dice que estas transferencias “evidencian la trama de corrupción, malos manejos del erario público y la existencia de grupos que se encuentran enquistados al interior del gobierno, que lejos de emplear de manera eficiente los recursos que le asigna la Cámara de Diputados los emplean para debilitar aún más a un sector que se encuentra en franco deterioro”.

Se solicitó entrevista a la Secretaría de Agricultura mediante la Dirección General de Comunicación Social, a cargo de Avelino Hernández, sin obtener ninguna respuesta al cierre de esta edición.

El IICA México señaló, a través de la asesora de la Dirección General, Alma Luisa Farré, que por el momento el organismo carece de un representante en el país que pueda dar respuesta acerca de la asignación y gasto de los recursos públicos transferidos a su favor.

 

IICA “perjudica a México”

Con sede en Costa Rica, el IICA supuestamente es promotor de las comunidades rurales de América y estimula el desarrollo agrícola, con la elaboración de planes, programas, proyectos y actividades, “de conformidad con los requerimientos de los gobiernos de los Estados miembros”.

Sin embargo, la evaluación que hizo la ASF en 2005 acerca de la entrega de recursos por parte del Senasica determinó que el IICA sólo incrementó los costos de las adquisiciones hechas ese mismo año.

Isabel Cruz Hernández, representante de la AMUCSS, explica que el IICA es un organismo intergubernamental que se encarga de asuntos agrícolas de investigación y desarrollo: “Está financiado con aportes de gobierno y, teóricamente, se establecen mecanismos de apoyo para que los gobiernos desarrollen estrategias nuevas de solución a la agricultura e intentan transferir tecnologías o soluciones de un país a otro”.

No obstante, dice la experta en economía agrícola, “en México ha tenido una presencia sumamente limitada, porque es un país muy grande con muchas realidades rurales y el instituto no tiene un peso político fuerte para actuar aquí, por el contrario es subordinado a las políticas nacionales. No es un interlocutor fuerte en política agrícola”.

Salvador Ruiz Sánchez, integrante de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, dice que el IICA incumple su función, pues se ha convertido en el “apéndice” de un sistema que ha limitado el desarrollo agrícola mexicano: “En el marco de los estragos que se han creado por un inequitativo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el IICA encaja perfectamente con esta dinámica de debilitamiento del agro mexicano, ya que absorbe de una manera lesiva el magro presupuesto para el campo y, como se ha evidenciado, sólo ha contribuido al engrosamiento burocrático”.

Transferencia de recursos Sagarpa – IICA 2002 a 2008

Órgano descentralizado de Sagarpa

Monto *

Senasica

1 mil 472 millones 778 mil 570

Aserca

105 millones 302 mil 467

Subsecretaría de Agricultura

6 millones 375 mil

Total

1 mil 584 millones 456 mil 37

*Cifras en pesos

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