Zeta Gas

El Legislativo, la SFP, autoridades federales y estatales investigan denuncias penales y administrativas contra Jesús y Gabriel Zaragoza López, directivos de la empresa Zeta Gas del Pacífico, y contra los funcionarios que les autorizaron la instalación del complejo de gas LP en una zona ejidal de Manzanillo

Fotos / Julio César Hernández

Manzanillo, Colima. La Procuraduría General de Justicia de Colima desahoga una denuncia penal, integrada en el expediente 579/05, en la que investiga a los empresarios Jesús y Gabriel Zaragoza López, directivos de la empresa Zeta Gas del Pacífico, por supuestos delitos ambientales, tipificados en el Código Penal de Colima, por instalar una terminal de gas en el ejido Campos, zona que, por decreto de gobierno, es de reserva y protección ecológica.

La denuncia presentada por Gregorio Solano González, vecino del ejido donde se instaló la gasera, involucra al exalcalde de Manzanillo, hoy diputado federal por el Partido Acción Nacional, Nabor Ochoa López; a la exsíndica municipal, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y a la extitular de la Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda, Miriam Yadira Lara Arteaga (las dos últimas diputadas locales por el PAN).

Las autoridades indagan si dichos funcionarios autorizaron a Zeta Gas el cambio de uso de suelo –de forestal a industrial– para construir la planta que, según Jesús Zaragoza López, será la más grande de América Latina.

El artículo 246 del Código Penal de Colima estipula: “Se ejercerá acción penal a quien ilícitamente realice, ordene, dirija o incite la realización de actividades distintas para las que se hayan destinado las diferentes zonas del territorio del estado en los programas de ordenamiento ecológico territorial”.

En la denuncia presentada el 9 de agosto de 2005, Solano exige que, en apego a la ley, la Procuraduría del estado aplique las penas correspondientes a los dueños de la gasera y a los funcionarios que autorizaron su instalación, pues podrían haber incurrido en un delito ambiental.

Asegura que Miriam Yadira Lara, Nabor Ochoa López y Gabriela de la Paz promovieron el cambio de uso de suelo “con la intensión de que se instale una planta de gas de alto impacto y riesgo, que ya inició sus obras, sin tomar en cuenta el desequilibrio ecológico que puede causar, omitiendo los estudios ambientales necesarios y absteniéndose de aplicar el Ordenamiento Ecológico del estado de Colima”.

Cita que “también participan en los delitos ambientales Jesús Zaragoza López o Gabriel Zaragoza, así como los responsables, gerentes, administradores, directores y representantes legales de Zeta Gas del Pacífico, no sólo por incitar la construcción de industrias en áreas con políticas de protección, sino por realizar obras distintas a las reservadas para las parcelas”.

Supuestas irregularidades

El 28 de agosto de 1993 entró en vigor el Ordenamiento Ecológico del estado de Colima, en el cual se establece que los terrenos del ejido Campos están bajo una política de protección, por considerar que en ellos existe abundante flora y fauna que, de ser dañadas, afectarían el equilibrio del tercer ecosistema lacustre más importante del Pacífico mexicano.

Después de años de investigaciones en materia ambiental, por decreto de gobierno se emitió el programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, que entró en vigor el 6 de julio de 2003, donde se ratifica que la zona debe estar protegida. Desde entonces, se prohibieron los establecimientos industriales, considerados incompatibles para el equilibrio ecológico de la región.

Nueve meses después, la empresa Zeta Gas del Pacífico solicitó a la Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda, presidida por Miriam Yadira Lara Arteaga, modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, relativo al uso de suelo de 60 hectáreas del ejido Campos, para declararlos “de uso turístico ecológico a zona industrial de alto impacto”, según se asienta en el acta número 29 del ayuntamiento.

Sin estudio de impacto ambiental, consulta pública ni notificación ciudadana, en la reunión de cabildo del 15 de abril de 2004, presidida por el alcalde Nabor Ochoa, se aprobó la solicitud de la gasera, aunque según las indagatorias contravenía el decreto de gobierno de julio de 2003.

Según el acta de la reunión del cabildo, el 14 de mayo de 2004, la autorización fue modificada por el ayuntamiento, porque la primera anuencia “contenía errores sustanciales contrarios a la Ley de Asentamientos Humanos de Colima”. Se autorizó a Zeta Gas “el cambio de uso de suelo de área forestal a reserva urbana a mediano plazo, y de turístico ecológico a industrial de alto impacto”. Detalla el acta que hasta ese momento no existía manifiesto de impacto ambiental ni estudios de riesgo ambiental. La autorización se publicó en el Periódico Oficial de Colima, el 12 de junio.

El 6 de septiembre, el gobernador Silverio Cavazos colocó “la primera piedra” de la planta de gas, junto a los hermanos Jesús y Gabriel Zaragoza López. En ese acto Cavazos declaró que su gobierno apoyaría a la gasera que, a su vez, “coadyuvaría con Petróleos Mexicanos en el almacenamiento, suministro, distribución y transporte de gas”. Por su parte, Gabriel Zaragoza declaró que habían recibido “todo el apoyo de los tres órdenes de gobierno y de Pemex”.

Públicamente, el alcalde Nabor Ochoa López reconoció que el ayuntamiento dispensó a la empresa los trámites que por ley debían cumplir. “Con el apoyo de los regidores, de todos, en particular de la presidenta de la Comisión de Asentamientos Humanos, Yadira Lara, y de cada uno de quienes confiaron en lo que estábamos proponiendo, y como el trámite urgía y era necesaria la autorización en el cabildo, propusimos la dispensa de trámite. Sin esa dispensa hubiera llevado un mes más autorizarlo, porque tendría que haber pasado a comisiones”, señaló el hoy diputado federal.

Bios

En diciembre de 2004, la asociación civil ambientalista Bios Iguana, de la Red Manglar Internacional y de la Wilde Cost de Estados Unidos, denunció ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los daños a las dunas costeras –consideradas áreas protegidas– provocados por la construcción de la gasera. Sin embargo, la dependencia desestimó sus quejas, argumentando que la obra contaba con el visto bueno del titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), Ricardo Juárez Palacios.

Ante la insistencia de los ambientalistas sobre los daños irreversibles provocados a las dunas de la playa Tepalcates, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clasificó como “reservados” todos los “incidentes” relacionados con la construcción y la operación de la planta de la empresa Zeta Gas del Pacífico, de acuerdo con el documento PFPA/SJ/3011/2005, remitido por el delegado estatal de dicha dependencia, Alberto Eloy García, al presidente de la asociación Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos.

Rechazo ciudadano

Durante meses, los habitantes de Campos y otras colonias aledañas, integrantes del denominado Consejo Ciudadano Manzanillense, solicitaron a Silverio Cavazos Ceballos detener la obra por considerarla “una amenaza para la estabilidad de los ecosistemas biológicos de la zona y un riesgo para la población”. Sin embargo, no hubo respuesta.

El 29 de septiembre de 2005, presentaron en el Congreso estatal una demanda de juicio político contra el alcalde de Manzanillo, la síndico Gabriela de la Paz Sevilla y la titular de la Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda, Miriam Yadira Arteaga, “por autorizar a la empresa Zeta Gas del Pacífico el cambio de uso de suelo”, indica la demanda remitida al Legislativo local.

En ella, los colonos denuncian que dichos funcionarios incurrieron en supuestas conductas penales y violatorias del artículo 40 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Colima, que establece: “Las obras o actividades que se realicen en el estado, así como el otorgamiento para los permisos de uso de suelo o construcción y las constancias de zonificación se sujetarán a lo dispuesto en los programas de ordenamiento ecológico y territorial correspondientes”.

Se les investiga también de violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por supuesta usurpación de funciones, “exponiendo de manera dolosa daños a los ecosistemas costeros en perjuicio de los servicios ambientales y del equilibrio ecológico”.

Al respecto, el diputado David Rodríguez Brizuela, presidente del Congreso estatal, asegura que, aunque los funcionarios denunciados son ahora diputados, la demanda en su contra se discutirá en el pleno. El legislador dice que la denuncia de juicio político está en revisión en la Comisión de Análisis de Responsabilidades de la quincuagésima legislatura. “Está por investigarse a fondo. En este periodo de sesiones se emitirá un dictamen al respecto”.

El 11 de octubre de 2005, el Consejo Ciudadano Manzanillense solicitó a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, su intervención para detener la construcción de la gasera, en un documento donde le explican:

“Le exponemos nuestra profunda preocupación por la falta de certidumbre técnica y jurídica de la instalación de infraestructura industrial para la instalación de una planta de gas LP, donde se construyen 20 esferas de almacenamiento a menos de 3 kilómetros del poblado Campos, donde somos 3 mil 800 habitantes (…) hemos demandado públicamente al gobierno del estado para que presente evidencia científica respecto a las instalaciones de la planta de gas, sin obtener respuesta alguna”.

El 22 de septiembre de 2006, Margarita Bataz Navarro, habitante de Campos, presentó una denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA), integrada en el expediente 759/2006, contra los mismos funcionarios del ayuntamiento, contra Jesús y Gabriel Zaragoza López, y contra la empresa Zeta Gas del Pacífico, para que el TCA invalidara el acuerdo de cabildo para el cambio de uso de suelo.

El 17 de enero de 2007, Esperanza Salazar, coordinadora de Bios Iguana, presentó una denuncia similar contra los mismos actores, integrada en el expediente 450/2007. En las ampliaciones a su querella, demandó también al gobernador Silverio Cavazos, porque el pasado 3 de mayo el Ejecutivo local reformó el programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán para declarar el ejido Campos y toda la Laguna de Cuyutlán como zona industrial.

Derivado de esta última, en unos días, el TCA, encabezado por Guillermo Ruelas Ocampo, hará algunos peritajes para determinar si los gobiernos municipal y estatal violaron la ley al autorizar el cambio de uso de suelo a favor de Zeta Gas del Pacífico.

José Alberto Vásquez, abogado de Salazar Zenil, señala que “la conducta del gobernador fue para encubrir a la gasera, instalada en Campos de manera ilegal desde 2004”. También explica que Silverio Cavazos cambió el uso de suelo cuando, después de dos años de instalada la gasera, el Ejecutivo local incurría en responsabilidades.

“De llegarse a demostrar en la vía administrativa que la empresa Zeta Gas se instaló con el apoyo de las autoridades municipales en un momento en que no estaba dictaminado un uso de suelo para el giro que ellos manejan, solicitaremos la demolición de las instalaciones. La responsabilidad que la empresa y las autoridades que la apoyaron tendrían sería no solamente ambiental sino de tipo penal.”

A partir de que Zeta Gas del Pacífico llegó a Campos –señala el abogado–, “muchas zonas que eran de protección, con la anuencia del gobernador, pasaron a ser zonas de aprovechamiento industrial”.

Polémica autorización de Semarnat

El 23 de junio de 2004, la empresa Zeta Gas del Pacífico obtuvo la aprobación de la Semarnat, a través de la DGIRA, que encabezaba el biólogo Ricardo Juárez Palacios. El 22 de marzo de 2006, la ambientalista Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de Bios Iguana, presentó, por dicha autorización, una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) –integrada en el expediente PDE-43/06– contra Juárez Palacios.

En el pleno de la Cámara de Diputados –en el recinto de San Lázaro–, el pasado 19 de abril, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Diego Cobo Terrazas, denunció que el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, autorizó proyectos “contraviniendo las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.

El diputado federal señaló que la Comisión a su cargo documentó 74 permisos otorgados “de forma irregular” por Juárez Palacios; entre éstos, el proyecto “Planta de Suministro de Gas LP, Zeta Gas del Pacífico”. El Legislativo pidió a Alberto Cárdenas el cese del funcionario y a la SFP dar respuesta a las denuncias presentadas en su contra y fincar responsabilidades.

Ricardo Juárez Palacios renunció a la Semarnat el pasado 17 de julio, en donde organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales aseguran cometió conductas violatorias a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En la SFP se le involucra en 19 quejas y denuncias, algunas actualmente en investigación.

En diversos escritos enviados al secretario Alberto Cárdenas, ciudadanos de Campos solicitan que revise la autorización que la DGIRA dio a la gasera. La petición es respaldada por legisladores federales de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Respecto a la autorización otorgada a Zeta Gas del Pacífico, Fernando Carbonell, vocero de la Semarnat, señala que derivado de las acusaciones contra Ricardo Juárez Palacios, quien renunció “por motivos de salud”, por órdenes del presidente Felipe Calderón, el Órgano Interno de Control de la SFP practica una auditoría especial “a todas la autorizaciones que dio Ricardo Juárez Palacios”. La fiscalización, señala Carbonell, podría tardar varios meses, pues “está en revisión un amplio lapso de tiempo de su función”.

Proyecto transexenal

El proyecto de los empresarios Jesús y Gabriel Zaragoza López en Manzanillo incluye, además de la planta de gas que está en operaciones, una terminal portuaria privada donde atraquen los barcos que transportan, desde Europa y África, el gas que importa Pemex, y un ducto de 303 kilómetros, con un diámetro interior de 12 pulgadas, que correrá desde Campos, Colima, hasta El Salto, Jalisco.

Para este negocio, el 13 de diciembre de 2003, los empresarios Zaragoza crearon la razón social Zeta Gas del Pacífico, SA de CV, con domicilio fiscal en Manzanillo. Según el acta constitutiva, los accionistas son: Miguel Zaragoza Fuentes, Jesús Alonso Zaragoza López, Myrna Alicia Zaragoza López, Evangelina Zaragoza López y Gabriel Zaragoza López.

La empresa tiene por objeto: “La renta en espacios o volúmenes en esferas contenedoras para el servicio de almacenamiento de gas LP; la recepción y entrega del producto almacenado a través de camiones autotanques, buques tanques y tubería; la construcción, manejo, administración y operación de almacenamientos semi-refrigerados de gas licuado de petróleo (GLP); la compra, almacenamiento, importación, exportación, distribución, transporte y venta de GLP”, entre otros.

Hacia finales del sexenio foxista, la familia Zaragoza recibió la mayor parte de las autorizaciones que requería su megaproyecto, con las cuales incursionaron en áreas de negocio que, constitucionalmente, son atribuciones exclusivas de Pemex. Por ejemplo: el almacenamiento y la distribución de gas, y el manejo y la operación de gasoductos.

En una entrevista concedida a Contralínea, Jesús Zaragoza López, presidente de Grupo Zeta, aseguró que dicho proyecto fue aprobado por Marcos Ramírez Silva, Salvador García Luna, Miguel Bueno, Alberto Cervantes, Roberto Ramírez Soberón y Alejandro Martínez Hijara, funcionarios y exservidores públicos de Pemex.

La última concesión que les otorgó la administración de Vicente Fox fue la terminal portuaria, a través del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola Weber. Se trató de una concesión “para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación para la construcción y operación de una terminal portuaria de altura, de uso particular, para la recepción de GLP”; publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de marzo de 2006.

De acuerdo con el titular de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, César Patricio Reyes Roel, hasta la fecha, es la única concesión otorgada a una empresa privada para operar una terminal portuaria. Su construcción aún no inicia. La descarga del gas que Pemex importa de Europa y África se hace en mar abierto, en desembarcos resguardados por la Capitanía de Puerto que encabeza Enrique Casarrubias García, quien comenta que, a la fecha, han vigilado 16 desembarcos.

El diputado David Rodríguez Brizuela, presidente del Congreso estatal, dice que una de las promesas de los hermanos Zaragoza para instalar su empresa fue la creación de fuentes de empleo; sin embargo, la gasera sólo emplea a 30 personas, según declaraciones del gerente de Zeta Gas, Víctor Moya Álvarez, vertidas ante diputados locales y ante el secretario de Fomento Económico del gobierno estatal, Ignacio Peralta, quienes el pasado 27 de abril visitaron las instalaciones.

Represión a opositores

El pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los integrantes del denominado Grupo contra la Contaminación de Campos, organizaron una manifestación en un parque público de Manzanillo, donde el gobernador Silverio Cavazos hacía un acto oficial.

Margarita Bataz y sus hijas Yuriria y Eugenia Trejo Bataz, ambas menores de edad, increparon al gobernador por ceder Campos y la Laguna de Cuyutlán a empresarios privados. Yuriria le arrojó billetes fabricados por los ambientalistas para simbolizar la compra de las tierras. Acto seguido, Margarita, sus dos hijas y otros dos manifestantes fueron detenidos.

“Nos llevaron al Ministerio Público, nos trataron de intimidar, nos tuvieron seis o siete horas, nos dijeron que era porque andábamos en este movimiento, que entregáramos a los líderes y nos dejaban libres. Fue el procurador Arturo Rivera. Me pidió 5 mil pesos por cada uno de mis compañeros y mis hijas. Le dije que de dónde iba yo a sacar ese dinero. Nos llevaron a unas celdas de castigo, nos desnudaron y nos hicieron hacer sentadillas”.

—¿Qué sucederá con su demanda contra el exalcalde y los señores Jesús y Gabriel Zaragoza López?

—Realmente queremos que los paren. Quisiéramos pensar en la justicia, en que las autoridades no se van a vender, pero sabemos que ésos son sueños guajiros. Queremos hacerles entender que la gente de Campos no está para aguantar, estamos en riesgo. Hay voces. Nos vamos a alzar.

Se solicitó una entrevista con los funcionarios y los empresarios a quienes se involucra en las denuncias. De ninguno de ellos hubo respuesta.

Temor en el ejido Campos

Ubicado a 6.5 kilómetros al sureste de Manzanillo, frente al Océano Pacífico, junto a la Laguna de Cuyutlán, Campos es un ejido con tierra buena para el cultivo de coco, ciruela, mango, palma y limón. Es también un estero de huachinango, róbalo y malacara. Se trata del tercer humedal costero de mayor importancia biológica del Pacífico mexicano.

Terruño de agricultores y pescadores, sus pobladores dicen que, de pronto, se convirtió en una bomba de tiempo. Tienen temor de que ocurra un accidente similar a la explosión de San Juan Ixhuatepec, en el estado de México, “donde sólo había dos esferas”. En la planta de Zeta Gas hay 20.

Los lugareños aseguran que, pese a la cercanía de la planta, no se les ha notificado de algún plan de contingencia en caso de que ocurra un accidente. Gregorio Solano dice que, aunque la gasera está junto a su parcela, él trabaja la tierra “como siempre”.

“Para mis labores en el campo uso la lumbre –explica–, siempre lo he hecho así; deshierbo y luego quemo toda la hierba. Aunque los tengo al lado, a mí no me han informado si debo dejar de prender lumbre, no me han dicho nada”.

A orillas de la playa Tepalcates, zona donde desovan las tortugas, en una franja de dunas costeras del sistema terrestre Llanura Costera Laguna de Cuyutlán –área de conservación incompatible con asentamientos humanos, infraestructura e industria– se ubica la planta privada de almacenamiento de gas más grande en todo el país, en los ejidos que pertenecieron a Simón Pérez, Mario Cancino, Gregorio García, Armida Núñez.

La carretera por donde se arriba a la planta es un zigzag de tierra suelta sin señalamientos, salvo un letrero de lámina con el logotipo de la empresa a orillas del camino, justo frente a la entrada principal de la planta.

En todo Campos, por las noches, el olor a gas, que en el día es apenas tolerable, se intensifica. Es la hora en que traileres y camiones cisterna de toda la región llegan a abastecerse del energético facturado por Pemex, pero despachado en instalaciones de Zeta Gas del Pacífico.

Las 360 familias que se dedican a la pesca –en cooperativas o de forma independiente– se quejan de que el delegado de Pesca, Pedro Figueroa, simplemente les dijo que ya no podrían pescar en la zona, porque se instalaría “una inversionista privada”.

Timoteo Velasco Ocampo, presidente de la cooperativa Pescadores de la Laguna de Cuyutlán Alameda, dice que la orden de Figueroa fue simple: “Que no se acercaran ni a la playa, ni por el lado del mar, porque ya era una zona privada”.

“La gasera la hicieron a escondidas de la gente; no hay programas de protección civil, no sabemos qué hacer en caso de contingencia, mandamos oficios a Felipe Calderón, pero no nos responde”, dice Tita Chávez Barrón, pescadora desde hace 30 años. “Nuestro único sustento es la pesca, de eso hemos vivido toda la vida, pero llegó la gasera y el alcalde nos dice que ellos traen inversión, que son el progreso, y que nosotros no damos nada”, dice Ignacio Solis, de la cooperativa Jaiba Manzanillera.

Desde la parte más alta de Campos, junto al faro, los escuálidos dedos de Francisco Galeana se deslizan en el aire, para trazar la ruta por la que, a bordo de sus viejas lanchas, clandestinamente, se deslizan a pescar en el trecho de mar que ahora es de uso exclusivo de la gasera. “A veces nos metemos a escondidas, porque el estero es bueno, pero apenas echamos la red cuando llegan los de la Armada”, confiesa tímido. Y mientras ajusta la gorra de béisbol con la que se ataja el sol, piensa en aquellos días cuando ni la playa, ni el mar tenían dueño. “El gobierno nos sigue haciendo menos, ¿qué de veras no valdremos nada?”, cavila. (ALP)


El negocio Pemex-Zaragoza

En dos entrevistas concedidas a Fortuna, en abril y mayo pasados, Jesús Zaragoza López detalló cómo planeó el proyecto de Manzanillo apoyado por funcionarios del sector energético del sexenio foxista, con el cual –dijo– obtendría ingresos anuales por 42 millones de dólares. Aquí reproducimos parte de ambas conversaciones.

–¿Cómo planearon el proyecto de Manzanillo?

–Es muy sencillo, en el primer prontuario que se publicó, hecho por el secretario Luis Téllez y publicado en octubre de 2000, cuando entró el presidente Fox, nosotros analizamos el proyecto: dicen que no va a haber gas suficiente para la República Mexicana. La secretaria Georgina Kessel dijo que ya no hay suficiente gas LP. Entonces, qué necesitamos, pues importación de gas. Nosotros, en nuestra estrategia de servicio y de expansión del Grupo Zeta, construimos una terminal marítima en Colima. Podríamos haberla construido en Lázaro Cárdenas, pero, con los problemas que había de los sindicales, ni de chiste íbamos a meternos en la boca del lobo, por eso se construyó en Manzanillo. Para la concesión, nosotros metimos los papeles el 18 de febrero y salieron el 30 de marzo. Después de dos revisiones, el caso se concretó.

–Fue rápido. ¿En un mes los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvieron la disposición?

–Sí, así es.

-¿Funcionarios de Pemex intervinieron para que se les diera la concesión?

–Bueno, Pemex no otorga la concesión. Esta concesión la dio la Secretaría de Energía. Obviamente la Secretaría de Energía consulta con Pemex, digo, sería tonto pensar que no lo hicieron o que no lo hagan. Porque, incluso el Reglamento de Gas LP ya prevé la construcción de terminales. Sí, el Reglamento de gas ya existe, pero no existía una terminal privada, que eso fue lo que llamó la atención.

–¿Cuánto les costó conseguir esta autorización?, ¿se paga?

–Sí, hay que pagar también.

–¿Cuánto pagaron ustedes?

–Pues, los derechos que hay que pagar…

–¿Es caro?

–No, no es caro. Pagamos unos 50 mil pesos.

Jesús Zaragoza señaló que el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes fue otro defensor del proyecto: “La Administración Portuaria Integral (API) quería que formáramos parte de la concesión de la API, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les dijo: ‘no, tienes tu concesión limitada, bien cuadriculada, esta es otra concesión que yo voy a otorgar’”.

–¿Se reunió usted con Pedro Cerisola?

–No lo hace uno directamente, se contrata un despacho especial que reúne todos los requisitos y los documentos. Se contrata a un despacho especializado.

–¿Qué significa para el Grupo Zeta este negocio?

–Significa, vamos a decirlo, parte del fortalecimiento hacia la estructura del grupo. A partir de 2004, se empezó a construir, se invertirían 50 o 55 millones de dólares.

–¿Cómo son los contratos que tienen ustedes con Pemex para la importación de Gas?

–La estructura de Pemex tiene que subsidiar el gas LP. Entonces, la forma de subsidiarlo es que Pemex es el único importador. Pemex Gas, ya por cuestión interna de ley y la Constitución de México, Pemex Gas no puede importar. Entones, quien importa es PMI, es la empresa paraestatal que importa el gas.

–¿De dónde es el gas?

–PMI importa por Pajaritos. Ese gas que se importa es igual que el que se trae de Noruega o de África. Ya se buscan los traileres que son los que lo localizan.

–¿Y cómo se lo entregan a usted?

–Por barco. En la terminal.

–Y ustedes, ¿no tienen firmado ningún contrato con Pemex?

–No. A largo plazo no. De un año, de dos años.

–¿No existen contratos a largo plazo?

–No. Todos son por un año, máximo por dos años.

–Pero si a la empresa Pemex le dice que ya no da contratos para la terminal de Manzanillo, ¿cual sería una medida emergente? ¿Es una gran producción la que tienen allí, de cuántas toneladas estamos hablado?

–Son 70 mil toneladas.

–¿Qué porcentaje es para Pemex?

–Hoy por hoy, como Pemex es el único que puede importar, esta terminal está al servicio de Pemex, al servicio completamente, eso quiere decir que Pemex, cuando ya no quiera usarla, simple y llanamente dice que ya no la quiere usar, y ya, sin ninguna responsabilidad para Pemex.

–¿Esto no pone en riesgo la inversión?

–Claro, por eso le digo que no es fácil convencer a los accionistas.

–¿Por qué Pemex no hizo su terminal?

–Por lo mismo que usted ha visto, Pemex ha dicho, hasta en el Congreso, que necesita presupuesto para infraestructura. La terminal para Pemex lo tiene sin cuidado. El problema para Pemex y para México es la falta de inversión en los pozos petroleros, y ya no se diga, una terminal a Pemex lo tiene sin cuidado.

–¿Cuánto están pagando ustedes a Pemex por hacer uso de esa terminal?

–Tenemos contratos confidenciales, no se puede revelar, digo, si fuera unilateral no habría problema, pero tienen cláusula de confidencialidad.

–¿Con quién se firman estos contratos?

–Con PMI.

–¿Usted cree que hay riesgo de que pudieran rescindirles el contrato?

–Ya los jueces dirán.

–¿Pero usted tiene la certeza que todo está en regla?

–Yo tengo la seguridad. Estoy casi seguro de que todo está en regla, no me cabe la menor duda.

–¿Con quién fue más complicado obtener el permiso?, ¿con qué autoridades?

–Con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Es la más complicada, por lo que es el medio ambiente y aquí estamos hablando de mar y tierra.

–¿Cuándo sale el permiso de Semarnat?

–Tardaría unos seis meses. La primera institución es Energía, que ese vendría siendo un trámite realmente sencillo, no es complicado. Si cumples con el reglamento de gas, adelante, te doy permiso, de allí viene el permiso del ayuntamiento, allí hay una zona industrial y Semarnat vigila que se cumpla el medio ambiente, obviamente. Semarnat es más complicada.

–Pero, si ustedes pensaron en instalar esta planta, es porque ya lo habían hablado con los funcionarios de Pemex…

–¡Claro!

–No iban a construir una planta que no tuviera cliente…

–Sí, claro.

–¿Con quién lo vieron en Pemex?

–El final de la línea es el cliente, en este caso es Pemex Gas. Se vio con ellos obviamente. Pero el consumidor final son las amas de casa, quienes compran el gas, quienes consumen, quienes lo queman y lo necesitan, y esos clientes nosotros los atendemos como Grupo Zeta.

–¿Con Marcos Ramírez Silva?

–Con Pemex Gas fue un comité, el comité estaba formado por ocho gentes: Marcos Ramírez Silva, director general; el subdirector, Salvador García Luna; el de comercial, Miguel Bueno; Alberto Cervantes, en el área operativa; el actual director de Pemex Gas, Roberto Ramírez Soberón, que estaba en planeación, y Alejandro Martínez Hiraja.

–¿La idea fue de ellos o de ustedes?

–Ha sido idea de nosotros, porque es similar a la de Guatemala y Perú, que además nosotros estamos viendo cómo podemos tener la permanencia de nuestro negocio con o sin Marcos Ramírez, con o sin Salvador García Luna, la empresa debe continuar y, para que nosotros continuemos, tenemos la obligación de atender a nuestros clientes.

“Hoy por hoy Pemex la necesita (la terminal de Manzanillo), como un apoyo para el suministro de gas en esa zona de influencia de la terminal de Manzanillo, porque Pemex tiene la obligación de suministrar gas en esa zona”, dijo el empresario.

Mientras que Jesús Zaragoza López sostiene que Roberto Ramírez Soberón, actual director de Pemex Gas y Petroquímica (PGPB), participó en el comité de funcionarios de la paraestatal que dieron el visto bueno a su terminal de Manzanillo, a través de la gerencia de Comunicación Social de la paraestatal el funcionario niega haber participado en dicho proyecto.

Fortuna solicitó una entrevista con este funcionario, misma que fue negada. A una solicitud de información donde se preguntó a la paraestatal qué funcionarios dieron el visto bueno del que habla Jesús Zaragoza López, la respuesta del director de la subsidiaria fue: “Si está hablando del proyecto de construcción de la terminal de Manzanillo, se trata de un proyecto privado, ajeno a PGPB. Dicho proyecto debió contar con la aprobación de las autoridades competentes como la Secretaría de Energía”. Así, el funcionario se deslinda de la gasera. (ALP)