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La suspensión de actividades de Banco Accendo dictaminada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2021, y su posterior proceso de liquidación, afectó a cerca de una veintena de organismos públicos del orden federal, estatal y municipal, con montos cercanos a los 3 mil millones de pesos en total.
Hoy tocó a la secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, María Teresa Castro Corro, explicar al Congreso del estado, las afectaciones que dicha medida generó a las arcas locales toda vez que tenía invertidos 606 millones de pesos en tres pagarés con Accenso cuando sus operaciones fueron suspendidas.
En su comparecencia la funcionaria insistió en que dicha inversión fue apegada a la normatividad: la institución estaba autorizada para operar por las autoridades correspondientes, ofrecía mejores tasas que otros bancos, y contaba con la mejor calificación, grado uno, en cuanto a seguridad para la inversión que establecen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banxico.
Ante cuestionamientos sobre la legalidad de dicha inversión y las dudas sobre la recuperación de los recursos debido a la suspensión de actividades que dictaminó la CNBV, la secretaria aclaró que los reportes de calificación de las instituciones financieras que publicó la CNBV entre junio y septiembre de 2021, le otorgaban a Accendo el grado uno, incluso la publicación que hizo el 17 de septiembre de dicho año.
Por ello resultó sorpresivo que el 28 de septiembre la CNBV declarara la suspensión de actividades del banco e iniciara su proceso de liquidación.
Dado que no existe una regulación específica para la inversión de recursos en el estado, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas pidió al Congreso tomar esta situación como una oportunidad para normar dicha actividad.
Accendo era parte del grupo de bancos en los que Puebla invierte
La funcionaria reiteró que los recursos invertidos provenían de ingresos excedentes, disponibilidades financieras y resultado de ejercicios fiscales anteriores por ingresos de libre disposición. “Ningún recurso etiquetado de fondos federales fue invertido en Accendo”, aseguró.
Los recursos invertidos, aclaró, nunca superaron los 600 millones de pesos. Este monto se invirtió de manera revolvente en repetidas ocasiones. Además, Accendo era parte del grupo de instituciones financieras en las que invierte la Secretaría, como BBVA, Banamex, Santander o HSBC, precisamente para dar seguridad a sus inversiones y mantener en competencia a la banca.
Castro Corro aseguró que las inversiones en instrumentos financieros eran necesarias para cumplir con los pagos de deuda heredada por administraciones anteriores, como el crédito fiscal que provocó la administración de Rafael Moreno Valle.
Refirió que, en 2015, la Secretaría de Finanzas pagó indebidamente a la consultora Sistemas Lac más de 160 millones de pesos para supuestamente recuperar beneficios fiscales de años anteriores, los cuales hoy es claro que no eran procedentes.
En abril pasado, Puebla tuvo que pagar un crédito fiscal por una mala interpretación de la ley hecha por la secretaría de Finanzas de Moreno Valle, cuando aplicaron de manera irregular una compensación de impuesto por más más de 700 millones de pesos, que por multas y recargos se convirtieron en 2,600 millones de pesos en 2023.
Sin embargo, la Secretaría de Planeación y Finanzas logró recuperar 75% del crédito fiscal, con lo que finalmente solo se pagaron 650 millones de pesos del citado crédito fiscal.
Al respecto, Castro Corro, anunció que se interpuso una denuncia, a través de la Procuraduría Fiscal, ante el Órgano Interno de Control, por posibles conductas constitutivas de responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Del mismo modo, dijo que una vez que se tuvo conocimiento de la suspensión de actividades, se informó a la autoridad fiscalizadora, en octubre de 2021, a quien trimestralmente se le reporta sobre la situación del caso.
