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México es uno de los países que presenta más riesgo de incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita a través del lavado de dinero, según el Basel Institute on Governance de Suiza. A pesar del índice delictivo que significan estas operaciones de la delincuencia de cuello blanco, el Senado de la República postergó la ley contra el lavado de dinero hasta el siguiente periodo de sesiones. Expertos en la materia indican que una ley no sería suficiente para abatir este problema.
El lavado de dinero en México califica con 5.76 puntos (en una escala de 1 a 10 donde 10 representa el mayor riesgo de incidencia en este ilícito), de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, Basel. El índice ubica a México como uno de los países más propensos a incurrir en este delito. Sin embargo, la actual legislación no sería suficiente para abatir este problema. A pesar de la incidencia de transacciones con recursos de procedencia ilícita, el Senado de la República aplazó la aprobación de la ley que limitaría este tipo de movimientos financieros.
El índice Basel ha sido diseñado para medir el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros factores relativos a corrupción y política en todo el mundo. En el informe 2012 se señala a México dentro de los países con el índice más alto dentro del continente. México, con un puntaje de 5.76, se ubica por arriba de Colombia, que califica con 4.64 y por arriba de Estados Unidos, con un índice de 5.26
De acuerdo con datos oficiales, en México se lavaron 88 mil millones de dólares durante 2010, documenta una investigación de la periodista Nancy Flores en la edición 273 de la revista Contralínea. A decir de Ricardo Gluyas, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es necesario eliminar trámites burocráticos, robustecer la ley, crear programas preventivos y contar con un mayor poder sancionador.
En abril de este año fue aprobada en la última sesión de la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Según el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, este proyecto contempla alrededor de 40 modificaciones. Asegura que dichos cambios se refieren a sanciones y delitos.
El proyecto aprobado por la cámara baja contempla la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República. Ésta sería la instancia encargada de la investigación y rastreo de las operaciones con recursos ilícitos. Además, el proyecto de ley restringe compras en efectivo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, joyería, metales, piedras preciosas y obras de arte. La restricción evitaría que desembolsos millonarios se realizaran en efectivo, lo cual, afirma el doctor Alejandro López Bolaños, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “es simplemente un asunto de sentido común.”
Una vez aprobada en la Cámara de Diputados, la ley antilavado permanece congelada y a la espera de la aprobación del Senado.
Sin embargo, especialistas en la materia, consideran urgente la aprobación de dicha ley y su adecuada aplicación: “No hay medidas adecuadas para controlar el lavado de dinero, puesto que vemos cada vez más operaciones de este tipo (…) a veces el mismo sistema financiero en su conjunto fomenta que se pueda generar el lavado al no existir regulaciones”, explica Alejandro López Bolaños de la UNAM.
Restricciones al dólar
El 16 de junio de 2010 se hizo pública, a través del Diario Oficial de la Federación, la resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dicha resolución limita las operaciones de dólares en efectivo que las instituciones bancarias pueden recibir de sus usuarios.
Seis meses después, el decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sufrió algunas modificaciones que lo flexibilizaron: se incrementó a 14 mil dólares la cantidad permitida para hacer depósitos bancarios; y los pagos en efectivo en establecimientos podrán ser hasta por 250 dólares.
La SHCP propone que en cuanto a los centros cambiarios, estos deberán reportar las transferencias mayores a 500 dólares; y en el caso de los bancos, sus clientes podrán comprar sólo 250 dólares al día y mil 500 dólares al mes.
De contar con una legislación que restrinja los movimientos en dólares se afectaría a ciertos sectores comerciales como el hotelero y el joyero, principalmente en la zona fronteriza. Para Alejandro López Bolaños, con medidas de este tipo “se podría generar un mercado informal de dólares como pasa en algunos países de América del Su
Colusión con el narcotráfico
El tráfico de drogas, cuyas ganancias son lavadas para integrarse al sistema financiero, requiere de políticas que reestructuren la legislación no sólo en México, sino en todo el mundo. Estados Unidos, específicamente, reconoce la necesidad de contar con una legislación que además de inhibir el lavado de dinero, atienda el problema de salud pública que el consumo de drogas significa.
De acuerdo con un documento oficial del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos (Exploring drug gang’s ever evolving tactics to penetrate the border and the federal government’s ability to stop them), más de 31 mil estadounidenses mueren cada año a causa de la drogadicción. Y casi siete millones disminuyen su potencial de productividad al presentar dependencia a alguna droga.
El comunicado oficial emitido por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) documenta que durante la administración de Felipe Calderón existen cientos de casos en los que se sabe que servidores públicos recibieron sobornos del narcotráfico. Específicamente, altos funcionarios encargados de perseguir a narcotraficantes. Supuestamente, protegieron a estas mismas bandas criminales por sumas de hasta 450 mil dólares mensuales.
La conjunción de violencia y corrupción por la que atraviesa México haría más difícil que el país pudiera llegar a leyes concretas para abatir el lavado de dinero, argumenta el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
