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Unas tres millones de personas entre cinco y 17 años de edad realizan alguna actividad económica en México y debido a la situación de pobreza de muchas familias, este fenómeno podría estar en aumento.
A pesar de estar prohibido, las personas menores de edad desempeñan actividades económicas, por lo que es necesario un marco legal e institucional adecuado, que aborde el fenómeno en todas sus dimensiones, afirmó la secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró.
Aunque no hay estadísticas ni un seguimiento puntual, de acuerdo con la situación de pobreza de muchas familias en el país podría ser un fenómeno en aumento, indicó la funcionaria del IIJ de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el marco del Día del Niño, que se conmemora este 30 de abril, dijo que existe una correlación entre un menor nivel de escolaridad de los padres y una mayor incidencia de trabajo infantil, es decir, una relación directa con el ciclo de la pobreza y la exclusión social.
González Contró mencionó que los derechos de este segmento se enfrentan con varios obstáculos, entre ellos que es “un problema meramente formal, que es su reconocimiento, porque en México el marco legal e institucional es muy débil en relación con este tema”.
Señaló que el artículo 4º de la Constitución Mexicana -que reconoce los derechos de las personas menores de 18 años- menciona salud, alimentación, educación y sano esparcimiento, que es muy limitado en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel internacional, la cual incluye libertades, derecho a la participación, al juego y acceso a la justicia, entre otras garantías.
La experta precisó que como parte del cumplimiento formal de los tratados internacionales está la prohibición constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, de que los menores de 14 años trabajen, “pero no es suficiente, deriva de una visión simplista, como si únicamente con decretarlo, se erradicara el problema, y ello ha generado una condición de vulneración mayor”.
Explicó que en 2011 se publicó una reforma constitucional, que en el artículo 73 reconoce facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de la infancia, y que existe un proyecto de ley integral, pero fue planteada sin un proceso de consulta previo con especialistas de la academia y de las organizaciones, y carece de mecanismos para lograr la protección.
No contempla un marco institucional, es decir, un órgano o entidad que se haga cargo del seguimiento. “La iniciativa establece que el DIF será responsable, sin embargo, es necesario tener una instancia diferente, porque la asistencia social no es lo mismo que los derechos humanos”, aseveró González Contró.
Aunque estos se reconozcan en la Convención y otras leyes, no son una realidad. La privación de los derechos en la primera infancia, la infancia y la adolescencia tiene consecuencias graves, por ejemplo, en la nutrición y en la educación, y así se consolida la exclusión social, que después es difícilmente reversible, afirmó.
Para González Contró, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo incluye un módulo de trabajo infantil, “que nos da un primer acercamiento al diagnóstico de lo que ocurre en México”.
Según ese estudio (2009), hay tres millones de personas entre cinco y 17 años que realizan alguna actividad económica. De ese total, 28.4% tiene entre cinco y 13 años y 71.6%, entre 14 y 17. De las personas menores de edad que laboran, 1.2 millones no asisten a la escuela.
Casi 32% de los que trabajan lo hacen 35 horas o más; 23% entre 15 y 34, y 27% menos de 15 horas semanales. Esto “implica una clara vulneración de sus derechos, porque no pueden asistir a las aulas y tienen una sensible reducción del tiempo disponible para realizar otras actividades”, destacó la especialista.
Los menores de edad trabajan en condiciones de informalidad que implica mayor vulneración, pues no se les ofrece ningún tipo de prestación laboral; y la simulación implica ilegalidad y actuación al margen de la ley, abundó.
Laboran en empresas o negocios familiares, sin ninguna protección, y su ocupación va desde funciones domésticas que no les corresponderían de acuerdo a su edad, como hacerse cargo del cuidado de la casa y los hermanos (especialmente grave en el caso de las niñas), hasta en sectores como la minería, que emplea a adolescentes que llegan a sufrir accidentes graves y perder la vida.
El trabajo en la calle, que a pesar de haberse incorporado al paisaje urbano y de haber adquirido una condición de “normalidad”, no deja de ser delicado, o el agrícola, muchas veces disimulado por los patrones que emplean a los padres y les pagan a destajo, lo que estimula que los hijos ayuden, aunque se expongan a pesticidas o fertilizantes, puntualizó.
La Organización Internacional del Trabajo, concluyó González Contró, ha catalogado como las “peores formas de trabajo infantil” a la explotación sexual, la prostitución, la esclavitud y la utilización de niños en tráfico de estupefacientes, entre otros, “pero no es labor, sino explotación, y más bien son delitos donde hay víctimas”.
