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El creador de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa habría omitido declarar, entre 2020 y 2021, transferencias a cuentas en el extranjero por 26.5 millones de pesos, entre otros ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jesús Murillo Karam, por los delitos de evasión de impuestos y tráfico de influencias.
Murillo Karam fue procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue el creador de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa. De hecho, por su participación en este caso es que se encuentra detenido desde el pasado 19 de agosto.
De acuerdo con la UIF, entre los años 2020 y 2021, Murillo Karam no declaró al fisco transferencias a cuentas propias ubicadas en el extranjero por 26.5 millones de pesos.
En 2017, además, recibió 2.8 millones de dólares “por concepto de retorno de inversión en el extranjero”, igualmente sin hacer la declaración fiscal correspondiente.
Sin embargo, la UIF encabezada por Pablo Gómez, identificó que una empresa familia —no se reveló el nombre— en la que participaban un sobrino, el yerno e hijos de Murillo Karam resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo de procurador.
Específicamente “se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, y en ese mismo lapso, Murillo Karam “tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT —Gerardo Ruiz esparza—, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
“Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal”, detalló l UIF.
Por todo lo anterior, el pasado lunes 14 la UIF presentó la denuncia correspondiente por operaciones con recursos de procedencia ilícita ante la Fiscalía General de la República.
Por Raúl Castro-Lebrija
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