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Por Enrique Díaz Infante*
La crisis económica detonada por la pandemia de COVID-19 afectó principalmente al sector productivo de las MIPyMES (pequeñas y medianas empresas), donde se presentaron los mayores pérdidas y cierres administrativos, según datos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
En consecuencia, los intermediarios financieros dedicados a la atención de estas empresas y a los empleados fueron de igual forma los más afectados. Bajo este contexto, se inscribe el actual proceso de reestructura de adeudos de Crédito Real, Alpha Credit y UNIFIN, impidiendo la inclusión financiera del sector productivo micro, pequeño y mediano.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informantica (INEGI), en 2020 la crisis hizo que cerraran más de un millón de establecimientos MIPyMES, es decir, el 20.81%. Mientras que el 80% restante sufrieron una disminución de ingresos y la pérdida de 1.14 millones de empleos formales y alrededor de 5.5 millones informales.
Por otro lado, el INEGI informó que el número de establecimientos MIPyMES actuales en México es de 4.9 millones y el número de personas ocupadas para junio de 2022 es de 57.4 millones, cifras similares pre COVID-19.
Sin embargo, la institución estima que el PIB regrese a su nivel de 2019 hasta 2023 o 2024. A causa de ello, los MIPYMES tienen dificultades para pagar los créditos que solicitaron para fondear su actividad.
¿Qué problemas financieros pueden generar estos intermediarios financieros?
Los intermediarios financieros representan actualmente un reto considerable para la movilidad social, debido a la relación positiva que existe entre inclusión financiera de las MIPYMES y la mejora en el bienestar socioeconómico de las personas. Según datos del Banco Mundial en su Reporte sobre el Desarrollo Financiero, el acceso al financiamiento para las empresas, principalmente las pequeñas y jóvenes se asocia con innovación, creación de empleo y crecimiento (mayor movilidad social).
Por otra parte, los intermediarios que tienen mejor capacidad para atender a estas empresas son los intermediarios no bancarios, o aquellos bancarios que siguen una metodología de evaluación de riesgo de tipo relacional. Es decir, aquellos que privilegian el conocimiento del cliente a través de información cualitativa.
Dentro de este mismo marco, el tipo de intermediarios que utilizan esta evaluación de riesgo son las Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), uniones de crédito, sociedades de ahorro y crédito popular (Socaps), bancos pequeños y medianos.
De igual forma, el Centro de Estudios destacó que los bancos grandes generalmente otorgan créditos en forma masiva a partir de productos de crédito estandarizados y que tienden a excluir del financiamiento a gran parte de las MIPYMES en razón de la metodología de riesgo que utilizan.
Por último, el Centro de Investigación afirmó que, si bien el incumplimiento de pagos de estos intermediarios no representa un riesgo sistémico para el sistema bancario, su fuente de fondeo principal proviene del mercado de valores y de la banca de estatal, preocupando la vista socioeconómica posterior al COVID-19.
Este texto fue publicado originialmente por su autor en el sitio Arena Pública.
Enrique Diaz Infante – Sector Financiero y Seguridad Social
