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Por disposición de la Auditoría Superior de la Federación, el contralor de Pemex Exploración y Producción, Karim Elías Bobadilla, deberá abrir tres indagatorias relacionadas con supuestas violaciones a las leyes de Obra Pública y de Presupuesto y a convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano. Funcionarios de PEP habrían favorecido indebidamente a Oceanografía, naviera de la que fueron gestores los hermanos Bribiesca Sahagún y cuyos directivos mantienen estrecha relación con Juan Camilo Mouriño Terrazo, exjefe de Elías Bobadilla en el GES
En octubre pasado, Contralínea publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuaba una auditoría especial a diversos contratos de arrendamiento y obra pública adjudicados por la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) a la naviera Oceanografía, cuyos resultados se incluirían dentro de la revisión a la cuenta pública 2006, que corresponde al último año de la administración de Vicente Fox.
En su revisión, el máximo órgano de fiscalización del país señaló que funcionarios de la paraestatal incurrieron en supuestas violaciones a la Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP), a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), a la Ley de Presupuesto, así como a tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, para favorecer a la empresa naviera cuyos accionistas son Amado Yáñez Correa, sus hijos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, y Samuel Yáñez Chaparro.
Derivado de las supuestas violaciones a la ley, la ASF determinó que el Órgano Interno de Control (OIC) en PEP, cuyo titular es el contador Karim Elías Bobadilla, exempleado de la familia Mouriño en el Grupo Energético del Sureste (GES), deberá abrir tres indagatorias relacionas con los supuestos beneficios irregulares que habría recibido la naviera por parte de los funcionarios de la subsidiaria que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil.
Las supuestas irregularidades
En su revisión de los nueve contratos que Oceanografía tenía vigentes en 2006, la ASF encontró que los funcionarios de la subsidiaria no programaron ni presupuestaron correctamente las previsiones de gasto, inversión física e inversión financiera requeridos para llevar a cabo los proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto (Pidiregas) relacionados con los contratos de arrendamiento, servicios de barcos y mantenimiento del proyecto de inversión Cantarell.
De acuerdo con el órgano de fiscalización, en 2006 se destinaron a los contratos de la naviera 514 millones de pesos y 33 millones de dólares que estaban destinados a otros fondos, todo ello, en contravención a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y a los artículos 42 y 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La ASF recomendó al titular de PEP instruya a quien corresponda “para que se establezcan mecanismos de control que permitan razonablemente realizar las previsiones de gasto y asegurarse de que el registro de afectaciones presupuestales se realice con cargo en los programas señalados en sus presupuestos conforme a los renglones del gasto establecido en el Catálogo de posiciones financieras autorizado”.
En diciembre de 2004, la Subdirección de la Coordinación de Recursos Marinos de PEP, que entonces encabezaba Héctor Leyva Torres –actualmente jubilado– emitió la convocatoria de la licitación pública 18575108-08-04, para la “inspección, mantenimiento y protección anticorrosiva con apoyo de un barco taller a instalaciones de exportación de petróleo en las terminales marítimas de Dos Bocas, Tabasco; Cayo Arcas, Campeche, y en el Golfo de México”.
El requerimiento técnico era de una embarcación que navegara a 14 nudos de velocidad. Según las bases de licitación, la vigencia de trabajos era del 10 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007.
En febrero de 2005, PEP dio el contrato 418235840, por 208 millones de pesos y 17 millones de dólares, a Oceanografía, que supuestamente cumplía los requerimientos técnicos y económicos.
No obstante, la ASF encontró que en el periodo de la licitación los funcionarios de Pemex modificaron, a petición de la naviera, los requerimientos técnicos del barco de 14 a 12 nudos de velocidad, según el oficio OSA-DC/GAC-012/05 de fecha 31 de enero de 2005. También se atrasó la fecha de inicio de los trabajos al 1 de julio, porque la embarcación prestaba otros servicios en la terminal marítima Cayo Arcas.
El organismo que encabeza Arturo González de Aragón determinó violaciones al artículo 33, fracción VII de la LOPSRM: ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. Por ello, recomendó a Carlos Morales Gil establecer “medidas de supervisión a fin de verificar que las modificaciones a las bases de licitación se autoricen únicamente por causas justificadas y no respondan a negociaciones con los licitantes”.
Además, solicitó al OIC en PEP “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión modificaron las bases de licitación pública referentes a las características técnicas de velocidad de la embarcación y fecha de inicio de los trabajos de la empresa Oceanografía”. Y se reservó el derecho de revisar dicha indagatoria.
Anomalías en Caballo de Trabajo
Por segunda ocasión, la ASF fiscalizó el contrato 418235843, para la “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico”, por 705 millones de pesos y 26 millones de dólares, que PEP adjudicó en 2005 a Oceanografía. Esta empresa subarrendó el barco Caballo de Trabajo a la estadunidense Otto Candies Inc.
En su revisión a la cuenta pública 2005, el órgano fiscalizador determinó que la adjudicación fue ilegal y los funcionarios de PEP habrían incurrido en violaciones a la LOPSRM: la contratista no presentó estimaciones de costos conforme a la ley.
Ahora la ASF detectó que la Subdirección de la Región Marina Suroeste de PEP realizó pagos por 49 millones 766 mil pesos, correspondiente a 13 estimaciones, amparados con 16 órdenes de trabajo, sin que Oceanografía entregara documentos que avalaran los trabajos realizados, indispensables para que PEP hiciera el pago.
De acuerdo con el contrato, la naviera debía presentar el acta de entrega de los trabajos, el comportamiento de éstos en diagramas Gantt (que demuestran las tareas o actividades a lo largo del contrato); notas de campo; secuencia fotográfica, cintas de video y archivo electrónico del inicio, desarrollo y terminación de los trabajos más relevantes; reportes de pruebas no destructivas; control de modificaciones de ingeniería y planos “As Built”.
Requerimientos que la naviera no presentó. Ante tales incumplimientos, para la ASF los funcionarios de PEP incurrieron en violaciones a los artículos 61 de la LOPSRM y 124 y 127 de su reglamento, por no rescindir el contrato ni fijar penalizaciones.
El organismo solicitó al OIC abrir una investigación y determinar la responsabilidad de los servidores públicos que no exigieron a Oceanografía cumplir con los reportes de trabajo estipulados en el contrato y contra los funcionarios que autorizaron los pagos sin comprobación.
Se emitió también una recomendación a la subsidiaria para que “en lo subsecuente estipule en los contratos penas convencionales para el cumplimiento por parte de los proveedores y contratistas de las obligaciones contractuales a su cargo y, en su caso, proceda rescindir el contrato en los términos de la LOPSRM”.
Las denuncias en la SFP
Las revistas Contralínea y Fortuna han documentado las irregularidades en los contratos que Pemex a adjudicado a Oceanografía, principalmente por alquiler de barcos en la Sonda de Campeche, desde 2004, cuando el entonces director de PEP, Luis Ramírez Corzo reveló el supuesto tráfico de influencias de familiares de Marta Sahagún: Jorge Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún gestionaban contratos para la naviera a cambio de comisiones.
En febrero pasado, trabajadores de Pemex denunciaron ante la SFP supuestos actos de corrupción de los directivos de la naviera con funcionarios de la Subdirección de la Coordinación de Recursos Marinos de PEP para la adjudicación de contratos, modificaciones adicionales al monto inicial y acuerdos para que no se les rescindieran contratos, pese a incumplimientos, integrada en el expediente DE-167/2006 (Contralínea 72).
Contralínea documentó que para controlar la asignación de los contratos para el arrendamiento de barcos, que representa una de las partidas presupuestales más cuantiosas que maneja la subsidiaria, durante su gestión Luis Ramírez Corzo propuso la creación de la Gerencia de Mantenimiento Integral de la Coordinación de Servicios Marinos (GMICSM) y colocó allí a José de la Garza Saldívar (funcionario denunciado ante el OIC por supuesto enriquecimiento ilícito).
Éste, junto con la superintendente de Evaluación de la GMICSM, Martha Alicia Castañeda Arrieta, y la subgerente de Mantenimiento del Sector Cantarell Norte y Sur, Mireya Juanita Miranda Moyar, y otros funcionarios del área se encargaban de elaborar las bases de licitación de los contratos de arrendamiento de barcos, realizar las juntas de aclaraciones, organizar el presupuesto interno, realizar las evaluaciones técnicas y el proceso de licitación que, de acuerdo con el Manual de Organización, le compete al área de Recursos Materiales de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Otra denuncia –remitida en septiembre de 2006 a la SFP e integrada en el expediente DE-167/2006– revela que De la Garza Saldívar supuestamente benefició a ciertas empresas, mediante acuerdos internos: ordenaba declarar desiertas algunas licitaciones para asignar los contratos de manera directa a las compañías bajo su protección, entre esas se cita a Oceanografía.
La denuncia señala que De la Garza Saldívar, Castañeda Arrieta y Miranda Moyar “maquillaban” la supervisión y revisión de los trabajos contratados y que durante su ejecución se autorizaban convenios adicionales que duplicaron o triplicaron los montos iniciales.
La publicación de estas denuncias en Contralínea motivó que la ASF incluyera una revisión especial a los contratos que manejó De la Garza Saldívar (Fortuna 57) y comprobó que en todos los contratos de Oceanografía hubo convenios modificatorios, adicionales y addendums autorizados por el área responsable de la ejecución de los trabajos y el área responsable de la contratación.
En diciembre pasado, a unas semanas de que los auditores encomendados por Arturo González de Aragón para revisar dichos contratos regresaran de Ciudad del Carmen al Distrito Federal, el titular de PEP, Carlos Morales Gil, ordenó el traslado de José de la Garza Saldívar de la Gerencia de Mantenimiento Integral a la Gerencia de Ingeniería y Construcción, donde se desempeña actualmente.
Según dictaminó la ASF, dicho funcionario –junto con el exsubdirector de PEP, Héctor Leyva Torres, y el gerente de Administración y Finanzas, Flaviano Rodríguez Marcial, entre otros– enfrentará las indagatorias que debe abrir el OIC, encabezado por Karim Elías Bobadilla.
Violaciones a tratados internacionales: ASF
La ASF revisó también el contrato 411003807, asignado el 20 de marzo de 2003 a Oceanografía para el alquiler del barco procesador de lodos Millisa Candies, destinado a preparación, acondicionamiento, reacondicionamiento, recuperación y transporte de fluidos durante la perforación, reparación y terminación de los pozos.
Éste formó parte del proyecto con el que supuestamente PEP reduciría los costos de exploración y explotación de petróleo y gas natural asociado y no asociado en Tabasco y Campeche, y, según el contrato, dichos trabajos se llevarían a cabo en los campos petroleros del Golfo de México, en la planta de lodos de Dos Bocas, Tabasco; Ciudad del Carmen, Campeche, y en las plataformas que operaran en esos campos.
La ASF detectó que en las bases de licitación para decidir si se hacía nacional o internacional, se resolvió recurrir a la reserva transitoria de PEP, según el capítulo X del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aplicándola a tratados con Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela que no excluyen los servicios objeto del contrato. Erróneamente se consideró que “como el TLCAN excluye el servicio de transporte marítimo también descarta el resto de los servicios objeto del contrato, evitando con esto que participaran países miembros de TLC celebrados con México”.
Para la ASF, lo anterior va en detrimento de PEP porque los funcionarios dieron prioridad a las actividades accesorias y no a las primordiales y más onerosas impidiendo que la paraestatal tuviese la opción de obtener los servicios a un mejor precio con la participación de otras compañías.
Según la Auditoría, por el monto y las actividades, la licitación debió ser internacional. Por ello, señala, los funcionarios que diseñaron las bases y otorgaron el contrato habrían incurrido en supuestas infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a las políticas, bases y lineamientos generales de suministros en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales; además de incumplimientos a las normas establecidas en los propios tratados internacionales.
La ASF solicitó al OIC determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la adjudicación del contrato, en incumplimiento al capítulo X “compras del sector público” del TLC. De acuerdo con revelaciones de Luis Ramírez Corzo, cuando Oceanografía obtuvo este contrato tenía como gestores a los Bribiesca.
Acerca de las indagatorias que deberá abrir contra los funcionarios que habrían favorecido a Oceanografía, se solicitó información al titular del OIC en PEP, sin que hasta el cierre de esta edición haya habido respuesta.
Las influencias en el OIC
En marzo pasado, Contralínea documentó los vínculos entre el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo y los directivos de la naviera. Se publicó documentación interna que el 5 de marzo de 2004 habría enviado Jorge Olavarrieta –director general adjunto de Oceanografía– desde Ciudad del Carmen (sede de la empresa) a su amigo desde la infancia, entonces coordinador de asesores de Felipe Calderón en la Secretaría de Energía y actual secretario de Gobernación.
Los documentos que se enviaron por fax, a los números 015550006087 y 015550006096 de la oficina del secretario, hacían referencia a la licitación pública 18575035-025-03, declarada desierta por PEP. Meses después, PEP adjudicó el contrato 418235843 a Oceanografía.
Además de los 49 millones de pesos que, según la ASF, PEP pagó a la naviera a cuenta del contrato 418235843 sin que existiese evidencia de los trabajos realizados, en una auditoría a los créditos que la banca de desarrollo otorgó a Oceanografía entre 2004 y 2005, el OIC en el Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, que dirigía Roberto Muñoz Leos (hermano de Raúl Muñoz Leos, exdirector de Pemex), descubrió que la naviera cobró cerca de 60 millones de pesos con cuatro facturas supuestamente apócrifas (emitidas por Oceanografía y selladas de recibido con sellos falsos de PEP) presentadas por Amado Yáñez Osuna de un crédito por factoraje que Bancomext le concedió.
De acuerdo con el dictamen de la ASF, el órgano de fiscalización estará al tanto de que Karim Elías Bobadilla abra las indagatorias contra la naviera, pese a que los contratos materia de su investigación se relacionan con su exjefe, Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien lo lanzó a la función pública desde noviembre de 2006. Fue entonces cuando el accionista del GES lo convenció de dejar su natal Campeche para trasladarse a la Ciudad de México y encargarse de la entrega-recepción de la Oficina de la Presidencia, y el mismo que a finales de 2007 le consiguió el puesto de contralor de la subsidiaria más importante de Pemex.
