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El organismo recordó que, en el 2021, las ocho ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas.
El estado de derecho es obligación del gobierno, es indispensable para asegurar reglas claras para la inversión y la única vía para lograr una reactivación sólida de la economía, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis económico semanal, el organismo manifestó que “en años recientes, diversos países han sufrido retrocesos en la prevalencia del estado de derecho. Entre ellos, México sobresale”.
Puso como ejemplo el índice del World Justice Project (WJP) donde, en el 2021, “México se ubicó en la posición 113 de un universo de 139 países, después de un importante deterioro en los últimos años. De 2017-2018 al de 2021, perdió 21 posiciones en materia de estado de derecho”.
Además, en el Índice de Paz Global elaborado por el Instituto para la Economía y La Paz, México aparece como uno de las naciones más violentos al ocupar el lugar 137 entre 163 países.
“En el reporte citado —continuó— se señala que en 2021 las ocho ciudades más violentas del mundo fueron: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan”.
“En años recientes, la inseguridad pública se ha agudizado, generando un ambiente de peligro y extorsión que limita seriamente la actividad productiva, tanto de personas físicas como de empresas”, lamentó el CEESP.
La debilidad del estado de derecho en México “es evidente, permitiendo que temas como la impunidad, inseguridad y violencia suman a la sociedad en un ambiente de temor”.
Esto, cuando “la facilidad con que quienes atentan contra las leyes se libran de enfrentar algún castigo; es decir, la impunidad y la fragilidad del estado de derecho, resulta en inseguridad física, patrimonial y baja productividad que inhibe el progreso económico y social”.
Finalmente, el CEESP señaló que “claramente, un estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, la inseguridad y protege a las personas de las injusticias. Representa una base sólida para un ambiente de paz, de oportunidades y equidad. Sustenta el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos humanos fundamentales”.
Por Raúl Castro-Lebrija
