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El proyecto de reforma energética que Felipe Calderón envió al Congreso el pasado 8 de abril se aplica en Pemex desde hace más de dos años al margen de la ley y del Poder Legislativo, mediante el denominado Proyecto Suma, que sigilosa y discrecionalmente viene reestructurando a la petrolera desde 2005, el mismo proyecto que Calderón aprobó como secretario de Energía para ceder a empresas privadas áreas estratégicas de la paraestatal
Luego de meses de especulación sobre el proyecto de reforma energética para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la iniciativa privada, el pasado 8 de abril Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión una propuesta que, salvo los denominados “bonos ciudadanos”, es idéntica al Proyecto Suma Por un solo Pemex, que ya se aplica en esa empresa petrolera del Estado desde 2005 al margen de la Constitución y sin pasar por el Poder Legislativo.
En su papel de secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex, según el acta CA-052/2004 del 12 de mayo de 2004, Calderón autorizó el Proyecto Suma para reestructurar y transformar a la paraestatal a partir de un modelo de gestión horizontal, a fin de abrir áreas estratégicas a la iniciativa privada mediante cambios en las leyes secundarias en materia de hidrocarburos: Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (LOP), Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
La ejecución del Proyecto Suma (Contralínea 54 ), ha sido desarrollado por funcionarios adscritos al corporativo de Pemex, encabezados por Vicente Córdova Rayas y personal de la empresa Neoris, subsidiaria de Cemex y contratada por el entonces director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo.
El Proyecto Suma “es el inicio de un gran cambio que llevará a la organización (Pemex) al lugar que le corresponde en los ámbitos nacional e internacional”, señala el documento.
Calderón Hinojosa aprobó el proyecto excediendo sus funciones como secretario de Energía, puesto que la reestructuración de la paraestatal arrancó sin aprobación del Congreso de la Unión y sin importar que se vulnera el artículo 27 Constitucional en materia de hidrocarburos y las leyes secundarias.
Rodrigo Olvera, abogado del Comité Nacional de la Energía y consultor en derecho económico, señala que la iniciativa de Calderón le otorga facultad discrecional para operar a la petrolera, y que al autorizar el Proyecto Suma sin someterlo al Congreso, el hoy presidente habría incurrido en responsabilidades administrativa y penal por daños patrimoniales causados por el otorgamiento de contratos que se hayan otorgado y que contienen vicios de origen, como la operación de ductos a la empresa texana EMS, Energy Services, por 400 millones de dólares.
Para el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas la propuesta de Calderón deja las puertas abiertas a la privatización y, por tanto, a que se viole la Constitución, con lo cual, según el constitucionalista, el presidente estaría incurriendo en violación del artículo 136 de la Constitución que se obligó respetar y hacer cumplir.
De acuerdo con un análisis del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), la idea original del Proyecto Suma viene de Estados Unidos por medio de la Ley Sarbarnes-Oxley, aprobada en el Congreso de Estados Unidos en 2002 e impulsada por los senadores cuyos apellidos sirvieron para designar dicha ley. Explica que “el objetivo es la existencia de una reforma contable de las compañías públicas para la protección de los inversionistas, que por lo general son extranjeros, adoptada a raíz de los fraudes cometidos por Enron y otras transnacionales, y que los funcionarios de Pemex la trasladaron a la paraestatal para la protección de los futuros inversionistas”.
El FTE asegura que el Proyecto Suma viola la fracción sexta del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los funcionarios que lo aprobaron de forma discrecional habrían incurrido en violaciones constitucionales. Su diseño fue planificado por funcionarios de Halliburton y un grupo directivo encabezado por Luis Ramírez Corzo, cuando éste se desempeñaba como titular de Pemex Exploración y Producción (PEP), y contó con el voto de quien hasta septiembre de 2004 se desempeñó como presidente del consejo de administración de la paraestatal: Felipe Calderón.
El esquema considera colocar en el mercado las reservas de hidrocarburos o concesionarias “al mejor operador existente” en un esquema de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés), que originalmente diseñó PEP en 2003 bajo la dirección de Luis Ramírez Corzo.
Los objetivos centrales del Proyecto Suma y de la propuesta de reforma energética de Calderón, son para “fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal”, y el impulso de la llamada “autonomía de gestión”.
Ambos términos plantean la reestructuración bajo el mando único de una dirección corporativa que centralizaría a las actuales subsidiarias y filiales de Pemex. Bajo ese esquema, todas las decisiones sobre la petrolera quedarían en manos del director general de Pemex y de un consejo de administración que incorporaría a consejeros “independientes”.
En esencia, ambos proyectos plantean convertir a Pemex en una empresa administradora de contratos, en la que sólo el director general y los directores corporativos puedan decidir y definir como “prioritarios” los negocios para la petrolera, tales como adjudicación de obras, arrendamientos, contratos y adquisición de deuda. Para ello se plantea instalar un esquema de modelo matricial, mediante el que se elimine la figura legal y jurídica de las subsidiarias y filiales de Pemex, junto con su estructura directiva, comisarios, especialistas, órganos de vigilancia, división operativa y el portafolios de negocios que maneja por separado cada subsidiaria.
El Proyecto Suma establece que los contralores adscritos a la Secretaría de la Función Pública (quienes por ley hasta ahora participan en todo acto de la petrolera) salgan de Pemex.
En la propuesta de Calderón se excluye también la participación de los Órganos Internos de Control; se incluye un solo comisario, que designaría el presidente de la República, y que sólo a él le informaría de las decisiones que tome el Consejo de Administración para cada asunto.
Como el Suma, la propuesta de reforma de Calderón plantea no tocar el artículo 27 constitucional, sino modificar las leyes secundarias e incluir la Ley de la Comisión del Petróleo, para dar entrada al capital privado en las labores de refinación y transporte de hidrocarburos; en la exploración y explotación de crudo, y en la contratación discrecional de servicios, obra pública fuera de la LOPSRM y de la LAASSP, y adquisición de deuda sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El Suma trazó la estrategia para privatizar el proceso de producción de hidrocarburos y que las empresas privadas controlaran áreas e instalaciones, incluso las consideradas como de seguridad nacional: zonas marítimas, ribereñas, terrestres, transfronterizas; plataformas, refinerías, pozos de exploración y explotación, y sistemas de distribución y transporte: ductos, oleoductos y gasoductos, y otros medios como barcos, pipas y los propios mecanismos de transporte interno.
Control total del Ejecutivo
Integrantes de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros señalan que tanto el Suma como el proyecto presidencial pretenden conceder facultades discrecionales al presidente y al Consejo de Administración, lo que, señalan, pone en riesgo el patrimonio de todos los mexicanos.
Al respecto, el analista John Saxe Fernández califica como “criminalidad de Estado” la propuesta de reforma y la implantación ilegal del modelo Suma en Pemex, Considera que se trata de “privatización de facto”.
El proyecto Suma plantea que el director general junto con el consejo de administración integrado por secretarios de Estado, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y consejeros independientes constituyan un cuerpo de gobierno que será la autoridad máxima en la petrolera.
Si bien, salvo la participación de los consejeros externos, Pemex opera con un consejo de administración, en el Suma se amplían sus facultades para operar, controlar y administrar a su libre albedrío no sólo al corporativo, sino las subsidiarias y filiales, con atribuciones presupuestales y hacendarias.
Al respecto, en sus modificaciones a la LOP, la propuesta de Calderón “refuerza las facultades del Consejo de Administración”, e incluye “consejeros profesionales”. No hace referencia a la regulación de cada uno de los organismos subsidiarios de Pemex, aunque trastoca el reglamento de las subsidiarias y filiales (que emana también del artículo 27 constitucional).
La propuesta de Calderón al Congreso plantea dejar en manos del órgano de dirección de la paraestatal la facultad de determinar su estructura de organización. Agrega que será el órgano de dirección el que decidirá la estructura, centralización, descentralización o desaparición de las subsidiarias o filiales que se requieran.
Llanamente dice que “esta situación representa un cambio importante respecto al régimen actual”, pues “el gobierno corporativo que se busca instaurar, es conveniente que cuente con la flexibilidad para disponer de la estructura y organización operativa que requiera, lo que incluye la decisión en cuanto a los organismos subsidiarios necesarios para llevar a cabo dichas actividades”.
El Proyecto Suma contempla igualmente que la estructura “del nuevo Pemex” será de subsidiarias y filiales estructuralmente fusionadas, para que el mismo grupo directivo (director general y consejo de administración) tome el control de todas éstas, es decir, desaparecer el cuerpo de gobierno de cada una y transformar la administración vertical en horizontal.
Los consejeros “independientes” que se plantea en el Suma –en el proyecto de Calderón se especifica que serán cuatro “especialistas en el tema petrolero”– y operarán con autonomía (esquema similar al de los consejeros del Instituto Federal Electoral o al Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otros organismos autónomos). Estos serán designados directamente por el presidente de la República para un periodo de ocho años, con la posibilidad de permanecer periodos adicionales a discreción del Ejecutivo. A estos consejeros se les da el voto decisivo para cualquier asunto que tome el órgano colegiado.
Tal como lo contempla el Suma, en la propuesta de Calderón se le da al Consejo de Administración “atribuciones especiales para disponer en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de deuda, presupuesto, control financiero, crediticio, fiscal, presupuestario, contable, de seguridad y hasta de cuantificación de reservas de hidrocarburos”. Es decir, atribuciones para operar discrecionalmente sin órgano de vigilancia alguno.
El control de la petrolera quedaría en manos de un director nombrado por el Ejecutivo, y un Consejo de Administración cuya mayoría también la decide el Ejecutivo: los seis secretarios de Estado; los cuatro consejeros designados por el presidente, y los cinco representantes del STPRM. La vigilancia de los actos de estos funcionarios estaría a cargo de un solo comisario designado también por Calderón, cuya función sería informar directamente al jefe del Ejecutivo las decisiones del cuerpo del Consejo.
Respecto a la deuda, la iniciativa de Calderón plantea que el consejo decida respecto a su endeudamiento y que la Secretaría de Hacienda adopte tales decisiones, lo mismo respecto a las propuestas de financiamiento. Se busca la entrada de capital privado y financiamiento y deuda “sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia”.
En este rubro, el Proyecto Suma plantea que el financiamiento en el nuevo Pemex será en su mayoría vía Pidiregas en exploración y explotación de hidrocarburos. El esquema propone hacer de Pemex una estructura de funcionarios que administren contratos y manejen un portafolios de proyectos de inversión sobre todas las áreas operativas de Pemex, en los que sólo el director general y los directores corporativos puedan decidir e incluso definir las cosas “prioritarias” para la paraestatal.
Al margen de la ley
El Proyecto Suma plantea un sistema especial de compras para Pemex fuera del sistema de compras del gobierno federal y eximir a la petrolera de la LAASSP y la LOPSRM para contratar trabajos en áreas de exploración, explotación, refinación, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos. Su adjudicación a empresas privadas, define el esquema, estaría también a cargo del Consejo de Administración.
La propuesta de Calderón pretende eximir a Pemex de ambas leyes para que sus directivos contraten, o adquieran en la modalidad que sea, los bienes o servicios “que requiera” la paraestatal. Enfatiza en que se dé al Consejo de Administración atribuciones para operar “con amplio margen de actuación y negociación” adjudicaciones directas e invitaciones restringidas por cualquier monto, obra o servicio y en áreas estratégicas, consideradas incluso de seguridad nacional, como exploración y extracción de hidrocarburos, cuya contratación, señala la propuesta, será sin que se fije un monto o alcance del contrato. Éstos, cita el documento, “estarán sujetos al buen desempeño y generación de resultados en la ejecución de los trabajos”.
El proyecto aclara que la sola entrada en vigor de la nueva Ley de Pemex contaría con supuestos adicionales de excepción a la licitación pública para privilegiar las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
Aunque en su propuesta Calderón no especifica cómo operaría el área de compras del nuevo Pemex, el Proyecto Suma establece que algunas áreas de las subsidiarias que en su mayoría trabajan con contratistas, como la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas de PEP, serán absorbidas por la Dirección Corporativa de Finanzas.
A otras áreas que actualmente son parte del Corporativo, como la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO), se le dan facultades para decidir respecto al mantenimiento plataformas, plantas e instalaciones petroleras. Ésta concentrará el registro y reporte de gestión de la documentación que se maneja en cada área, integración con suministro y recursos humanos, además de encargarse del control de forma electrónica y a través de portales de red con proveedores.
Financiamiento privado
Respecto al portafolios de negocios que plantea el modelo Suma, se habla de un nuevo tipo de contratos similares a los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), desarrollados y coordinados por Luis Ramírez Corzo como titular de Pemex Exploración y Producción y su subordinado Sergio Guaso Montoya, actual encargado de Nuevos Modelos de Ejecución de la petrolera, que incluye CSM y Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas).
El Suma plantea que en este nuevo esquema de contratación para áreas de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos no requeriría de reformas constitucionales para dar entrada a la inversión privada.
Se explica que el planteamiento central es fortalecer este tipo de inversiones a través de los Pidiregas, deuda a largo plazo del gobierno con la IP que se ha disparado a cuenta de Pemex considerablemente durante los últimos años. El Proyecto Suma, fechado en 2005, habla de financiamiento externo por un monto aproximado de 2 mil millones de dólares en Pidiregas.
De acuerdo al Suma, una de las tareas fundamentales del Coordinador del área de Finanzas en el nuevo esquema será la “captación, asignación y seguimiento de Pidiregas”. Se plantea que esta área tendrá funciones de concentrar información de todo Pemex. Además del seguimiento financiero de proyectos, se encargará también del área de administración de reservas.
La propuesta de Calderón en materia de deuda resume que Pemex podrá realizar, sin requerir a autorización alguna de la SHCP, negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias “sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales; contratar los financiamientos externos que se requieran o que se concierten en moneda extranjera, así como contratar obligaciones constitutivas de deuda”, sin dar visto a autoridad alguna.
Licencias de la IP
Como lo desarrolla el Suma, en su proyecto de reforma Calderón propone la modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, a fin de permitir al capital privado que intervenga en la refinación y transporte de hidrocarburos, en el entendido de que la segunda de esas actividades le permitiría operar oleoductos. Con ello se plantea que los privados operen uno de los segmentos considerados en la industria petrolera como de mayor valor agregado.
Dentro del portafolios de proyectos, el Suma plantea la entrada de empresas privadas a todo el proceso de producción del petróleo y sus derivados, desde su exploración hasta su distribución secundaria y ventas a través de licencias emitidas por cada una de las subsidiarias y filiales de Pemex. A partir de este modelo, el papel central de cada subsidiaria sería otorgar licencias y administrar contratos para que terceros realicen las funciones que por mandato constitucional les corresponden.
Es decir, el área de PEP otorgaría las licencias para trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos, perforación de pozos y el transporte de petróleo y sus derivados; Pemex Refinación (PR), las licencias para la operación de refinerías privadas, para el transporte de gasolinas, turbosinas y demás refinados; Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), para exploración, explotación, importación, almacenamiento, transporte, y distribución de Gas Licuado de Petróleo; Pemex Petroquímica (PP), para la producción de derivados químicos del gas natural y petróleo, entre otros.
Al respecto, la propuesta de Calderón es que empresas privadas construyan y operen “cinco o seis” refinerías paralelas a las de Pemex en las que producirán gasolinas que luego, mediante contratos “maquila” venderán a la paraestatal.
Se trata de un modelo similar al que impuso la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que empresas privadas generen electricidad que luego venden tanto a CFE como a la compañía Luz y Fuerza del Centro. En este esquema, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado sobreproducción que la CFE está obligada a comprar en beneficio de trasnacionales españolas como Unión Fenosa, Repsol, Iberdrola, entre otras.
La Comisión del Petróleo
El artículo 27 constitucional dispone que tratándose de petróleo y de todos los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no puede haber concesiones ni contratos y, por tanto, sólo la nación llevará a cabo su explotación. Tanto el Suma como el proyecto de Calderón contemplan otorgar contratos al respecto.
El Suma habla de crear una dirección que se encargue de definir las zonas a concesionar para la exploración y explotación de crudo. La propuesta de Calderón incluye la creación de una Comisión del Petróleo, que dependería directamente de la Secretaría de Energía (Sener), y que tendría facultades para elaborar planes a mediano y largo plazo respecto a las áreas a explorar y explotar por parte de empresas privadas.
Esa comisión estaría integrada por cinco comisionados designados directamente por el presidente de la República, cuyo cargo será desempeñado por cinco años prorrogables. Su función principal sería asignar a Pemex áreas específicas para exploración y explotación petrolera, y otorgar a terceros los permisos para ejecución de trabajos petroleros, concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética “incluyendo las de los principales proyectos y las de los trabajos del sector”.
Bastará que los comisionados argumenten que un permiso a cualquier empresa privada es de “utilidad pública” para que la Comisión del Petróleo valide su autorización, sin que se someta a proceso alguno de vigilancia externa, y sólo podría impugnarse “por la vía administrativa”, es decir, no llegarían a la vía judicial.
Algunas de las áreas consideradas en el proyecto de reforma para este tipo de permisos son las cuencas del sureste, que contempla las aguas someras de Campeche y Tabasco; los campos abandonados; el campo Paleocanal de Chicontepec; y las aguas profundas del Golfo de México, además de los yacimientos transfronterizos.
Ductos, tesoro de empresarios
El proyecto Suma plantea que empresas privadas se encarguen del mantenimiento y operación de la red de ductos de Pemex –oleoductos, poliductos y gasoductos– que hasta ahora y por mandato constitucional opera la petrolera a través de subsidiarias y filiales, y que son considerados como zonas estratégicas de seguridad nacional.
Más: el Suma proyecta la instalación de redes paralelas propiedad de empresas privadas que no sólo transportarán sus hidrocarburos, sino que se los rentarán a Pemex para el manejo de los propios.
En 2006, las revistas Fortuna y Contralínea revelaron que como parte de este esquema, la administración de Luis Ramírez Corzo se preparaba para entregar a la iniciativa privada la operación de las redes neurálgicas para el transporte de hidrocarburos a través de contratos de servicios. Lo anterior está plasmado también en la propuesta de reforma de Felipe Calderón mediante modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.
De hecho, esta es uno de los sectores en los que más se avanzó en la reestructuración hormiga que ocurre en la paraestatal. En noviembre pasado la administración de Jesús Reyes Heroles otorgó al consorcio texano EMS Energy Services la operación del Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, el de mayor importancia en PEP, que abarca Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, mediante un contrato etiquetado en el rubro de “aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto”.
Con ese contrato, por el cual Pemex pagará mínimo 400 millones de dólares, en los próximos 20 años la texana controlará la red más importante del país por su longitud (1 mil 700 kilómetros) y por el volumen de petróleo que se transporta (350 mil barriles diarios, de los cuales se encuentran el ciento por ciento de los hidrocarburos con los que se producen las gasolinas del país, el 72 por ciento de gas y el 94 por ciento de los condensados).
El contrato está actualmente bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación en una auditoría especial solicitada por el Legislativo. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública abrió una indagatoria derivada de una denuncia presentada en marzo pasado por el senador Graco Ramírez Garrido, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, en contra de Reyes Heroles, Carlos Morales Gil, y otros funcionarios que habrían incurrido en supuestas violaciones constitucionales, y que habrían actuado también en contravención a las leyes de Hidrocarburos, de Presupuesto, de Obra Pública y de Adquisiciones, y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al impulsar, avalar y adjudicar el contrato al consorcio extranjero.
Ahora, con su propuesta de reforma, Calderón pretende legalizar este tipo de contratos. El interés en esta área de negocios es de algunos empresarios cercanos al jefe del Ejecutivo, como el denominado Grupo Zeta, consorcio gasero que agrupa a 80 empresas de almacenamiento y distribución de gas LP en México, Centroamérica y Europa, y que, según su director, Jesús Alonso Zaragoza López, apoyaron económicamente la campaña de Calderón.
En entrevistas concedidas en 2007, Zaragoza reveló que funcionarios de Pemex le participaron del proyecto que a largo plazo se desarrollaría en la paraestatal. Según el empresario, le informaron que en el marco de la reestructuración de Pemex se otorgarían contratos para operar los ductos de Pemex, y permisos para que las empresas privadas operaran sus propias redes de ductos.
Zaragoza citó que Marcos Ramírez Silva, exdirector de PGPB, y de la DCA, y quien posteriormente sería designado por Felipe Calderón para diseñar su estrategia petrolera, ofreció a la familia Zaragoza el área de gasoductos. Desde 2007, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Z Gas tiene en proceso solicitudes para que se les autorice la instalación y operación de gasoductos de Manzanillo a Guadalajara.
Botín de transportistas
El Suma plantea que empresas privadas se encarguen por completo de la transportación vía marítima y terrestre de todos los hidrocarburos, lo cual ha ido ocurriendo con el paulatino desmantelamiento de la flota petrolera al servicio de PEP y PR, y el incremento en número y monto de contratos a empresas como Arrendadora Ocean Mexicana, Transportación Marítima Mexicana, Naviera Integral y Oceanografía, esta última controla los servicios de mantenimiento de plataformas en la Sonda de Campeche, por medio de 32 embarcaciones que subarrienda a las estadounidenses Otto Candie, Diamond Services Corp, y Vulcan Marine Technology.
En febrero pasado, Contralínea documentó que durante el primer año de gobierno de Calderón menos del 20 por ciento de los hidrocarburos que se distribuyeron en el país se transportaron en barcos de la paraestatal, lo que no ocurrió con ninguno de los embarques de exportación. Los últimos 4 buques propiedad de Pemex saldrán de operación hacia 2010. Ni el Suma ni el proyecto de Calderón consideran renovar la flota petrolera, reclamo frecuente de miles trabajadores del sector que se han quedado sin empleo a partir de su desmantelamiento.
Respecto al transporte de hidrocarburos vía terrestre, el Suma plantea que quede bajo la operación total de transportistas privadas, lo cual también ocurre desde hace años, pues PR no tiene ya carrotanques, pipas, semirremolques ni vehículos de reparto.
Las gasolinas, turbosinas, diesel y derivados de petróleo la realizan transportistas con contratos multianuales otorgados por adjudicación directa, entre ellas Transportadora y Distribuidora Isabel, de la familia del senador Juan Bueno Torio (secretario de la Comisión de Energía en la Cámara Alta), y Transportes Especializados Ivancar, del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Según información incluida por Calderón Hinojosa en su proyecto de reforma, por la transportación de hidrocarburos por pipas Pemex está gastando anualmente alrededor de 25 mil millones de pesos.
El proyecto de Calderón plantea que terceros se encarguen del transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos básicos, gasolinas, turbosina, gas, mediante “permisos administrativos”. La diferencia de la forma actual de operación es que una vez que entre en vigor la nueva reforma, estos contratos se otorgarían discrecionalmente, sin necesidad de justificar la adjudicación directa y sin que se fije un monto mínimo o máximo a pagar por estos servicios. Por ende, tampoco se verificaría la capacidad técnica ni económica de las transportistas.
Reestructuración hormiga
Según el calendario del Suma, la reestructuración física y financiera de Pemex arrancó en octubre de 2005 y quedaría implantada hacia enero de 2007. Luego, en la escueta información que Luis Ramírez Corzo hizo acerca de este proyecto, señaló que las subsidiarias se reunificarían a partir de 2009. En septiembre de 2006, tres meses antes de dejar la Dirección General de la petrolera, confirmó que el proyecto “Suma por un solo Pemex”, reestructuraría completamente a la petrolera y al final del cambio eliminaría la figura legal y jurídica de todas las subsidiarias y filiales.
En la primera etapa se cancelaron dos direcciones corporativas: Planeación Estratégica y Competitividad e Innovación, cuyas funciones fueron reasignadas a las direcciones corporativas de Finanzas, de Operaciones y Administración. En cuanto a la Dirección Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, se aprobó su transformación a Subdirección asignándola a la DCO, y a Marcos Ramírez Silva como director de esta última. Posteriormente, a inicios de su sexenio, Calderón encomendaría a éste el diseño de la estrategia petrolera 2006-2015.
La propuesta de Calderón abroga a partir del 1 de enero de 2009 la LOP y los organismos subsidiarios, publicada el 16 de julio de 1992. Asegura que la estructura de la paraestatal será definida por el consejo de administración una vez que entre en vigor la reforma. Si el proyecto Suma se aplica como plantea el proyecto original, además de la unificación de las subsidiarias y filiales, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos sería “absorbida” por la DCF.
Para operar debajo de la dirección general se crearán las gerencias de Planeación, Suministro, Finanzas, Mantenimiento, Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Recursos Humanos.
El Proyecto Suma contempla el adelgazamiento de por lo menos el 30 por ciento de la planta laboral, para lo cual desde finales del año pasado se obligó a los trabajadores no sindicalizados a firmar el denominado Contrato Individual de Trabajo (CIT), que los coloca como trabajadores eventuales, paralelo a la cancelación de plazas en todas las áreas que ha autorizado el administrador general, Rosendo Villarreal Dávila, a partir de 2007.
Hasta la fecha el STPRM no se ha manifestado respecto a la implantación del modelo Suma pese a que se contempla cancelar plazas de sus agremiados, como tampoco lo han hecho respecto a la propuesta de reforma de Felipe Calderón. El Suma plantea que la organización que actualmente dirige Carlos Romero Deschamps se encargue de la administración de los servicios médicos, es decir, clínicas y hospitales de Pemex en todo el país.
