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Derivado de la pandemia por COVID-19, la recaudación por derechos de autor disminuyó, dejando a los autores en una situación económica delicada.
Redacción
En México, el 50% del consumo de contenidos artísticos, creativos e intelectuales se da por vía ilegal, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
“A pesar de esto, las industrias creativas en el país aportan el 6% del PIB, similar al turismo y somos el único país latinoamericano dentro de los primeros 20 en exportación de cultural a nivel mundial”, señaló Quetzalli de la Concha Pichardo, presidenta ejecutiva de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura.
En el marco de la visita oficial del director general de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, Daren Tang a México, CALC, pionera en su tipo y reconocida por OMPI como una ONG, ofreció una cena de honor con miembros del consejo directivo, así como autoridades de INDAUTOR y Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.
“No obstante del poder económico que representan las industrias creativas, que son en un 80% pequeñas y medianas empresas que dan trabajo a más de 3 millones de familias mexicanas, los embates de la tecnología digital y de la piratería han sumergido a este sector en un decrecimiento constante, cuando hasta hace una década el aporte al PIB era de 8%”, informaron.
“La ilegalidad en los productos culturales incide en que los autores no cuenten con un nivel de vida óptimo para seguir creando”, dijo Quetzalli de la Concha al reconocer que hay una deuda histórica por la falta de regulación del derecho a una remuneración compensatoria por copia privada.
Derivado de la firma del T-MEC, México reformó su legislación en Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Código Penal Federal en el entorno digital con el fin de cumplir con los estándares internacionales.
Alfredo Tourné Guerrero, director ejecutivo de APDIF México, señaló en su oportunidad que como parte de las reformas en materia de Derechos de Autor, se implementó el mecanismo de Aviso y Retirada bajo el cual APDIF México ha removido desde el 1 de julio de 2020 un total de 29 millones, 154 mil 693 canciones no autorizadas en internet, ocupando el 2o lugar en remociones a nivel mundial de la industria musical, solo detrás de Reino Unido.
En su intervención, Kiyoshi Tsuru, director general de Business Software Alliance sostuvo que la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, o Ley de Patrimonio Cultural, se busca registrar, clasificar y documentar las expresiones culturales tradicionales (ECTs) de las comunidades indígenas, aunque aún o se define el otorgamiento de autorizaciones, lo que genera inseguridad jurídica para algunas industrias.
Otra de las legislaciones que entraron en vigor en el país, continuó Kiyoshi Tsuru, fue la Ley General de Bibliotecas que establece sean depositadas copias de obras de fonogramas en la Biblioteca del Congreso, Biblioteca de México, y la Biblioteca Nacional, misma que podría generar incompatibilidad con la protección de derechos de autor.
Eduardo de la Parra, secretario general de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de México, EGEDA, reconoció la colaboración de las sociedades de gestión colectiva en el país, mismas que impulsaron la reforma a la LFDA sobre el derecho de remuneración compensatoria por copia privada, que fue rechazada en el Congreso en abril de 2021.
Al señalar el grave daño económico derivado de la pandemia por COVID-19, Eduardo de la Parra puntualizó que la recaudación por derechos de autor disminuyó, dejando a los autores en una situación económica delicada, por lo que es necesario contar con mecanismos que apoyen económicamente a los autores para continuar su labor.
Memo Méndez Guiú, Presidente del Comité de Vigilancia de la Sociedad de Autores y Compositores de México coincidió con Eduardo de la Parra en la necesidad de un mecanismo que permita a los autores percibir una remuneración por concepto de Copia Privada. Añadió que seguirán impulsando este tema para hacerlo tangible.
Al evento también acudieron Marco Antonio Morales, director del INDAUTOR; Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Cultura; Tábata Vilar Villa, directora general de CANACINE, Hugo Setzer, presidente de CANIEM; Gerardo Luna, director general de SOGEM; Armando Báez Pinal, de Ejecutantes; Clemente Pina, director jurídico de AMPROFON; Gerardo Gally, director general de CEMPRO y Hugo Pereznegrón de SACM.
La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura es una asociación civil que promueve y defiende los derechos de autor, en la cual están representados los sectores culturales y creativos de México.
Conformada por 36 asociaciones, sociedades, federaciones y organismos artísticos, CALC es una organización pionera en su tipo a nivel mundial y reconocida por OMPI como una Organización No Gubernamental. Como ejemplo de los esfuerzos de cabildeo impulsados por nuestra asociación se ven reflejados en la persecución de la piratería como delito de oficio en el país.
