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Los casinos ilegales en Monterrey no son parte de la historia reciente de la ciudad. La mayoría tiene años en operación y ninguno puede considerarse clandestino. A diferencia de las empresas legalmente constituidas para operar establecimientos de apuestas y sorteos de números, ninguno de ellos dependía de permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación. Todos ellos trabajaban al amparo de autoridades locales y eran tolerados mediante argucias legales, sobornos o amenazas.
Para la población general era prácticamente imposible diferenciar entre un casino legal y uno ilegal. Un jugador decidía visitar una sala en función de las promociones, los premios o la posibilidad de fumar en áreas cerradas. Sin embargo, era frecuente escuchar a los jugadores manifestar su preferencia por el casino donde no se le retuvieran impuestos sobre los premios (obligación tributaria contemplada en la ley). La falta de restricciones era, paradójicamente, una ventaja competitiva.
En muchos de los casos contaban con terminales electrónicas de juego de dudosa procedencia, importadas al país sin contar con facturas comerciales o certificados de origen. En todo caso, importaciones ilegales con la forzosa colusión de funcionarios del sistema de aduanas a quienes nadie hizo referencia durante el reciente decomiso de las mismas.
Y sin embargo, en la industria del juego en Monterrey existen también empresas que cumplen con las reglas dadas por la Dirección General de Juegos y Sorteos; que cuentan con los permisos necesarios para operar salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas; que pagan impuestos federales y estatales y que generan empleos directos e indirectos.
Generalizar respecto a los casinos en Monterrey como focos rojos de inseguridad y violencia es un profundo desconocimiento del tema. Cuestionar los permisos otorgados en 2006 sin hablar de la falta de una ley acorde con los cambios en la industria es solamente una cacería de brujas a destiempo.
Protección Civil
En las primeras horas posteriores al atentado, algunos medios de comunicación desviaron su atención del asunto medular hacia las deficiencias en la prevención de incendios del establecimiento. Trasladaron la responsabilidad del incidente hacia los dueños del casino por su falta de cumplimiento de las normas de seguridad. Cuestionaron a las autoridades municipales de Desarrollo Urbano y Protección Civil por no hacer las revisiones pertinentes, dejando de lado que un magistrado del Tribunal de lo contencioso administrativo impidió a diversas instituciones llevar a cabo las inspecciones de seguridad necesarias debido a la existencia de un amparo tramitado por el casino.
Pero el tema de seguridad no es exclusivo de los casinos. Las recientes muertes por inhalación de humo y quemaduras en la guardería ABC –en Hermosillo, Sonora donde fallecieron 49 niños y niñas- , y en la tienda Coppel –en Culiacán, Sinaloa, donde murieron 6 empleados- demostraron que los riesgos están en cualquier establecimiento público y quedó claro que es necesario incrementar la capacidad de supervisión por parte de Protección Civil, además de adecuar sus capacidades jurídicas para proceder con clausuras cuando sea necesario. ¿Cuántos incidentes más de este tipo deben ocurrir para que las autoridades se aseguren de que todos los establecimientos públicos cumplen con las normas de seguridad requeridas? ¿Hasta cuándo tendremos la certeza de que las instituciones encargadas de la vigilancia y supervisión no son susceptibles a los sobornos?
Derecho de piso
El incendio del Casino Royale fue una demostración de poder, un grupo criminal dejó en claro que quienes no paguen por ser “protegidos” estarán a merced de las organizaciones criminales y está en manos del gobierno desarticular a estos grupos. Lo sucedido es resultado de la falta de capacidad para combatir el fenómeno del narcotráfico.
De la detención de algunos de los responsables debe surgir la comprensión clara de que sin un arduo trabajo de investigación e inteligencia, no será posible encontrar la correcta estrategia para recuperar la seguridad nacional. Hablar de la “guerra contra el narco” sin mencionar que la estrategia utilizada hasta hoy ha fallado es un sinsentido.
El combate al narcotráfico empieza por desarticular sus finanzas, tener un férreo control aduanal, mejorar los procedimientos de vigilancia y prevención del lavado de dinero, además de brindar la seguridad necesaria para prevenir el secuestro y la extorsión; éstas son medidas más eficientes en el largo plazo que el despliegue fastuoso de los cuerpos de seguridad.
La muerte de 52 personas motivó la proclamación de 3 días de luto nacional ¿Cuántos días más de luto hacen falta para dolerse por los casi 50,000 muertos, por las personas asesinadas en San Fernando, Tamaulipas, por los cuerpos de mujeres en Ciudad Juarez, por los periodistas que han sido secuestrados y asesinados? ¿Cuál debe ser el duelo nacional?
Gustavo Andrade
