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El organismo se declaró en contra de que se reserva información de proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, bajo el argumento de la seguridad nacional.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo por el que se consideran “de interés público y seguridad nacional” las obras de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Como se recordará, ayer lunes el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto donde “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Sin embargo, luego de analizar el acuerdo, el pleno del INAI determinó ejercer este derecho “con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”.
Es decir, el INAI está en contra de que se reserva información de los proyectos emblemáticos del gobierno bajo el argumento de que se trata de seguridad nacional.
Según el organismo, “se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
En ese sentido, “se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”.
El INAI recordó que cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de este martes, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. “En los próximos días, el pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos”.
Por Raúl Castro-Lebrija
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