Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 24 segundos
“Más allá de la narrativa gubernamental, la ausencia de estado de derecho se ha agudizado severamente en los últimos años y es muy probable que sea un disuasivo para la inversión productiva”, alertó el organismo.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró como uno de los temas más preocupantes “la fragilidad del estado de derecho” lo que trae de la mano otras problemáticas como corrupción, inseguridad pública y deficiencia de la seguridad tanto civil como penal.
Además de los efectos directos sobre el bienestar de la población, detalló el organismo, “la debilidad del estado de derecho es un limitante importante para la inversión”.
“Más allá de la narrativa gubernamental, la verdad es que la ausencia de estado de derecho se ha agudizado severamente en los últimos años y es muy probable que sea un disuasivo para la inversión productiva”, alertó el organismo.
En su análisis económico semanal, el CEESP recordó que en el reciente reporte del World Justice Project, en el Indicador sobre Estado de Derecho 2021 México se ubicó en el lugar 113 de un universo de 139 países, “lo que significó la pérdida de 9 lugares respecto al año pasado”.
“Este retroceso en el índice de estado de derecho refleja en buena medida el aumento considerable en su componente de corrupción, en el que México se ubicó en la posición 135, después de perder 14 posiciones”, explicó.
Esto “contrasta con el discurso oficial que insiste en los avances en el combate a la corrupción y confirma que dicho combate no contiene ninguna estrategia para atacar sus raíces estructurales e históricas. Más aún, en esta administración se han presentado casos que indican la probable, casi evidente, presencia de corrupción por parte de servidores públicos en altos cargos, que no han sido investigados a fondo”.
Según el CEESP, “la legalidad es otro factor severamente erosionado y con poca respuesta para corregir su deterioro. Tanto en materia de Justicia Civil, que refleja la eficiencia de la aplicación de la Ley, como en Justicia Penal, que muestra la efectividad del combate al delito, la percepción en el reporte del World Justice Project continuó deteriorándose significativamente. México ocupó los lugares 131 y 129 en el ranking mundial, respectivamente, tras perder 10 y 15 lugares en el mismo orden”.
“Un entorno sin reglas del juego claras, con elevados niveles de inseguridad y corrupción, así como con muchos indicios de tolerancia por parte del gobierno es dañino para la sociedad. Además, ahuyenta inversiones, tanto locales como extranjeras”, alertó el CEESP.
Por Raúl Castro-Lebrija
