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Expertos afirman que los fideicomisos que se operan desde el gobierno federal deben apremiar en transparencia, pues solo en 2020 “se les transfirieron” 167 mil 700 millones de pesos (mdp), un monto que supera los presupuestos anuales de varias secretarías de Estado, sin el debido rigor de rendición de cuentas.
Además, representa una especie de doble discurso frente a la política de desaparecer 109 de ellos también durante el año pasado “supuestamente para combatir la discrecionalidad y la corrupción en su uso”. Lo cierto es que la disolución de estos vehículos se llevó a cabo sin una evaluación del impacto que iban a causar en proyectos y programas que serían beneficiados a través de ellos.
Los 167 mil 700 mdp registran un incremento sustancial después que en los dos años anteriores a 2020 las transferencias se redujeron.
“El destino de los recursos debería ser rastreable para identificar si persigue el objetivo para el que fue creado y si es socioeconómicamente útil.
“Como ciudadanos (y contribuyentes) tenemos derecho a saber hacia dónde se orientan y en qué se gastan todos los recursos públicos, más aún cuando se encauzan por vías excepcionales”, señaló Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto y rendición de cuentas de la organización México Evalúa.
Los apoyos del gobierno federal hacia Petróleos Mexicanos (Pemex) durante 2020, por ejemplo, le significaron un balance financiero negativo de 110,875 millones de pesos (mdp), una cifra menor a las transferencias a estos instrumentos.
México Evalúa, un think tank especializado en el escrutinio de las finanzas del Sector Público, indica que, como mandata la Ley de Austeridad, los fideicomisos que se operan desde la Administración Pública Federal deben estar sujetos a una evaluación de su desempeño; la publicación de sus estados financieros y la igualación de su nivel de transparencia con la del Presupuesto Federal.
Además, como toda información pública gubernamental, los fideicomisos están sujetos al principio de máxima publicidad establecido en la Constitución mexicana.
Pese a que en los últimos años el marco normativo de estos instrumentos se ha venido fortaleciendo, como lo demuestran la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 o la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en 2019, la situación de opacidad no cambia.
En estos años, organizaciones de la Sociedad Civil han detectado que no todos los fideicomisos operados desde el gobierno cumplen al 100% las obligaciones de transparencia, ni tampoco se ha incorporado la obligación de cumplir la Ley de Austeridad, asegura México Evalúa.
Bajo este entorno, la organización señala que a través de la plataforma #YomeSumo urge a crear una Política Pública integral, con medidas de gobernanza y rendición de cuentas, así como publicar un registro público de fideicomisos.
Las medidas, 6 en total, tienen que ver también con consolidar la información de los fideicomisos con la del Presupuesto Federal, para mejorar la trazabilidad de los recursos y elaborar lineamientos tanto para crear como para liquidar los fideicomisos que sean financiados con recursos públicos.
