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Es una tarea de tiempo completo, y es una salvaguarda para todos.
Por Luis Hernández Martínez*
La transparencia y la rendición de cuentas son piezas claves de las democracias pro persona y de las organizaciones respetuosas de los derechos humanos. Si un servidor público actúa oculto, bajo el manto de la discrecionalidad, las probabilidades de que sus acciones beneficien solo a un grupo (indebida o cuestionadamente) son muy altas (adjudicaciones directas versus licitaciones, por ejemplo).
Igual ocurre con las decisiones de un director general. Si un miembro de la alta dirección opera bajo el supuesto ideológico de que, ocasionalmente, debe dar cuentas de su actuar, y solo a cierto perfil de personas, entonces la posibilidad de que la corrupción filtre a la organización pasa de 1 a 100%.
De ahí que resulte de gran importancia para los ciudadanos o integrantes de cualquier organización –con o sin fines de lucro– contar con herramientas y mecanismos de acceso a la información claros, sencillos, imparciales y autónomos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es una muestra de lo anterior. Los beneficios tangibles e intangibles de conservarlo son mayores que sus áreas de oportunidad.
Además, ejemplos internacionales y nacionales sobre por qué tenemos el derecho, como integrantes de una sociedad civilizada, a que las personas que aceptaron la responsabilidad temporal de administrar el patrimonio de una nación o compañía rindan cuentas de manera transparente son varios y muy aleccionadores.
En todos lados cuecen habas
Ahí tenemos el escándalo Watergate, en Estados Unidos, que como parte de su desenlace llevó al presidente Nixon a dimitir. O el de las empresas Enron y Odebrecht como muestra de lo indebido en el universo empresarial. El caso de la llamada “Estafa Maestra” en México tampoco podemos ignorarlo.
En fin. Acceder de manera libre y oportuna a información verdadera sobre quién, cómo, cuándo, dónde y por qué los recursos de una nación –no de los servidores públicos– o de una empresa –no del director general por más accionista mayoritario que pudiera ser– tienen un determinado destino, es la pieza de resistencia para construir un futuro de bienestar social, libre de corrupción (que por cierto también es un derecho), para todos y cada uno de nosotros.
El llamado en esta ocasión es para todos los mexicanos, sin distingo de ideologías o credos. Como sociedad tenemos el derecho de exigirle a los servidores públicos para que su actuar promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Y también es obligación de todos los que conformamos el Estado mexicano trabajar para que las autoridades prevengan, investiguen, sancionen y reparen los derechos humanos conforme a los términos que establezcan nuestras leyes. Vigilar nuestras libertades es una tarea de tiempo completo, y es una salvaguarda para todos. No hacerlo tendrá consecuencias nada gratas.
*El autor es abogado, administrador, periodista y educador. Es perfeccionador y experto en compliance en Alta Dirección de Empresas y docente a nivel posgrado en materias de innovación, negocios y derecho.
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