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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que no apruebe la reforma a la Ley de Hidrocarburos presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes 26 de marzo.
Lo anterior, debido a que este ordenamiento “representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México”.
Entre las críticas a la iniciativa, el IMCO señaló que “se pretende dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para otorgar y revocar permisos para que las empresas del sector privado participen en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos”.
“En caso de aprobarse, esta iniciativa representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho”, alertó el organismo.
En opinión del IMCO, ña iniciativa amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CRE para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo y establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos (como gasolineras) cuando éstas consideren que sus actividades representan un ‘peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía’”.
Y, finalmente, alerta que “la iniciativa conlleva repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas. Además, la reforma impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras”.
Por Raúl Castro-Lebrija
