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La reforma a la Ley de Hidrocarburos presentada por el presidente permite la expropiación de activos privados y viola el T-MEC, advierten expertos y analistas. 
La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, presentada por el presidente Andrés Manuell López Obrador el pasado día 26 de ,arzo, tiene como propósito evitar el contrabando de combustibles.
En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador declaró que durante la administración de Enrique Peña Nieto se otorgaron más 1,000 permisos para la importación de gasolinas al país “para un volumen tres veces mayor a lo que consumimos de combustibles”.
“Hubo personas que recibieron hasta diez concesiones para importar gasolinas y nunca las utilizaron. Ahora están devolviendo las concesiones porque no quieren pagar los impuestos”, añadió
De esos más de 1,000 permisos, López Obrador estimó que quedan solamente 75 vigentes. “No cumplieron nunca. Tampoco construyeron instalaciones, puertos, tanques de almacenamiento, ductos. ¿Quién siguió abasteciendo de gasolinas? Pemex, hasta las mismas empresas extranjeras que tienen gasolineras le compran a Pemex y muchos de esos contratos que se cancelaron se siguen usando de manera irregular y están metiendo combustible de contrabando. Pos eso enviamos esta iniciativa, para poner orden”.
López Obrador advirtió que se respetarán los 75 contratos vigentes, pero ya no se otorgarán nuevas autorizaciones a fin de proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas.
Sin embargo, desde el primer momento la iniciativa presentada por López Obrador ha recibido críticas por parte de analistas y expertos, pues permitiría expropiaciones directas, en abierta violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De entrada, la iniciativa obliga a las empresas que participen en el sector de los hidrocarburos a contar con instalaciones propias de almacenamiento —no las podrán rentar, por ejemplo— lo que incrementará sus costos de operación.
Además, tanto la Secretaría de Energía (Sener) como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), podrán suspender los permisos a empresas de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación y exportación de hidrocarburos si, a su juicio, existe un peligro para la seguridad nacional, energética o para la economía, conceptos que no quedan debidamente explicados.
Pemex, en tanto podrá hacerse cargo de la administración y la operación de las instalaciones de aquellas empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos empleando, incluso, a su propio personal.
Es decir, se abre la puerta a la expropiación directa de los activos, los bienes y las instalaciones de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, en abierta violación al T-MEC.
En opinión del analista y consultor Ramsés Pech, todo lo anterior “violenta el tratado de libre comercio, pues se supone que los permisos son otorgados a empresas que tienen la experiencia y cumplieron con todos los requerimientos para poder operar”.
“Los cambios —continúa— son muy ambiguos y dejan a la nación inmersa en problemas legales ante instancias internacionales, ante posibles juicios, además de crear una incertidumbre mayor en el mercado de comercialización de petrolíferos”.
Además, queda la duda si Pemex contará con recursos para competir “o si la Ley de Hidrocarburos es simplemente un ordenamiento para, en un futuro, poder tomar los activos de un privado. Esto solo crea incertidumbre y un paro de inversiones”.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierte que “esta iniciativa se presenta en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración, en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”.
Por Raúl Castro-Lebrija
